Si en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña se puede hablar de una victoria del bloque independentista —en votos, en escaños o, preferiblemente, en ambos aspectos—, no hay duda que todas las facciones van a hacer suya esa victoria, y se abstendrán, al menos en un primer momento, de hacer distingos que pongan en duda la victoria conjunta. Pero mientras tanto la campaña se va a centrar en la disputa sobre quién es realmente independentista, cuáles son las actuaciones políticas que nos llevan a la independencia y cuáles nos llevan en dirección contraria.
Vicent Partal ha tenido a bien resumir sus ideas sobre lo que tiene que hacer a partir de ahora el independentismo —el «movimiento democrático catalán»— si quiere ganar. Una proposta a l’independentisme, sobre les condicions per a guanyar, según él, es «un pequeño ensayo»; pero no contiene nada que no esté ya más o menos formulado en sus últimos artículos.
Las premisas
Para evitar desviaciones en el movimiento y conjurar la tentación «reformista» —es decir, todo lo que sea negociar con el enemigo, o moderar la ofensiva con la intención de «ampliar la base», como pretende ERC—, hay tres premisas que todo independentista debe interiorizar: la unilateralidad —«nosaltres decidim», y nadie más—, la autoafirmación —se trata de tener claro qué elementos permiten afirmarnos como nación, sobre todo la lengua: «el catalán hace Cataluña»— y «la comprensión del otro como un todo indivisible, ya que lo que hay es el enfrentamiento de Cataluña contra España y nada más. Esto último tiene un corolario: no negociar nada con los partidos no independentistas, ni pactos de gobierno ni presupuestos.
Reconoce que le sirve de inspiración el «discurso anticolonialista» según el cual «existe el deber de ser irrespetuosos con la opresión» y de «practicar la autodefensa». Puro pensamiento Frantz Fanon, de quien Partal citó hace poco una frase nada ambigua: «La violencia desintoxica al individuo». Estamos avisados.
Lecciones del proceso
Seguidamente, resume el proceso en tres fases: a) Del 2010 al 2014, «una fase de propaganda y asentamiento teórico del proyecto». No estará tan asentado si aún estamos discutiendo quiénes somos y adónde vamos. b) Del 2014 al 2017, «la fase parlamentaria y popular de la consulta y la traducción institucional correspondiente». Hubo dos consultas, una el 2014 y otra el 2017, en realidad dos desafíos al Estado de derecho; más grave el segundo, cuyas consecuencias aún padecemos. c) Del 2017 al 2021, «la fase de la lucha contra la violencia española, el debate sobre qué camino seguir y la demolición, por las grandes contradicciones que implica la represión, de la arquitectura institucional del estado español y su credibilidad exterior». Es la vieja táctica de acción – reacción – acción usada por todos los movimientos armados, con el ingrediente añadido de que, al menos por ahora, se cuenta con que la reacción del Estado sea neutralizada por la comunidad internacional.
Partal cree que en estos años hemos aprendido tres lecciones. La primera es que sabemos cómo se gana —aunque pueda parecer extraño a observadores imparciales, lo que sucedió en octubre de 2017 cuenta como una victoria—. La segunda es que también «ellos saben cómo frenarnos», es decir con «la represión» y el «divide y vencerás»; pero esto último «se agotará porque los resultados son y serán nulos», es decir «la bifurcación del 2017 [que] hizo que los reformistas, ERC y PDECat principalmente, optaran por aplazar la independencia y priorizar los pactos en Madrid» acabará en nada. Y la tercera, finalmente, «la pérdida total de poder y de sentido político de la Generalitat», o como dijo el presidente Torra después de ser inhabilitado, la autonomía es un obstáculo a la independencia.
Planes para el futuro
No deja de ser contradictorio seguir presentándose a las elecciones para gobernar la institución autonómica y sostener al mismo tiempo que dicha institución es un obstáculo; pero el electorado independentista se ha demostrado capaz de asumir contradicciones de ese calado.
Sin duda, el único y gran obstáculo es el estado de derecho del que la Generalitat forma parte, y que no permite a sus dirigentes actuar arbitrariamente. Viendo en el horizonte la posibilidad de ser desbancados del gobierno autonómico, Partal establece tres ámbitos de actuación desde los que mantener el desafío al Estado y, por supuesto, complicar la existencia a los catalanes todos.
El primero es «la institucionalización de la república proclamada», es decir «la continuación de la destrucción institucional del estado» —¿alguien ha visto eso?— y «lo que el Consell per la República llama disputa del poder, no únicamente digital o cultural, sino también físico, en las calles». Es el enésimo llamamiento a cometer disturbios y cortes de circulación, aunque afortunadamente, en un infrecuente rasgo de continencia, lo deja para más adelante: «Es una disputa que se deberá realizar en la calle cuando la pandemia pase.»
En esta operación de descrédito de las instituciones catalanas realmente existentes y creación de entidades paralelas que vendrían a sustituirlas, tiene el principal protagonismo el Consell per la República —creado y presidido por el «presidente en el exilio» Carles Puigdemont—, «el principal instrumento que tenemos para la liberación del país»; pero Partal no puede por menos que lamentar que «la gente parece que no lo entiende» puesto que no se apuntan a él en masa. Ciertamente, el 31 de enero del año pasado tenía 85.407 afiliados o adheridos, en realidad donantes porque para serlo hay que hacer una aportación mínima de 10 euros —cantidad destinada a convertirse en cuota anual— y este domingo 24 son 92.147. A este ritmo será difícil que llegue a reunir a dos millones de catalanes, como sueña Partal, para construir «un contrapoder nacional, una autoridad nacional, reconocida en la vida diaria por una parte muy sustancial de la sociedad».
Liberar territorios
El segundo elemento de la ofensiva consiste en reemprender «el ciclo de movilizaciones fuertes y poderosas que se hicieron de octubre de 2019 a febrero de 2020». Seguidamente, un párrafo de los que hacen historia:
«Hay que estudiar también como liberar parcialmente territorios, “distritos”, que decía el Vietcong. Si la república se hubiera implantado de hecho en el distrito de Gerona en octubre de 2017, hoy no estaríamos donde estamos (…) Urquinaona es en este sentido una experiencia única porque demostró en la práctica que España podía perder el control del territorio. Y esto es de un gran impacto.»
No concreta cuáles serían los límites de esa Gerona, distrito liberado. Podría referirse a la provincia, a la diócesis, al término municipal, a la comarca, a la veguería, al partido judicial; probablemente no al condado. Aunque si el modelo es Urquinaona —una plaza de Barcelona de 18.050 m2; para los que no la conozcan: la mitad de la plaza de España, de Madrid—, donde hubo unos enfrentamientos con la policía que duraron unas siete horas, el 18 de octubre de 2019, bastaría con el casco antiguo. Tal vez por eso es ahí donde el inhabilitado presidente Torra ha instalado su oficina.
Y finalmente, el tercer elemento es la esperanza puesta en los tribunales europeos, «porque la represión sobre los presos políticos y la acción del exilio han puesto en la picota la credibilidad democrática de España». Lo que le lleva a proponer una fecha para la próxima algarada: «Cuando la justicia europea obligue España a anular el juicio, su reputación y su capacidad de control de la situación caerán en su punto más bajo. La cuestión es saber si ese día nosotros estaremos preparados para dar el paso decisivo.» Nada original por otra parte, ya que la sentencia del juicio a los líderes del proceso independentista, dada a conocer el 14 de octubre de 2019 significó el disparo de salida para una semana de disturbios.
