Ferran Sáez, en el Ara, apunta una cuestión en la que nadie parece querer entrar: el razonable cuestionamiento del resultado de las próximas elecciones, dadas las anómalas circunstancias en que tendrán lugar: está la fecha del 14 de febrero, que los responsables políticos querían trasladar al 30 de mayo pero que la autoridad judicial ha mantenido; el comprensible desinterés de la ciudadanía por acudir a votar en medio de restricciones y teniendo que ajustar su agenda a las franjas horarias que el gobierno de la Generalitat recomienda, a falta de poder imponerlas, y la gran cantidad de personas convocadas a presidir mesas electorales que han alegado motivos para no hacerlo —una cantidad que Vilaweb cifra en 27.770, el 34% de los convocados, a fecha 10 de febrero, y aún hay tiempo ara seguir alegando—. Si una tercera parte de los miembros de las mesas tiene motivos para no participar activa y remuneradamente en la llamada fiesta de la democracia, o escaso interés en hacerlo, es fácil suponer que la abstención superará todo lo visto anteriormente.
Según Crónica Global, «la media de las encuestas que se han publicado hasta ahora (…) prevé una participación por debajo del 55%». Nada sorprendente, pues en Galicia y en el País Vasco, en las autonómicas del pasado julio, la participación fue del 59% y del 53% respectivamente. Sea cual sea la lista que quede en primera posición y sea cual sea el bloque que obtenga más apoyo —el bloque a favor de la independencia va a contar hasta el último voto, incluídos los extraparlamentarios (Els altres independentistes…), en el intento de afirmar que ha superado el 50%—, serán victorias que quedarán relativizadas por la insuficiente participación. Serán legales, pero no estarán legítimadas para excesivas aventuras, como lo de reactivar la declaración unilateral de independencia si se supera la mitad de los votos, como anuncia JxCat.
Que las fuerzas independentistas lleguen al final de esta campaña electoral sólo con un acuerdo negativo —no pactar con el PSC— y ninguno positivo —como el de volver a declarar la independencia en 18 meses: al fin y al cabo, su electorado es bastante inmune a las promesas incumplidas— dice mucho de lo que puede dar de sí un nuevo gobierno «comprometido con la independencia», como les gusta proclamar.
La estrategia de Sherezade
Hablando de recientes ocurrencias del vicepresidente Pablo Iglesias, orientadas a «seguir apareciendo como un activista sentado en la butaca del Consejo de Ministros», Màrius Carol menciona al ensayista francés Christian Salmon, para quien «gobernar consiste cada vez más en mantener el suspense y aplicar la denominada estrategia de Sherezade, que consiste en contar historias para salvar la cara».
Habrá que ver si Salmon ha incluido el proceso catalán en sus análisis, pero sus conclusiones se pueden aplicar como anillo al dedo a nuestra situación. Por ejemplo, lo que dice en un artículo de 2011—: «La credibilidad de un candidato depende de su capacidad para contar buenas historias en el momento adecuado. Se basa exclusivamente en la credulidad de los votantes. La pericia o la experiencia ya no son suficientes. Votar es comprar una historia.» Los lumbreras del proceso han sabido contar, en un momeno difícil, una historia apasionante, con escaso rigor pero mucho sentimiento, y a fe que ha sido un éxito de ventas durante todos estos años.
Como es bien sabido, Sherezade, el personaje narrador de historias durante mil y una noches, tiene un truco para mantener a su rey despierto y no perder, literalmente, la cabeza: avivar el interés por la historia siguiente. Para que los militantes y simpatizantes permanezcan atentos a la pantalla, hay que darles momentos cumbre: una nueva declaración de independencia, o reactivar la anterior, o aplicar el llamado mandato del primero de octubre, o esperar victorias jurídicas en tribunales europeos, o celebrar cualquier contratiempo diplomático, económico o sanitario de España.
Así, esperando nuevos giros del guion, buena parte del electorado va a volver a votar a los mismos partidos para que vuelvan a hacer lo que ya hicieron y vuelvan a no hacer lo que no hicieron, porque a estas alturas de la vida no van a cambiar, ni se van a convertir en grandes estadistas, ni van a administrar mejor un presupuesto: recaudar más impuestos y administrarlos peor es lo único que con ellos vamos a obtener. Sherezade contaba historias maravillosas; el proceso es un interminable culebrón de argumento manido, malos actores ya muy vistos, y desenlaces previsibles.
¿Quién será el primero en deslegitimar los resultados?
Un desenlace previsible, volviendo al artículo del principio, es que con una abstención de aproximadamente la mitad de los electores habrá quien, desde un bando o de otro, rechace el resultado. Ferran Sàez cree que hay que decirlo ahora (o callar después). O callar para siempre, podríamos añadir.
«Si una determinada formación política, o un líder en concreto, considera que, dadas las circunstancias, los resultados de estas elecciones llevarán a la constitución de un gobierno ilegítimo o, cuando menos, dudoso, lo tendría que decir ahora (…) Lo que resultaría impresentable es que los que ahora están haciendo una campaña más o menos convencional denunciaran a posteriori un supuesto gobierno ilegítimo o dudoso. Ellos mismos lo habrán legitimado por el simple hecho de haber participado en las elecciones. Estoy convencido de que esta tentación puede resultar irresistible para los que saquen unos resultados peores de los que esperaban.»
Si no ocurre un milagro en cuanto a la participación, todo el mundo va a tener resultados peores de los que esperaba, pero es matemáticamente seguro que los de un bloque serán peores que los del otro bloque.
