El anteproyecto de ‘ley trans’ ha generado un intenso debate tanto en la ciudadanía como en el movimiento feminista. Dicha discusión se ha centrado en tres aspectos claves de la propuesta de ley: la autodeterminación de la identidad sexual (denominada erróneamente autodeterminación de género), la despatologización de la transexualidad y los menores trans.
Aunque algunos colectivos trans y LGTBI presenten dicho debate como un ‘rechazo rotundo a los derechos de las personas trans’. No es ningún secreto que existen actitudes transfóbicas en la población y en grupos de diferente corte ideológico. Tampoco es una novedad que manifiesten su oposición a los derechos de las personas trans usando la manipulación, la estigmatización y la mentira. Sin embargo, defender que las críticas del anteproyecto de ley trans parten exclusivamente de posicionamientos reaccionarios es bastante reduccionista.
El debate no puede concebirse exclusivamente como una confrontación ideológica o una caza de brujas hacia las personas trans. Importan las ideas de dicha propuesta de ley porque en ella van implícitas una serie de derechos y garantías sobre el bienestar, la salud, el desarrollo individual, la igualdad de oportunidades y la protección de las personas trans. No tengo ni la menor duda de la necesidad de avanzar y sumar en derechos a través de una ley estatal, siguiendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual ha excluido la transexualidad de su lista de trastornos mentales; la Estrategia LGTBI de la Comisión Europea o varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en este recorrido, no hay que desmerecer ni el fondo ni la forma.
No tengo ni la menor duda de la necesidad de avanzar y sumar en derechos a través de una ley estatal
Hace unas semanas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaba en el Pleno del Senado que la consulta pública sobre la Ley Para la Igualdad Plena y Efectiva de las personas trans, proceso previo a la elaboración del proyecto normativo, había recibido más de 60.000 contribuciones.
Según palabras de la propia Montero, el 96% de las aportaciones eran de apoyo a la citada propuesta de ley. Sin embargo, pese a que el dato en cuanto a la participación era calificado como ‘histórico’, es difícil conocer y estimar bajo qué criterios se ha recabado la opinión de entidades, organizaciones y en general, de la ciudadanía.
Si bien la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que depende del Ministerio de Igualad, facilitó un correo electrónico (participacion.publica@igualdad.gob.es) para enviar aportaciones, apoyos o incluso manifestara su rechazo al proyecto de ley, no pedía en ningún momento que la persona se identificase. Por tanto, nos encontramos ante un escenario confuso y con muchos flecos sueltos. Cabe la posibilidad de que esos ‘más de 60.000 apoyos’ no correspondan a ‘más de 60.000 personas a favor’ sino que podría tratarse de grupos organizados que, casi a modo de spam, se dirigieran a ese e-mail con un mero ‘apoyo la ley trans y punto y pelota’.
Mis observaciones eran bastante críticas y por ende, no encajarían ni en un apoyo absoluto ni en un rotundo rechazo
De hecho, la propia Dirección General de Diversidad sexual y Derechos LGTBI compartía en su perfil de Twitterque la consulta pública previa a ‘la ley trans’ había recibido exactamente 60.957 correos electrónicos, de los cuales, según la misma fuente, 58.993 se mostraban favorables, 1.386 manifestaban su rechazo y 578 habían sido considerados no válidos. En ningún momento se hacía público las directrices que se había seguido para aceptar o considerar ‘inválidos’ los correos electrónicos recibidos.
Soy consciente de esta situación porque yo misma, como ciudadana y profesional de la sexología, envié una serie de observaciones con respecto al anteproyecto de ley trans. Algunas de esas observaciones se referían a cuestiones terminológicas y de actuación, pues el texto presentado por el Grupo Parlamentario Cofederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en 2018, mostraba preocupantes imprecisiones. Por ejemplo, se realiza un uso erróneo de los términos identidad sexual (entendida como ‘sexo psicológico) e identidad de género (la percepción que tiene una persona con respecto a su género en un contexto cultural concreto).
Asimismo, se utilizan conceptos sin ninguna precisión o base jurídica (véase “identidad sexo-genérica”, “variante de género”, “perspectiva trans” o “queer”), no se especifica el porcentaje de reservas de plazas en el sector público para personas trans o se pretende incluir en el Sistema Nacional de Salud, no solo los procesos quirúrgicos de reasignación genital para aquellas personas que lo deseen, sino también y sin ningún tipo justificación sanitaria intervenciones como el aumento de glúteos, lipoescultura y abdominoplastia, rinoplastia, tiroplastia, blefaroplastia, aumento de pómulos, mentoplastia y ritidectomía.
Dar respuestas ideológicas a cuestiones que necesitan urgentemente de un abordaje científico y de los profesionales competentes, no asegura un avance en materia de derechos trans
Para mi sorpresa, enviadas tales observaciones, no recibí ninguna respuesta. Ni siquiera una respuesta estándar que acreditara que mi e-mail había sido recibido correctamente. Mis observaciones eran bastante críticas y por ende, no encajarían ni en un apoyo absoluto ni en un rotundo rechazo. Al respecto, me surgen muchas preguntas: ¿cómo sé que mis aportaciones se han valorado o, por el contrario, han sido rechazadas ipso facto? Es todo un misterio.
Paralelamente a la consulta pública, el Ministerio de Igualdad desarrolló una mesa de trabajo. En ese encuentro participaron las organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans y, según explican en su web, ‘personalidades trans de los ámbitos del derecho, la sociología o la política’. Es curioso observar como el propio Ministerio de Igualdad prescinde de profesionales del ámbito de la biología, la psicología, la sexología o la endocrinología para apuntalar el anteproyecto de ley.
Una parte del debate con respecto a la ‘ley trans’ proviene de su rechazo al conocimiento científico sobre la sexualidad humana. Dar respuestas ideológicas a cuestiones que necesitan urgentemente de un abordaje científico y de los profesionales competentes, no asegura un avance en materia de derechos trans sino un parche que, puede llevar a la sociedad española a muchos atolladeros jurídicos, legales, educativos y sanitarios.
