Son numerosas las voces que han denunciado la opacidad con la que el Gobierno ha gestionada la información durante la pandemia. Ahora, dicha gestión también ha sido puesta en entredicho por la entidad de referencia en cuanto a libertad de prensa en el mundo: la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF). El organismo, que publica hoy el informe anual sobre la situación del derecho a la información en el ámbito internacional, ha constatado que a causa de la Covid 19 se han producido diversos episodios de cesura en distintos puntos del mundo. Y España no ha sido una excepción. De hecho, la organización ha colocado a nuestro país en el segundo nivel de alerta por las restricciones que ha sufrido en cuanto a libertad informativa.
Y es que, según RSF y recoge El Nacional, el Gobierno se sirvió de la excepcionalidad impuesta por el Estado de Alarma para limitar el derecho de los periodistas. En particular, el texto explica que el Ejecutivo suspendió los plazos para responder a las preguntas sobre su propia gestión, tal y como pide la ley de Transparencia aprobada en 2012. Así, el Gobierno en ningún momento ha contestado a la pregunta —formulada una y otra vez por los periodistas— de quién se encontraba detrás de los comités de expertos. Cabe recordar que el Ejecutivo ha dicho en varias ocasiones que sus decisiones estaban basadas en los criterios de dichos expertos. Sin embargo, pese a que el Consejo de Transparencia ha reclamado al Gobierno que cumpliese con la ley, éste no lo ha hecho.
Por otra parte, la entidad también ha denunciado otros aspectos de la gestión informativa del Ejecutivo como el filtrado de preguntas llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Comunicación, la decisión de vetar el acceso de cámaras y micrófonos a hospitales o depósitos de cadáveres y el opacidad en torno a los números de la pandemia.
«La prensa no puede ser cómplice»
«En España hay una abismal e incomprensible horquilla de datos entre los que proporcionan el Gobierno central, los autonómicos, los registros civiles y el Instituto Carlos II», ha lamentado Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras. «Esta opacidad, según RSF, no ha permitido investigar los contratos de compra de material sanitario, por ejemplo. La prensa no puede ser cómplice de esa lasitud», ha añadido Armada.
