La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, «Sito Miñanco», y a otras 45 personas físicas, entre ellas al abogado Gonzalo Boye, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.
Boye es el letrado de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, y se le imputa un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.
Una investigación que se inició en 2016
En un auto de pase de diligencias previas al procedimiento, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga y explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.
La juez indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria, «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad».
El auto relata como el 6 de febrero la Policía interceptó en el aeropuerto de Barajas a varias personas que Sito Miñaco utilizaba como correos humanos para enviar dinero a Colombia. Estas personas fueron detenidas al descubrir que transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.
Una compraventa ficticia
Ante esa aprehensión, dos de los detenidos, García Arango y Puentes Saavedra, iniciaron acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Motivo por el cual se reunieron con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán en un encuentro en el que acordaron de que ellos dos consiguiesen los documentos para justificar la legalidad de ese dinero. Para la juez esta acción «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas».
La juez termina el auto asegurando que los dos abogados «conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que González Rubio había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».
