El gobierno catalán ha perdido otra ocasión de mostrarse unido ante la adversidad y ha preferido exhibir de nuevo sus discrepancias internas. Y lo que es peor, ha perdido otra ocasión de afrontar un problema real con un mínimo de eficacia.
Desde luego, no era fácil desarticular una masa de centenares de personas —se dice que en algunas horas llegaron a ser más de mil— concentradas en una nave industrial de Llinars del Vallès. Estaban contraviniendo buena parte de la legislación vigente, desde la normativa de prevención sanitaria ante la pandemia hasta la cuestión de la propiedad, ya que es de suponer que no pagaron alquiler, y además habría que ver en qué condiciones de seguridad se realizó la concentración. Ni un mes hace del incendio en una nave de Badalona y sigue habiendo locales abandonados, usos fraudulentos y una escandalosa impunidad.
Afortunadamente no se trataba de una convención de mafiosos repartiéndose el país ni de un encuentro de terroristas prestos a pasar a la acción, sólo de un montón de gente con ganas de divertirse sin demasiados requisitos y un uso considerable de estupefacientes. Queda como materia de reflexión lo fácil que es en estos tiempos de confinamiento saltarse todas las medidas implantadas, todos los consejos divulgados y toda la vigilancia implementada por la Generalitat.
Así lo resume el Ara: «Interior y Salud se han reprochado mutuamente en público la tardanza en el desalojo de una fiesta ilegal que se inició horas antes de las campanadas y no terminó hasta ayer [día 2] al mediodía. A seis semanas de las elecciones del 14-F, JxCat y ERC se pasan la pelota por si el desalojo era una cuestión de orden público o requería una atención específica sanitaria.»
Pues sí, era una cuestión de orden público y, sí, requería atención sanitaria. Tampoco es la primera vez que distintas consejerías han de actuar conjuntamente, y a los diez meses de pandemia los protocolos deberían estar más afinados.
Apunta la Vanguardia que desde media tarde del día 1 «la policía tuvo agentes de paisano en la fiesta que evidenciaron que allí dentro no había ninguna medida de seguridad sanitaria y que había un consumo generalizado de drogas y abundante alcohol». Según la consejería de Salud, «la ley impedía realizar pruebas sin la certeza de que hubiera personas contagiadas». Al final intervinieron: «A los conductores se les hizo un control de alcoholemia, y a algunos, un drogotest. A nadie se le ocurrió tomarles como mínimo la temperatura.»
Confinarlos a todos
Oriol Mitjà ha opinado sobre lo que se tendría que haber hecho, dado que un 1,5 % podría tener covid y haber contagiado a otros: pruebas diagnósticas a todos los asistentes. «Pruebas a todos, confinarlos, repetirlas a los tres días y seguimiento de síntomas durante diez días.»
La cuestión es que presumiblemente muchos se largaron de allí sin problemas y algunos de ellos, siendo extranjeros, volvieron a sus países sin control alguno. El jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, según el Ara, «ha admitido que se falló a la hora de detectar los vehículos que se desplazaron hasta el Vallès pero ha matizado que es una utopía pensar que se cazará al 100% que se quiere saltar la ley». Tenemos un montón de radares que detectan un vehículo que se pone a 81 km/h cuando no ha de pasar de 80, pero parece que no hay manera de ver caravanas enteras de alegres excursionistas confluyendo en un término municipal de 27 km2 y 10.000 habitantes. Por otro lado, está claro que nadie espera que se llegue al 100% de éxitos en la lucha contra el delito, porque no hay vigilantes para tanto vigilado, pero la impunidad casi total conseguida —y falta ver todavía si se cobra alguna de las multas que se podrían imponer a los organizadores— por tanta gente ante una vulneración tan flagrante de la ley da una imagen muy frágil de nuestra sociedad.
En cuanto al presidente en funciones, Pere Aragonès, en lugar de tomar las riendas de la situación, parece que se lo mira desde la barrera. En la Vanguardia se recoge que «aseguró que se revisará la situación para “evitar que vuelva a pasar” y para que “las actuaciones policiales sean más rápidas”, en lo que cabe interpretarse como una crítica al Departamento d’Interior.» Alguien debería advertirle que muy a menudo la vida nos pone en situaciones inesperadas, y que es imposible que todo esté perfectamente previsto en protocolos escritos. Un gobernante a veces tiene que improvisar: es un requisito imprescindible del liderazgo.
Miquel Molina, en un comentario editorial en la Vanguardia —La ‘rave’ es el mensaje—, llama la atención sobre el «sistema público de salud que dentro de unos días tendrá que desvivirse para atender a algunos de [los asistentes] o a sus familiares, porque el virus no perdona las imprudencias», algo que difícilmente llegarán a comprender los aludidos, cuya despreocupación por la salud ajena sólo es superada por la preocupación por el placer propio.
Sebastià Alzamora, en el Ara — El missatge és que no hi ha missatge—, nos recuerda que «hay una cantidad considerable de gente en Europa con inclinación a ir a beber, drogarse, bailar y hacer el burro “en España”, que, a estos efectos, para ellos significa Cataluña, Mallorca e Ibiza. Son efectos subsidiarios de nuestro nunca bien ponderado modelo turístico, que como sabemos todos nos sacó de la miseria y también nos sacará de la crisis del coronavirus». Ironías a parte, y en espera de saber el porcentaje de forasteros desplazados a Llinars, hay que añadir que desgraciadamente también tenemos una cantidad considerable de gente con inclinación a hacer el burro “en España”.
Lo peor de todo es el efecto desmoralizador que el suceso va a tener en la población en general. Tantas personas que han renunciado a salir de su comarca, tantas familias que han dejado de reunirse en Navidad, tantos negocios que han intentado cumplir lo mejor que han podido las exigentes y cambiantes medidas de seguridad que establece la administración han de ver cómo unos centenares de irresponsables
se ríen de todo mientras las autoridades se muestran incapaces y desorientadas.
Ante la dejación oficial, una iniciativa testimonial: La patronal del ocio nocturno se persona como acusación popular contra los organizadores de la ‘rave’ de Llinars. Entienden que lo sucedido representa «una falta de respeto hacia todos los locales de ocio nocturno que continúan cerrados, mientras se permiten fiestas ilegales por todo el territorio que no serán perseguidas ni sancionadas duramente».
