El Juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (ODE) contra los procesados, después de que la autoridad judicial de ejecución belga rechazase hace unas semanas la entrega de Lluis Puig.
El magistrado del Tribunal Supremo, que ya había planteado esta posibilidad a las partes recibiendo el apoyo de la Fiscalía, busca que el TJUE determine las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED).
Llarena pretende que el TJUE arroje luz sobre la Decisión Marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, «pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa».
«Llarena esperará a que la Eurocámara se lo comunique oficialmente para solicitar a la Justicia belga que reactive la euroorden contra Puigdemont».
Hoy mismo el Pleno ha dado luz verde al suplicatorio cursado por el TS para retirar dicho blindaje al ex president y fuentes jurídicas consultas por Europa Press han revelado que Llarena esperará a que la Eurocámara se lo comunique oficialmente para solicitar a la Justicia belga que reactive la euroorden contra Puigdemont.
«Principio de desconfianza»
Para Llarena, está claro que no hay norma comunitaria ni interpretación judicial que permitan a los jueces belgas cuestionar la competencia del Supremo para procesar a Puig, advirtiendo además de que afirmar lo contrario tendría una consecuencia «perniciosa» para el sistema de Derecho de la UE.
Este sistema comunitario, ha recordado, se basa en el «principio de confianza» de cada Estado miembro en la justicia de los demás, lo cual deriva en el reconocimiento mutuo de sus respectivas resoluciones. Si eso se pervierte, ha alertado, «se transmuta en un principio de desconfianza».
«Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente, en la confianza y cooperación recíproca», Pablo Llarena
Un «Profundo desconocimiento»
Llarena ha hecho hincapié en que los jueces belgas se han aventurado a interpretar el derecho español demostrando un «profundo desconocimiento» del mismo. Prueba de ello, sostiene, es la conclusión de que los acusados por el ‘Procés‘ deberían ser juzgados por un ‘tribunal catalán‘, y no por el Supremo.
«A modo de anécdota, ha mencionado errores en el lenguaje usado por el Tribunal de Apelaciones de Bruselas al hablar del ‘Tribunal Supremo de Cataluña’ y ‘Tribunal Supremo de Madrid’, en lugar de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y TS.«
Además, ha reprochado a la Justicia Belga que haya obviado «el intenso debate que se ha planteado en el litigio nacional sobre la competencia del Tribunal Supremo«.
En todo caso, ha estimado que, si tenían dudas, «las autoridades de ejecución debieron haber solicitado la información complementaria necesaria» para que «el Estado de emisión hubiera podido defender su propia competencia y aportar los criterios de decisión necesarios a la luz de su normativa interna«.