El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha anunciado este miércoles en su cuenta de Twitter que denunciará a la cooperativa Abacus ante la Comisión Europea por «persecución de trabajadores«. Lo hará tras conocerse que la empresa, que se dedica a la comercialización de material escolar y juguetes en sus 46 tiendas, considera «grave» que uno de sus empleados se despidiera en español de una clienta que le estaba hablando en catalán. Algo que Cañas ha definido como violación de los «derechos fundamentales» del trabajador.
El acoso a establecimientos con trabajadores que no emplean el catalán en su trato con los clientes es ya norma en Cataluña. Por regla general, suele empezar con una denuncia, cierta o no, en Twitter en la que un separatista asegura que en determinado establecimiento no ha sido atendido en su lengua. En la mayoría de los casos, estos denunciantes afirman haber sido, además, víctimas de un supuesto trato desagradable por parte del empleado castellanohablante. Por lo general, entre los que más rápido suelen responder al mensaje está la Plataforma per la Llengua, una entidad que recibe subvenciones millonarias de la Generalitat y otras administraciones y entre cuyos méritos se encuentra el de espiar a menores en los patios de los colegios para obligarles a emplear el catalán.
El último escándalo lo ha protagonizado precisamente Abacus, una cooperativa nacida en pleno franquismo y estrechamente vinculada al catalanismo. Una supuesta clienta denunció recientemente en Twitter que la persona que le estaba cobrando su compra se despidió de ella en español. Aunque la denunciante borró posteriormente el tuit, Abacus respondió al mismo calificando los hechos de «graves«. «Ya sabes que por nuestro compromiso con el país, la cultura y la educación nuestra lengua de comunicación primaria es el catalán«, respondió la cooperativa a la clienta ofendida. Acto seguido le pidió más detalles sobre la tienda en la que había sucedido la supuesta ofensa.
La actitud de Abacus contra el trabajador fue rápidamente respondida por más de un centenar de constitucionalistas advirtiendo de que dejarían de comprar en sus establecimientos. Algo que ha llevado a la empresa a publicar dos mensajes más intentando aclarar la situación: «Ante una queja, siempre pedimos más información para entender el contexto, pero en ningún caso para sancionar a un trabajador. Nuestra lengua vehicular es el catalán, pero en ningún caso se penaliza ni se excluye el uso del castellano u otras lenguas, que representan todas las realidades de nuestro territorio».
