El virus existe y mata, eso parece bastante claro. Y los que niegan, a lo Miguel Bosé, que hay una pandemia están como una cabra. Pero hay que decir también que quien más quien menos aprovecha la situación para aplicar su agenda sin demasiados miramientos.
La desconvocatoria de las elecciones autonómicas, que del 14 de febrero pasarán a celebrarse el 30 de mayo, es asunto que despierta sospechas. Y serán ese día «previa análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña», según establece el Decreto 1/2021, o sea que no hay nada en firme. Oriol Mitjà cree probable que entonces se produzca la cuarta ola de covid, con lo que la situación sería muy parecida.
Argumentos los hay a favor —básicamente, ahorrarnos en las próximas semanas el trasiego de gentes que implican unas elecciones— y en contra —nadie sabe a ciencia cierta cómo estaremos en mayo, y podríamos estar peor—, pero la decisión se ha tomado por razones políticas no precisamente elevadas —«ahora tenemos más tiempo para ganar bien», confesó Pere Martí Colom, director de comunicación de JxCat, en un tweet ya borrado— y la oposición a dicha decisión también obedece a cálculos similares.
Dado que los convocantes no sólo han de ser honestos sino también parecerlo, deberían despejarse todas las dudas que envuelven y envolverán cualquier fecha elegida. No hacían falta genios para prever que la desescalada de noviembre, más siendo diciembre un mes lleno de días festivos, provocaría un repunte en Navidad y un colapso hospitalario en enero, con lo que la justificación del aplazamiento electoral está servida. ¿Era éste el cálculo, o no ha habido ningún cálculo? A saber qué es peor, si estar en manos de irresponsables que improvisan día a día las medidas de prevención a aplicar, o de maniobreros cuya prioridad es mantenerse en el poder a costa de la salud y la vida de los ciudadanos.
Lo cierto es que el gobierno de la Generalitat se ha metido en un berenjenal jurídico, con el agravante de que se tensa aún más la relación entre JxCat y ERC y surgen opiniones para todos los gustos que incrementan la confusión del electorado.
Excepto, paradójicamente, el aún ministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, que, entrevistado en el País, no se siente impulsado a decir nada sobre el asunto:
«P. ¿Hasta qué punto se ha sentido atrapado entre el ministro y el candidato en la decisión sobre el aplazamiento electoral?
»R. En ninguno. Esta es una decisión del Govern y los partidos.
»P. ¿La protección de la salud obligaba al aplazamiento?
»R. Esta decisión ya ha sido adoptada por los órganos competentes.»
En Cataluña precisamente, donde la judicialización de la política está tan mal vista, vamos a poner en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la fecha de las elecciones. A partir de los recursos presentados, el TSJC ha de decidir si suspende el aplazamiento de las elecciones, informa el Ara. «Esta mañana [18 de enero], el vicepresidente [y presidente en funciones] Pere Aragonès ha reclamado que nadie impugne el aplazamiento: “En el caso gallego y vasco nadie se atrevió a cuestionarlo y a ponerlo en entredicho”» y «ha argumentado que posponer la fecha electoral es la mejor decisión porque las próximas semanas serán muy difíciles desde el punto de vista sanitario».
Esto es un pez que se muerde la cola: un gobierno falto de autoridad y de credibilidad no es capaz de imponer su punto de vista y de llegar a un acuerdo sobre algo tan concreto como la fecha electoral, pero para conseguir un gobierno que esté a la altura de una situación tan complicada como la presente hay que pasar por las elecciones.
