La Brimo, si no existiera, habría que inventarla. De lo que se ha visto esta semana, cualquier ser racional deduciría la necesidad de prevenir mejor y de combatir más decididamente los disturbios callejeros —unos disturbios que desencadenan unos comandos organizados cada vez con más profesionalidad, a partir de cualquier pretexto, que esto es lo de menos—; pero, en el mundo al revés donde viven las diferentes facciones independentistas se está imponiendo la idea de suprimir las unidades antidisturbios.
El consejero de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), publica en El Punt-Avui un artículo —Drets i llibertats: exercim-los bé— en el que aporta su muy particular manera de apaciguar los ánimos: «Como letrado, tengo clarísimo que la sentencia de la Audiencia Nacional es injusta… Sentencia injusta dictada por un tribunal de Madrid que provoca un rechazo masivo en todo el país y en todo el Estado, que se expresa en la calle… Qué clase de justicia es la que condena a pena de cárcel a un cantante, gusten o no sus letras… El rechazo a la sentencia es legítimo (diría que necesario)…»
Pero, a pesar de dejar claro su apoyo a los Mossos d’Esquadra, sólo faltaría —«es la policía de todos y hace muy buen trabajo»—, insiste, en estos delicados momentos y desde un gobierno que está en funciones, en «el debate sobre el modelo de orden público, un debate que por fuerza debe ser pausado y meditado» Y es en el «nuevo Parlamento aún no constituido a quien corresponderá hacer este debate que yo animo a hacer».
En Vilaweb recogen sus palabras de una entrevista en Rac1: «Cuando digo que se debe afrontar una reforma lo digo porque se debe apartar el cuerpo de Mossos de las negociaciones para una investidura.» Es decir, que la reforma de la policía catalana ya está siendo moneda de cambio en las conversaciones para formar gobierno. Y no va a ser una reforma para fortalecerla sino para neutralizarla.
Ya no es una policía democrática
En cualquier caso, las actuaciones de estos días deberían ser consideradas a la luz de las leyes vigentes y del marco actual de gobierno, no según los deseos de la nueva mayoría, donde parece que gana terreno la intención de reducir los Mossos d’Esquadra a una policía decorativa. JxCat avisa de que los errores de los Mossos no pueden quedar impunes, decía el Periódico ya el jueves 18. ERC evita condenar los disturbios…, informa Abc, y «pide al Departamento de Interior una investigación ágil y dirigente [¿diligente?] para esclarecer si ha habido casos de malas prácticas». La CUP, según La Vanguardia, exige la dimisión de Miquel Sàmper y, nada nuevo bajo el sol, «la paralización de la represión y un giro de 180º en las políticas de seguridad para poder dar continuidad a las conversaciones de cualquier posible acuerdo». Aquella policía democrática, orgullo del país, se ha convertido de golpe en un condenable órgano represor, y sus miembros cargan con una presunción de culpabilidad que los desacredita ante los ciudadanos.
El diputado electo Dani Cornellà (CUP), después de recibir «dos golpes, uno en la pierna y otro en la cabeza», según explica en esta información del Punt-Avui —aunque en un primer momento, en este video del Diari de Girona, habló de «un porrazo en la mano» y que le habían «reventado una oreja»—, «se queja de que casi siempre hay el mismo cuerpo de los Mossos implicado —la Brimo— en “las agresiones violentas, detenciones injustificadas y gratuitas en muchos casos” y afirma que «este modelo no corresponde al de una democracia. Y no podemos permitir que esto continúe así, ni que las instituciones no lo reviertan».
Mossos: el principal obstáculo
Revertir, en el lenguaje izquierdista, es prohibir; pero habiendo crecido con la tonta idea, proveniente del mayo de 1968, de que está prohibido prohibir, tienen que decirlo de otra manera. Prohibir la actuación de la policía, por la ley de los vasos comunicantes, no es otra cosa que permitir las actividades ilegales. La disolución de la Brimo es una vieja reivindicación de la CUP y de la extrema izquierda en general que puede llegar a buen término esta vez. Las consecuencias son fáciles de comprender hasta para un político: dificultar la actuación de la policía significa facilitar aún más la comisión de delitos. De esta manera, actividades que se realizan al amparo de la agitación de masas —con el pretexto de estar ejerciendo el derecho de protesta—, como el asalto a comercios, o el corte de vías de circulación, o el asedio a edificios oficiales, van a resultar más fáciles todavía.
Quim Torra terminó su mandato afirmando que había llegado a la conclusión de que uno de los obstáculos para lograr la independencia es la autonomía: «Los límites de la autonomía que esta legislatura ha puesto al descubierto también son los límites de lo que significa una autonomía como ésta: con interventores, con Mossos, con cualquier colectivo que nos podamos imaginar.» Cualquier funcionario que pretenda mantenerse en los límites de la legalidad, como es su obligación, se convierte en un obstáculo y, aunque se diga con eufemismos, en un enemigo a batir.
Ya en marzo de 2017 el entonces diputado Lluís Llach anunciaba, en un acto público, que se sancionará a los funcionarios que desoigan la ley de desconexión, según reveló El País: «En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios.»
Volviendo a las palabras de Quim Torra en setiembre del año pasado: «Esto [los límites de la autonomía] lo hemos de tener muy presente a la hora de plantearnos este salto colectivo [el de acceder a la independencia] (…) En un momento de desobediencia, debes aceptar que la represión puede venir de los ámbitos de la misma autonomía.» La policía catalana es pues el primer obstáculo a superar; una policía que no se dejará arrastrar fuera de la ley, y que ya tuvo bastante con las tensiones generadas en torno al referéndum de octubre de 2017. Ahora está siendo desacreditada por unos gobernantes insensatos que la dejan, carente de medios materiales y de apoyo político, al albur de unos episodios de vandalismo que han contribuido a crear. Es un alfil puesto en jaque y que están dispuestos a sacrificar para que no les estorbe en el próximo momentum.
