Ya están convocadas las elecciones autonómicas en Cataluña. Serán, como estaba previsto, el 14 de febrero de 2021, pero el mismo decreto de convocatoria contiene esta farragosa salvedad: «Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías.»
Los partidos han acordado la fecha límite del 15 de enero para decidir si se mantiene la convocatoria o si se aplazan las elecciones. Si finalmente se celebran, la jornada electoral será la misma de siempre, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, y la única novedad, la recomendación de atenerse a unas franjas horarias: de 9 a 12, los que están en riesgo; de 7 a 8 de la tarde, los que están en cuarentena, y el resto, en las horas centrales, de 12 a 7. Es una recomendación, no una obligación, por lo que todo el mundo podrá hacer lo que le parezca.
Éste es el calendario previsto. Las candidaturas saldrán publicadas el 13 de enero en el DOGC y proclamadas el 18 por la Junta Electoral. La campaña será oficialmente de 15 días, como siempre: del 29 de enero al 12 de febrero.
Más importante que nunca, en estos difíciles tiempos de pandemia, es la posibilidad de votar por correo. Ya se puede presentar la solicitud y hay tiempo para hacerlo hasta el 4 de febrero. Dicha solicitud puede presentarse telemáticamente en la web de Correos: <a target=_blank href=»https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo»>Solicitud electrónica de voto por correo</a>; pero es necesario disponer de alguno de los numerosos certificados digitales existentes. El período para enviar el voto por correo certificado será del 25 de enero al 10 de febrero.
ERC, como Chamberlain
Pilar Rahola lamenta que esta «turbulenta legislatura» se haya desarrollado «con el 155 imponiendo las reglas» —como si la aplicación del artículo 155 de la Constitución significara la imposición de reglas nuevas y no únicamente el retorno a la normalidad—, lo que «hacía imposible un horizonte político de largo vuelo» —en realidad, sólo el vuelo secesionista; nada impedía que el gobierno Torra se luciera en la gestión autonómica—. Pero también cree que, en «esta legislatura claramente fallida», no todo es culpa de Madrid, y lamenta «el espectáculo bajuno de la mala relación entre los dos partidos del Govern».
La posición de Rahola —a favor de JxCat y en contra de ERC— no es nueva, pero se agudiza en cada artículo, y en éste alcanza una nueva cota: «Desde el inicio se evidenció una diferencia de estrategia entre lo que parecía acordado y el giro copernicano de ERC, que optó por hacer de Chamberlain en vez de Churchill.» Evocar al primer ministro británico que hizo concesiones a Hitler en 1938 para desprestigiar a un partido que le acaba de aprobar los presupuestos al gobierno socialista es de una ridiculez sólo apta para incondicionales de Waterloo. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Comparar a Junqueras con Pétain y a Puigdemont con De Gaulle?
Ya no importa tanto el Parlamento
Vicent Partal cree que no se han perdido tres años pero se ha perdido una legislatura: «Tenía que ser la legislatura de la restauración, después de la victoria del independentismo en las elecciones del 21-D, pero ha acabado siendo la legislatura en que el parlamento ha perdido toda dignidad. No ha habido ninguna restauración y la cámara ha dejado que las interferencias del poder judicial y político español llegaran al extremo de no poder ni decir quién es diputado o de no permitir ni de publicar las cosas que discute. Costará mucho recuperar la idea de que el Parlamento de Cataluña es la sede de la soberanía del pueblo catalán. Estos últimos tres años claramente no lo ha sido porque la soberanía del pueblo catalán no se ha podido expresar en ningún momento y menos hacerse efectiva.»
Lo que Partal entiende por «restauración» debe ser algo así como desestabilización, lo contrario de lo que se pretendía con la convocatoria de elecciones inmediatamente después de la aplicación del 155. Lo que entiende por «dignidad» debe ser la persistencia en situarse fuera de la ley y no perder ocasión de manifestar la voluntad de «volverlo a hacer». Y de la atención puesta en evitar la reincidencia deduce que «España no estaba dispuesta de ninguna manera a aceptar la democracia y que haría prevalecer la violencia».
En su línea habitual en los últimos tiempos de desautorizar el papel de las instituciones catalanas, afirma que «la culminación del proceso de separación no dependerá de cuántos diputados independentistas tengamos, ni de qué porcentaje se alcance, ni siquiera de qué gobierno se forme», ya que «el proceso de independencia se rematará en otro escenario político diferente». El proceso ya tiene vida propia, al margen de lo que suceda en el Parlamento, y sus mantenedores no se dejarán influír demasiado por una hipotética mayoría no independentista.
Acaba recordando que «la coalición de todas las fuerzas españolistas [ha] fracasado estrepitosamente en el intento de controlar la Universidad de Barcelona —como ya fracasó antes en el intento de controlar la Cámara de Comercio, como estoy seguro de que fracasará en el intento de controlar el FC Barcelona…» Así acaba el Parlamento catalán en el imaginario independentista: como una de tantas entidades a controlar.
