La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por la campaña ‘Consumo Estratégico’ que llevó a cabo la organización independentista en 2019.
En un comunicado remitido este lunes por el organismo, se apunta que la campaña pudo provocar posibles «prácticas desleales que distorsionan gravemente la competencia en el mercado». La CNMC señala que las razones de esta campaña «se fundamentarían en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos», lo que podría provocar una distorsión en el comportamiento de los consumidores y la estructura competitiva del mercado.
La campaña de la ANC ‘Consumo estratégico’ fomentaba que los ciudadanos de Cataluña cambien sus habituales proveedores de servicio por otras empresas afines con la independencia. Dicha campaña fue denunciada por la patronal Foment del Treball al considerar que incurría en supuestas conductas prohibidas por la Ley de defensa de la competencia.
Conflicto de competencias
El órgano ha empezado la investigación después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2020 según la cual se determinó que la CNMC es el organismo competente para resolverla. La Generalitat planteó el conflicto positivo de competencia al considerar que, de acuerdo con el Estatut, la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) era el órgano indicado para abordar el expediente por una posible infracción de la Ley de defensa de la competencia en la campaña de la ANC. Argumentó que la ACCO debía encargarse del asunto porque «las actuaciones y los efectos de la campaña de la ANC quedan circunscritos en el ámbito territorial de Cataluña y no tienen afectaciones en el ámbito estatal».
El TC argumentó en su sentencia que el asunto es competencia de la CNMC al considerar que la campaña tiene efectos más allá del mercado catalán y «puede alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional», ya que la campaña hacía referencia a varios sectores económicos, entre ellos los productos energéticos.
A partir de ahora la CNMC cuenta con un periodo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del expediente sancionador.