El exconcejal de CiU en Barcelona, Antoni Vives, ha aceptado dos años de cárcel y de inhabilitación por haber simulado contratar a un exalcalde de Unió, que se embolsó 155.067 euros sin desempeñar ninguna tarea, aunque no entrará en prisión al conmutar la pena por 6 meses de trabajos a la comunidad.
Vives, también investigado en el caso 3%, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que ha ratificado en el juicio que se ha celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, donde también estaban acusados el exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Müller y el exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo.
El ministerio público solicitaba inicialmente cinco años de prisión para Vives, que fue presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias, así como para los otros dos acusados, por un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, por los que finalmente han aceptado dos años de cárcel y de inhabilitación.
Multa de 5.400 euros
Según fuentes jurídicas, los seis meses de trabajos a la comunidad que conmutan la pena de dos años de cárcel se transformarán en un curso de ética pública, que deberán seguir los acusados.
En virtud de este acuerdo con la Fiscalía, Vives también acepta una multa de 5.400 euros, al igual que Arévalo, mientras que en el caso de Müller se sitúa en 3.600 euros. Además, los tres acusados deberán devolver conjuntamente a Barcelona Regional los 155.067 euros distraídos.
Los hechos se remontan a 2011, cuando Arévalo, funcionario de carrera, solicitó a su partido -militaba en Unió cuando aún seguía vigente la coalición CiU con Convergència- que la administración lo contratara para «completar su remuneración anual» tras ser elegido alcalde de Cervelló, ya que en su anterior empleo como arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) su salario era superior a los 47.275 euros que percibía al frente del consistorio.
A raíz de esta petición, Vives, que había sido nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias, se puso de acuerdo con Müller para contratar «ficticiamente» a Arévalo en la empresa pública Barcelona Regional entre los años 2012 y 2015.
Jesús Arévalo
Según consta en el escrito de Fiscalía, que han corroborado todos los acusados, «de común acuerdo con su amigo» Müller, Vives decidió contratar a Arévalo, con «consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos».
El alcalde fue contratado desde el 9 de enero de 2012 hasta fin de obra para realizar funciones de «asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes», con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.
Sin embargo, Arévalo «ni participó en el proyecto indicado en su contrato laboral -que fue desarrollado por otros técnicos de la compañía- ni en ningún otro ejecutado por la entidad», en cuya sede no tenía despacho propio ni tampoco consta que acudiera siquiera a la oficina.
«Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo«, sostiene el ministerio público, que impulsó la querella que dio pie a la investigación.
Barcelona Regional
Arévalo figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo de 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, período en el que llegó a embolsarse sin haber llevado a cabo ninguna labor 155.067 euros, cantidad que la Audiencia ha ordenado a los condenados devolver a la empresa municipal en concepto de indemnización conjunta y solidaria.
Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, «Leslie», cantante de Los Sírex y militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal.
Sin embargo, el ministerio público decidió no acusar a Miquel tras revisar la documentación aportada por su defensa y el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación particular en la causa, acabó retirando su petición de pena.
La Fiscalía también terminó archivando la investigación sobre la gestión de Barcelona Regional, mientras que el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda presentada por el consistorio barcelonés para que indagara al respecto.