15 meses después de que un centenar de separatistas comenzara a cortar a diario la avenida de la Meridiana de Barcelona, el Ayuntamiento de la capital catalana ha decidido tomar cartas en el asunto. A propuesta del PSC, el Consistorio presidido por Ada Colau exigirá a la Conselleria de Interior encontrar «otra solución» para que este grupo de separatistas pueda manifestarse contra la sentencia del 1-O.
Los socialistas han planteado esta propuesta en la comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención municipal, que se ha celebrado este miércoles. Lo han hecho con un documento en el que instan a Interior, conselleria dirigida por Miquel Sàmper (JxCat), a adoptar las «decisiones necesarias para conciliar el derecho a manifestación con otros derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad». Y es que, según ha expresado el responsable municipal de Seguridad, Albert Batllé, se han pasado «todas las líneas rojas«.
De un modo similar se ha pronunciado el teniente de alcalde Jaume Collboni, quien en su cuenta de Twitter ha afirmado que «los cortes de la Meridiana, tal y como están concebidos, se han de acabar«. «El derecho de manifestación», ha añadido, «ha de ser compatible con el de los miles de vecinos y vecinas que padecen las consecuencias. Por eso pedimos a Interior que ponga fin a una situación insostenible«.
En el documento presentado por el PSC, que ha recibido el apoyo de todos los grupos excepto de ERC y JxCat, se asegura que la Guardia Urbana ha emitido informes desfavorables sobre estas concentraciones cada vez que Interior les ha solicitado información. Y que, además, ha ofrecido «emplazamientos alternativos» a los separatistas con el fin de que puedan manifestarse «sin afectar a la movilidad ni a la seguridad viaria». Sin embargo, Interior «ha permitido siempre los cortes de la Meridiana en la forma en la que los convocantes los han solicitado».
Ante esta situación, el Consistorio exige al Govern que «tome de manera urgente las decisiones oportunas para encontrar una salida razonable a una situación insostenible» y con el objetivo de «conciliar de manera efectiva y justa el derecho a manifestación de los convocantes con los otros derechos de los miles de vecinas y vecinos de la ciudad».
