El Govern ha lanzado un órdago al TSJC: no piensa dictar otro decreto para un aplazamiento técnico de las elecciones y, por tanto, plantea una disyuntiva entre la desconvocatoria hasta que les parezca o el 14 de febrero. Su estrategia es cargar las tintas sobre los riesgos para la salud y la previsible alta abstención para desgastar a Illa e ir preparando la deslegitimación de los resultados electorales si no les son favorables.
Este posicionamiento del Govern es una decisión política que no sé basa en la todavía pendiente resolución del TSJC. Los irresolubles problemas legales que comporta el decreto de desconvocatoria de las elecciones aprobado por el Govern no impiden una solución, a la que el auto del TSJC abre la puerta, basada en un mero aplazamiento técnico, por tanto, sin desconvocatoria y nueva convocatoria, argumentado en base a criterios sanitarios y de fomento de la participación. En este sentido la propuesta del PSC de celebrar las elecciones el 7 o 14 de marzo, aunque no exenta de dificultades, era mucho más viable jurídicamente y contaba con el apoyo de médicos relevantes. Y todavía es posible, aunque evidentemente cada día que pasa es más improbable.
Conscientes, dada su actitud de no querer acordar un aplazamiento técnico, que salvo un confinamiento domiciliario, por el que presionan constantemente, pero que depende del Gobierno español, las elecciones se celebrarán el 14 de febrero, la estrategia es clara: deslegitimar las elecciones en base a la participación.
«Los irresolubles problemas legales que comporta el decreto de desconvocatoria de las elecciones aprobado por el Govern no impiden una solución.»
Sobre esta cuestión conviene aclarar algunas cosas. La primera es que casi en la mitad de las elecciones catalanas la participación ha bajado del 60%, por ejemplo el 54% en 1992, y nadie puso en cuestión los gobiernos que se formaron por esta circunstancia. La segunda es que las previsiones de baja participación tienen más que ver con razones de hartazgo con la política que con razones estrictamente de temor a enfermar por ir a votar, y menos por hacerlo por correo.
Según el CIS un 79% de los encuestados afirmaron que irían a votar el 14F. pero ya sabemos que estas cifras no son reales. Muchos ciudadanos dicen que van a ir a votar, o dicen haber votado, cuando en realidad no lo hacen. Según el decalaje habitual entre lo que se dice y lo que se hace la participación rondaría el 60%. Pero en este caso hay una elemento a tener muy en cuenta: un 40% de los encuestados no ha decidido su voto cuando lo normal, a estas alturas de la campaña, es entorno al 20%. Esta cifras anticipan que muchos electores, ante las dudas producto del desencanto de la ciudadanía con los partidos de uno u otro signo, optarán a última hora por la abstención siendo las razones sanitarias un refuerzo de su abstención pero no la causa principal.
No es por tanto difícil prever que la participación no alcanzará el 60%, algo por otra parte bastante habitual, como hemos visto, en las elecciones catalanas. Pero ello no justifica la campaña de deslegitimación puesta en marcha por los partidos del Govern que tratan de prepararse para un posible resultado adverso que no permita reeditar un ejecutivo independentista.
