El club de fans de Pablo Hasél

La sociedad catalana ha sido desprogramada para que no pueda percibir el mal cuando aparece en su seno. No el mal en sentido religioso o filosófico —ésta sería otra discusión— sino el mal social: las ideas equivocadas, que sólo pueden engendrar desastres; los desafueros de los gobernantes, cuyo ejemplo cunde entre los gobernados; la impunidad de los maleantes, jaleados por demagogos peligrosos y gacetilleros insensatos.

La paz pública vuelve a estar seriamente amenazada por grupos organizados de saboteadores que han llegado a cargar contra los policías y, en Vic, a asaltar una comisaría. Los medios y los políticos nos quieren hacer creer que se trata de personas respetables que han sufrido un súbito ataque de indignación, motivado por un acto judicial más que previsible. Pero hace falta mucho más que un disgusto para ingresar en un comando de violencia callejera y una cierta preparación para desplegarse como lo han hecho.

Convenientemente bombardeados de propaganda, algunos ciudadanos han llegado a creerse que Pablo Rivadulla, alias Hasel, es un artista; que sus frases barbotadas constituyen una canción; que las amenazas que vehiculan están amparadas por la libertad de expresión; que un discurso de odio contiene un mensaje pacifista, y que la leche de soja tiene algo que ver con la leche.

No hay más que manipulación política ejercida sobre un público intelectualmente indefenso. Los ganadores se benefician recíprocamente: el presunto artista ha alcanzado a través de la política una notoriedad que era impensable en los círculos marginales donde surgió, y mediante su exhibición mediática la extrema izquierda ha divulgado sus consignas con más eficacia que con los tweets de Echenique.

El independentismo, contra Mossos d’Esquadra

Ante los protagonistas de la semana Hásel de destrozos, y tal vez con la esperanza de reclutarlos para su próximo momentum, los partidos independentistas (recordemos: 74 diputados) han coincidido no en pedir más contundencia contra los alborotadores sino en criticar a la policía.

«Un artista es encarcelado por su trabajo como creador», dice Carles Puigdemont en un tweet. Lluís Llach reclama en otro tweet «un cambio absoluto en la composición y protocolos actuales de la Brimo y el Arro. Esto o su disolución. Estas dos formaciones han desprestigiado hasta el límite el buen trabajo del resto».

Quim Torra entretiene su ocio afirmando (tweet) que «en la España del gobierno más progresista de la historia se encarcela a cantantes por denunciar la monarquía mientras el fascismo hace proclamas de odio…» y aprovecha para añadir (tweet) que «el independentismo es la punta de lanza contra el fascismo».

Y la CUP tiene claras sus prioridades: condiciona la negociación con Junts a un cambio de modelo policial

El gobierno actual, contra Mossos d’Esquadra

Incluso el consejero de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), ha pedido la revisión urgente del modelo de orden público en Catalunya, informa El Periódico, y cree que es en el Parlament «donde se ha de debatir el modelo que conviene a Catalunya, y lo ha planteado como asunto a abordar en esta nueva legislatura». Dada la composición del nuevo Parlamento, asistiremos a una competencia por ver quién pone más dificultades al orden público y reduce más el papel de la policía.

Verse desautorizados por sus responsables políticos es el peor mensaje que puede recibir una policía. Los sindicatos de Mossos d’Esquadra avisan: O el Govern reconduce la situación o haremos el cuerpo ingobernable.

El editorial
de La Vanguardia afirma que «atacar a los Mossos desde un partido con aspiraciones de gobierno (…) es un sinsentido. Los Mossos dependen del Govern, y el Govern no puede cuestionarlos como se hace ahora, ni como se hizo en la anterior legislatura».

El próximo gobierno, contra Mossos d’Esquadra

En este contexto los expertos en marear la perdiz aprovechan para echar gasolina en el incendio. Jordi Galves, en El Nacional —Hostias catalanas—, suelta que «una policía secuestrada por la ultraderecha deja de ser policía». Sí, está hablando de «los Mossos que están protagonizando una de las páginas más lamentables de la historia de la represión en Catalunya».

