La Fiscalía de Barcelona ha archivado la diligencias de investigación que abrió en noviembre a raíz de una denuncia de la plataforma Xnet contra la dirección general de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el responsable de seguridad de Rodalies de Cataluña, los jefes de seguridad de Renfe y los jefes de seguridad de Adif por presuntamente dañar la seguridad de sus usuarios con su gestión del transporte público. Fuentes fiscales han explicado que el Ministerio Público ha cerrado la investigación al no hallar indicios de delito, aunque Xnet podría presentar una denuncia en la vía judicial.
La querella que la plataforma presentó en noviembre también acusaba a los responsables del transporte público de supuesta falta de medidas para evitar contagios los meses posteriores al confinamiento en primavera por el coronavirus, y los consideraba responsables de los presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave; contra el deber de las administraciones de garantizar derecho a la seguridad y a tener un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar.
Tras archivarse la querella, fuentes de Renfe han explicado que la operadora ha adaptado la oferta durante el estado de alarma, y que mantiene el servicio habitual los días laborables «a pesar del descenso en la demanda, que esta semana está en torno al 50%».
Se ha intensificado la limpieza
También han destacado que se ha intensificado la limpieza en los trenes y la megafonía de las estaciones emite mensajes sobre la obligatoriedad de la mascarilla.
Renfe ha marcado el suelo de las estaciones para distribuir los accesos y evitar aglomeraciones, ha instalado mamparas de protección en los puntos de venta, y ha señalado que ha obtenido el certificado Aenor contra el COVID-19 y que «tanto los expertos como las autoridades sanitarias confirman que el transporte público, con todas las medidas que se han establecido, no es un foco de contagio».
Xnet reprochó que no se aumentara la frecuencia de trenes o habilitado vagones más largos para evitar aglomeraciones, lo que a su parecer conllevaba «una infracción de los requisitos exigibles en materia de salud y seguridad en los servicios básicos de transportes, causando un efectivo resultado lesivo para la seguridad de los usuarios».