ERC y JxCat se han puesto finalmente de acuerdo en algo: hay una operación de Estado para obligar a los catalanes a votar el 14 de febrero. Y «se les ve el plumero», según Marta Rovira.
El Nacional recoge, el viernes 22, unas frases de la secretaria general de ERC «en el exilio» —aunque no menciona dónde y cómo las han obtenido— destinadas a poner en duda la limpieza de las próximas elecciones autonómicas: «Hay una operación de Estado totalmente electoralista, similar a la que se produjo en las elecciones del 21-D [21 de diciembre de 2017] cuando el unionismo se volcó en apoyar a Ciudadanos, y ahora es al ministro Illa.»
Aunque en su opinión «el efecto Illa no existe, es propaganda política», afirma que los socialistas «nos dicen que las elecciones tienen que ser el 14-F porque les va mejor». Conviene recordar que la fecha del 14 de febrero es la que corresponde: 54 días después de la disolución del Parlamento y consiguiente convocatoria de eleccciones que se produjo el 22 de diciembre de 2020. O sea que a quien primero le vino mejor fue a las dos fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat.
Y también conviene recordar una vez más que la disolución de Parlamento se produjo porque así lo habían acordado. La alternativa de elegir un nuevo presidente, después de la inhabilitación de Quim Torra, para llegar hasta el fin de la legislatura, en diciembre de 2017, fue descartada porque les iba peor.
El 15 de enero el gobierno de la Generalitat suspendió la convocatoria y seguidamente el TSJC suspendió cautelarmente el decreto de suspensión, con lo que sigue vigente la convocatoria del 14 de febrero. Vienen días confusos, y podemos llegar a estar oficialmente en campaña para unas elecciones sin saber si van celebrarse.
Forzar una victoria del PSC
Pere Martí Colom, director de comunicación de JxCat, tiene desde el jueves 21 un tweet fijo que dice: «Hay una operación de estado en marcha para forzar una victoria del PSC el 14-F y desplazar el independentismo de la centralidad política. Lo que intentaron el 21-D de 2017 con C’s lo repiten ahora con el PSC. La respuesta, como hace tres años, debe ser volver a llenar las urnas.» Por cierto, el independentismo se desplazó solo de la «centralidad política» el día que empezó a cortar carreteras.
Las elecciones, sean cuando sean, ofrecerán este desenlace: o bien los independentistas están en condiciones de volver a formar gobierno, o bien hay una mayoría no independentista. Si se produce lo primero, aunque sea por los pelos, será visto como un gran éxito de movilización de un electorado fiel que desafió al mismo tiempo la operación estatal y los peligros de la pandemia, un ejemplo de firmeza popular que maravillará al mundo, y la confirmación que la independencia es irreversible. Si se produce lo segundo, ya están puestas las bases para deslegitimar la victoria de los constitucionalistas o unionistas o españolistas: nos impusieron una fecha; la Junta Electoral y el TSJC obdecen al gobierno; nos obligaron a votar en un mal momento…
¿Operación de Estado u operación del gobierno autonómico? Odei A.-Etxearte, en Vilaweb —El candidat Illa sobre la cresta de la tercera onada— resume el planteamiento: «Para ERC y JxCat, las injerencias del TSJC no son casuales, sino una operación de estado para expulsarlos del gobierno. En este largo tiempo de discrepancias estratégicas y de reproches desbocados, quizás el argumento más movilizador que tendrán para su electorado será precisamente que los constitucionalistas no tengan la Generalidad.»
Es el viejo «si tú no vas (a votar), ellos vuelven (a echarnos del gobierno)». No es un gran argumento para volverles a votar, pero sin poder exhibir una buena labor de gobierno, ni tener ningún proyecto racional de futuro —lo de la república, ya tal—, y teniendo las listas llenas de candidatos con escasas luces, ¿a qué más pueden recurrir?
