Uno de las razones que más ha contribuido a la fractura social en Cataluña tras el procés ha sido la omnipresencia de lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos separatistas presos en los espacios públicos. Con tal de evitar dichos símbolos en los edificios públicos durante la campaña electoral, la asociación Impulso Ciudadano, dentro de la campaña #EleccionesSinTrampas, ha presentado un total de 263 denuncias ante las Juntas Electorales de zona. Las demandas se han repartido de la siguiente manera: 102 denuncias en la provincia de Barcelona; 67 en la de Gerona, 62 en la de Lérida y 32 en la de Tarragona.
La práctica totalidad de las denuncias corresponden a la presencia de estos símbolos, banderas y emblemas en las fachadas de los ayuntamientos, pero también se han detectado estos elementos en bibliotecas públicas, oficinas de atención ciudadana y de recaudación de impuestos y escuelas. También se ha denunciado la colocación de banderas esteladas en las entradas de las poblaciones y en edificios catalogados como castillos municipales, muros o monumentos históricos; también en árboles, parques infantiles y demás mobiliario urbano.
Los edificios dependientes de la Generalitat evitan correr riesgos
Llama la atención que no se ha observado la presencia de estos símbolos en edificios dependientes de la Generalitat. En ello ha influido, sin duda, los antecedentes de otras campañas electorales en los que la resistencia a la retirada de estos símbolos ha originado la condena de autoridades públicas por desobediencia. Recordemos, si no, los casos del Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra y de la alcaldesa de Berga. Por otra parte, las Juntas Electorales han comunicado a Impulso Ciudadano la orden de retirada de 190 símbolos o emblemas en distintos puntos de Cataluña.
Ante esta situación, la entidad ha lamentado que «todavía muchas autoridades en Cataluña adolezcan de falta de cultura democrática en los procesos electorales y consideren que las corporaciones públicas se pueden poner al servicio de las ideologías», lo que hace que los catalanes «no disfrutemos de procesos electorales limpios y respetuosos con los estándares» internacionales.
