El domingo 30 de mayo los catalanes acudirán a las urnas, tras haber decidido el Govern, con el apoyo de algunos partidos con representación en el Parlament, aplazar la convocatoria del 14 de febrero. El argumento oficial se basa en la previsión de que en las próximas semanas la tercera ola de la pandemia del COVID-19 alcance su pico, lo que dificultaría mantener las medidas de seguridad para llevar a cabo la jornada electoral. La realidad es que, a la situación de descontrol del virus en Cataluña, se une la previsión de las encuestas realizadas en las últimas semanas, que ofrecen un panorama poco halagüeño para buena parte de las formaciones que concurren a los comicios.
El PSC, que había logrado dar un vuelco al tablero con la presentación de Salvador Illa, ministro de Sanidad, como candidato, se ha visto forzado a aceptar la propuesta. Los socialistas habían defendido la posibilidad de aplazar las elecciones al mes de marzo, algo que no ha apoyado el Govern. El secretario general del partido, Miquel Iceta, ha denunciado que «una cosa es cambiar la fecha y otra cambiar las reglas del juego«. Y es que esta nueva convocatoria supone comenzar de cero el proceso electoral, lo cual puede dar pie a la aparición de nuevos partidos, coaliciones o carteles, entre otras cosas. En declaraciones a La Vanguardia, Iceta ha asegurado que la decisión no se ha tomado «en función de criterios epidemiológicos» dado que, en su opinión, las «perspectivas» sanitarias son ahora mejores que las que dio a conocer la Conselleria de Salud el pasado lunes.
Más contundente se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha anunciado que la formación, que concurre por segunda vez a las elecciones autonómicas catalanas (la primera fue en 2017 pero no lograron formalizar la candidatura porque no cumplía la ley de paridad), estudia la presentación de un recurso contra la decisión del Govern. «Si hay resquicio legal», ha dicho Abascal, «lo haremos». Desde la formación que lidera en Cataluña Ignacio Garriga, Abascal ha asegurado que el aplazamiento electoral es el objetivo de «quienes quieren que los catalanes vivan en la excepcionalidad«. «España debe protegerse pero no debe detenerse», ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.
Sentido común y seguridad
El diputado de Ciudadanos y candidato, Carlos Carrizosa, ha alabado la decisión del Govern, asegurando que «se ha impuesto al final el sentido común«. Carrizosa ha calificado de «aberración» haber mantenido las elecciones para el 14 de febrero, dada la situación sanitaria de Cataluña y ha recordado que, celebrando los comicios el 30 de mayo, habrá más seguridad puesto que habrá un mayor porcentaje de población vacunada.
La candidata de Catalunya En Comú-Podem, Jéssica Albiach, también diputada, ha apoyado el aplazamiento: «Sí al 30 de mayo y sí a unas elecciones seguras«. Albiach ha reconocido que el aplazamiento es «una anomalía» pero también cree que es «de sentido común» llevarlo a cabo, dadas las perspectivas ofrecidas por los expertos. Por parte de la CUP, el diputado Carles Riera también ha dado su visto bueno a la decisión, aunque ha culpado al Govern de no haber tomado «las medidas sanitarias, sociales y económicas» necesarias para haber podido llevar a cabo las elecciones el día 14 de febrero.
Desde el PP, el diputado Daniel Serrano se ha mostrado contrariado por la decisión y ha exigido al Govern que, al menos para mayo, adopte las medidas necesarias para garantizar que los catalanes puedan acudir a las urnas. En este sentido, ha advertido del riesgo de que, para entonces, pueda ser necesario volver a suspender la cita electoral «porque a Waterloo (en referencia al líder de JxCat, Carles Puigdemont) le conviene».
