Al terminar el catastrófico año 2020 vemos que la Bolsa española (IBEX 35) ha perdido un 15,45% entre el 31 de diciembre de 2019 (9.549 puntos) y el 31 de diciembre de 2020 (8.074 puntos). El que tenía 100.000 euros al principio tiene 84.550 euros al final. Puede que haya tenido algún consuelo si ha cobrado dividendos, pero en todo caso el estacazo es gordo.
El IBEX 35 ha sido el peor índice entre los más importantes del mundo. Sus pérdidas sólo son comparables con las del Reino Unido (-14,3%). En cambio: la bolsa francesa ha perdido la mitad que la española (-8%), la italiana ha perdido la tercera parte (-5,4%) y la alemana ha ganado el 3,9%. Con la pandemia a la Bolsa española le ha ido especialmente mal. Ojo al dato.
Vemos también que, a partir del 16 de enero de 2021, se va a aplicar en España el nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). Este impuesto grava al 0,2% la compra de acciones de sociedades españolas cotizadas.
Algo rechina al comparar una noticia con otra.
El origen en España del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)
El origen del ITF se encuentra en la famosa Tasa Tobin. James Tobin fue un economista estadounidense que en 1971 propuso un nuevo impuesto a nivel mundial sobre las operaciones de compraventa de divisas, a fin de evitar la especulación sobre los tipos de cambio. A finales de los 90 la idea fue asumida fervorosamente por los movimientos radicales anti-globalización quienes apadrinaban un impuesto total sobre las transacciones financieras, incluyendo divisas, acciones, bonos, y productos derivados. Era la panacea: control total de los mercados y fuerte recaudación. Puro humo.
La Unión Europea, en la que hay algunos líderes sensibles a estos humos (sobre todo a partir de la crisis de 2008), elaboró en 2013 una Propuesta de Directiva para establecer un ITF muy ambicioso en 11 Estados miembros. Se preveía una recaudación anual de unos 30.000 millones en estos países. La idea no prosperó. Entonces, Francia e Italia se lanzaron a la piscina en solitario y aprobaron su propio ITF, al 0,3% / 0,2%, limitado a la compra de acciones de sociedades con fuerte capitalización.
El Gobierno de coalición español, surgido en enero de 2020, no iba a ser menos sensible que los franceses e italianos cuando se trata de marcar el paso a los mercados. Y así, el 18 de febrero de 2020 se aprobó el Proyecto de Ley del ITF, iniciándose su tramitación parlamentaria.
Todo esto pasaba en febrero de 2020, antes de la pandemia. El 14 de marzo se declaró el estado de alarma, que duró hasta el 22 de junio. Nos animamos todos a vivir la Nueva Normalidad. Pero en septiembre vino la segunda oleada de la pandemia. El balance del 2020 ha sido devastador para la salud y para la economía.
Sin embargo, nuestros diputados, puesto el piloto automático, siguieron tramitando el Proyecto de Ley del ITF como si tal cosa. El 16 de marzo de 2019 el IBEX35 tocó los 6.107 puntos: perdía un 36%. Nada de eso afectó a nuestros legisladores. Y así el Proyecto se convirtió en la Ley 5/2020, de 15 de octubre. Su entrada en vigor está prevista para el 16 de enero de 2021 (que es sábado por cierto). El ITF se ha aprobado como si la pandemia no existiera. Seguro que en estos momentos no se le ocurriría a nadie.
Como es el ITF español
El ITF español grava al 0,2% el precio de compra de acciones de sociedades españolas cotizadas. Sólo afecta a las que tienen una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Son unas 56 sociedades.
El contribuyente de este impuesto es el comprador de las acciones, sea español o extranjero. Pero el obligado al pago frente a la Hacienda española es el intermediario financiero que transmite al mercado la orden de compra (normalmente, un Banco o sociedad de valores, español o extranjero).
Naturalmente, el intermediario financiero repercutirá el impuesto al comprador de las acciones. El comprador de las acciones es el auténtico pagano del ITF.
Los obligados al pago liquidarán el impuesto mensualmente. La recaudación estimada es de unos 850 millones de euros.
Comentarios
1.Es increíble que un impuesto como el ITF, que castiga la compra de acciones de sociedades españolas cotizadas, vaya a ser aplicado en España tras un año 2020 en el que la Bolsa española ha tenido el peor comportamiento mundial.
Cualquier persona sensata piensa que, tras la fortísima devastación económica de la pandemia en España, lo que menos necesita este país es introducir obstáculos a la inversión en acciones españolas.
2.A nadie se le ocurre discriminar fiscalmente en contra de la compra de acciones españolas. No hay ITF si se compran acciones extranjeras. Es increíble.
Hay que decir que en la Bolsa española son dominantes los inversores extranjeros (Fondos de Inversión, Fondos de pensiones, Bancos, Compañías de Seguros…). Estos inversores meten y sacan libremente su dinero en todos los mercados del mundo, buscando el mínimo coste y la mayor rentabilidad. Obviamente, el ITF español es un coste adicional que desanima la inversión en España. Justo lo contrario de lo que necesitamos.
3.La experiencia del ITF en Francia e Italia no es positiva. Se han producido efectos perniciosos como caída en el volumen de contratación y disminución de liquidez. Por otro lado, las cantidades recaudadas son ínfimas.
4.Un impuesto como éste sólo funciona si se implanta al máximo nivel internacional. Misión imposible. Que Francia, Italia y España se tiren a la piscina ellos solos no augura nada bueno para la inversión bursátil en estos países. Las Bolsas y los Centros de Liquidación donde se negocian acciones españolas están cada vez más deslocalizados y es contraproducente actuar en solitario.
5.Los Fondos de Inversión y los Fondos de Pensiones son grandes compradores de acciones. Gravar cada compra con un 0,2% disminuye la rentabilidad en cifras que pueden ser importantes y eso supone un injusto perjuicio para el ahorrador modesto que está en esos Fondos.
6.El ITF español tiene una recaudación ridícula para lo que el país necesita. No sirve ni para pagar dos días de pensiones. El Gobierno se empeña en mantenerlo por puro postureo político, ajeno a criterios económicos razonables. Y eso transmite una mala señal: no están claras las prioridades.
7.Lo que este país necesita es que el Gobierno, además de luchar seriamente contra el déficit, construya el clima de confianza, estabilidad y seguridad propicio para que los empresarios inviertan y creen empleo. Sólo creando mucho empleo podremos sostener las pensiones. En ese escenario, un impuesto como el ITF apunta en la dirección equivocada. Es un error.