De paso, se pregunta: «¿Por qué desaparecen, mágicamente, y con tanta frecuencia, grandes cantidades de drogas incautadas en las comisarías de nuestra policía?» Y como quien no quiere la cosa desvela el que puede ser el objetivo del próximo gobierno catalán, dejarnos sin policía: «Si al final los de las brigadas especiales de los Mossos acaban pidiendo ayuda a las fuerzas policiales españolas, mejor que se disuelvan indefinidamente y que los Mossos se dediquen a hacer de policía de proximidad y será suficiente.»

El inhabilitado presidente Torra, recuperada su anterior condición de polemista —La gestió de l’ordre públic per a una policia exemplar—, se muestra comprensivo con el vandalismo—«hay causas muy profundas en el sufrimiento de nuestros jóvenes»— y pide «reformular de cabo a rabo el modelo de gestión del orden público de la policía de Cataluña», «una reforma que permita rehacer la confianza que la ciudadanía haya podido perder hacia nuestra policía». ¿Y de la pérdida de confianza en los gobernantes de la Generalitat, cuándo hablamos?

En definitiva, van a intentar aprovechar los episodios de violencia de esta semana para neutralizar a la policía catalana y desmantelar sus unidades de orden público. Y no van a ser los aviesos aplicadores del 155 los que nos dejen sin policía, van a ser los independentistas.

La violencia como esperanza

Vicent Partal aporta sus diez reflexiones para tratar de entender por qué estalla la violencia política con tanta facilidad .

Entiende que hay más violencia en la detención de Hasel, en el marco de un Estado de derecho, que en las barricadas callejeras; que la violencia en la calle es síntoma de problemas políticos no resueltos —aunque otros entendemos que es más bien un desafío nuevo ante el que no cabe la rendición—; que la frustración ante el callejón sin salida en que se encuentra el independentismo «alienta un sector de la población a ser mucho más comprensivo que nunca con la acción directa» —viene a decir que la pacífica gente de las grandes manifestaciones se entusiasmará ante los energúmenos que les queman las calles y los contenedores de basura tan cívicamente seleccionada—; que la policía catalana debería «resistirse, aunque sea simbólicamente, al cumplimiento de unas órdenes que la calle ve ilegales o, cuando menos, inmorales» —«la calle»: ese tribunal supremo—, y que mucha gente que antes hubiera criticado los actos violentos, ahora no lo hace por «considerar que son una respuesta proporcional a una represión desproporcionada y abusiva».

Partal aplaude la violencia porque «equilibra la relación de subordinación de la población al estado, de manera que abre un horizonte de esperanza en la victoria contra ese estado»; cree que se ha extendido la conciencia de que no hay que «ponerse, ni que sea aisladamente o incluso justificadamente, a favor del poder establecido» —vamos, que los hay que no van a protestar ni aunque les quemen la casa—; está convencido que «las imágenes de los enfrentamientos tienen un rédito internacional claro»; supone que «hay gente que vive todo esto que pasa como un entrenamiento», pensando en la vieja fantasía del «control del territorio», y finalmente entiende que «el uso de la violencia siempre implica un riesgo social y político», como el de «alejar los sectores más moderados de la población».

No parece que los disturbios de estos días, que se han producido en toda España, tengan mucho que ver con la secesión de Cataluña, aunque aquí sí haya elementos independentistas —en las redes sociales, las cuentas más o menos oficiales de CDR convocan a manifestarse—; pero, informa la Vanguardia, «las protestas (…) tienen, para la Policía, un nexo: los participantes son “cada vez más jóvenes” y su máxima es “salir a destrozar la ciudad”».

No importa, para el independentismo insurgente, de la violencia, como del cerdo, todo se aprovecha.