El abogado y comentarista político Alejandro Molina es conocido por sus colaboraciones en diarios como El País o Crónica Global, pero sobre todo por sus punzantes análisis en redes sociales —en las que firma bajo el pseudónimo de Alejandro Ango—. Hablamos con él sobre el acoso a una pizzería por atender en castellano, la gestión de Sánchez de la pandemia o las acusaciones de islamofobia al Gobierno de Macron.
Un centenar de escritores han firmado un manifiesto contra el atropello al castellano por parte de la ley Celaà, algo que, aseguran, «no debe ser interpretado como algo anecdótico, sino como una obra de ingeniería social». ¿Comparte el diagnóstico?
No cabe duda de que la supresión del expreso asidero normativo que las familias tenían para que sus hijos estudiaran en castellano como lengua vehicular impacta en la sociedad más allá de lo que se refiere a la educación. Pero quizá sea más descorazonador como sociedad que, con una palmaria ausencia de consenso, fiándolo todo a unas meras mayorías aritméticas coyunturales apoyadas en quien se desentiende explícitamente de la suerte de España como país, con esa ley se comprometa la competencia académica de toda una generación.
No parece que la ausencia de consecuencias del suspenso estimule precisamente la excelencia académica. El informe PISA certifica que una media del 25% de los alumnos que termina la educación obligatoria no sabe realizar operaciones matemáticas elementales. Si se abunda en eso, como parece que hace esta ley, sería una ingeniería socialmente muy poco provechosa.
Recientemente, han proliferado en Cataluña los ataques a los comercios que atienden en castellano. Uno de los últimos casos ha sido el del restaurante italiano Marinella en Barcelona, cuya fachada ha aparecido pintada con el mensaje «Habla catalán o emigra». ¿Cómo se explica este clima de intolerancia contra el español?
Desde hace décadas en Cataluña existe una política pública, que ahora cuenta con el placet del Gobierno de España, que antes preferirá un acto de represión del castellano que otro de promoción del catalán. Y es lógico: lo segundo lo tienen asegurado por la vía del Boletín Oficial hace muchos años, pero lo primero, al chocar con la realidad social, no hay otra forma de imponerlo que punitivamente o con violencia callejera en la misma dirección.
«Cuando el secesionismo insiste hoy en anclar el inicio del ‘procés’ en la resolución del Estatut, es porque se da cuenta que aquella sentencia privó a Cataluña de un Poder Judicial propio, que es justo lo que en 2017 le hubiera permitido alcanzar la independencia»
Alejandro Molina
En una entrevista reciente, el ministro de Universidades, Manuel Castells, defiende que el conflicto en Cataluña nace de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. ¿Acierta el ministro?
En esto me disculpará que me extienda un poco. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre Estatut se dictó en el verano de 2010, y en la Diada de septiembre de ese año se manifestaron poco más de 14.000 personas. En la Diada de 2011, menos aún, unas 10.000 personas. Entre la Diada de 2011 y la de 2012, se produce —perdóneme la expresión— la erupción de la pústula: de 10.000 personas se pasa al supuesto millón que decía TV3. Fue la llamada “Vía Catalana».
¿Qué hay entre la sentencia del Constitucional y la Vía Catalana? Pues la gran crisis económica que permitió al gran recortador que fue Mas pasar de tener que llegar en helicóptero al Parlament por miedo a los afectados por sus recortes a ponerse al frente de la manifestación del malestar. Cuando el secesionismo —con el que empatiza nada menos que un ministro del Gobierno de España— insiste hoy en anclar el inicio del procés en aquella resolución, es porque se da cuenta que aquella sentencia privó a Cataluña de un Poder Judicial propio, que es justo lo que en 2017 le hubiera permitido, visto cómo se desenvolvieron los acontecimientos, alcanzar la independencia. La sentencia de 2010 no hizo nacer un anhelo de independencia, lo que hizo fue impedirla en 2017.
El presidente de Unidas Podemos-En comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado haber «perdido la paciencia» con el PSOE, que, según él, está retrasando deliberadamente los indultos a los presos del procés. ¿Es el hecho de que éstos sigan en prisión una «anomalía democrática» como asegura Asens?
En el concepto de democracia iliberal en que parece desenvolverse dicho personaje tendría toda la razón. En su visión, los criminales que delinquen por el establecimiento de un régimen acorde con sus ideas, aunque choquen con la ley —y por tanto contra la voluntad popular representada parlamentariamente— están por encima del Código Penal y no quedan sujetos a él. El siglo XX fue testigo de concepciones criminales análogas, de gente con bigote mayormente.
«Para Asens, los criminales que delinquen por el establecimiento de un régimen acorde con sus ideas, aunque choquen con la ley, están por encima del Código Penal y no quedan sujetos a él. El siglo XX fue testigo de concepciones criminales análogas, de gente con bigote mayormente»
Alejandro Molina
En una entrevista reciente en Radio Euskadi, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, ha dejado claro que su formación no condena expresamente el terrorismo de ETA. Siendo así, ¿encuentra legítimo alcanzar acuerdos con este partido?
En este punto creo que, incluso por el constitucionalismo en general, se ha errado a la hora de fijar el centro de gravedad de la crítica a los acuerdos con EH Bildu. Por supuesto que es dramático que se pacte invocando el «interés de país» con quien políticamente legitimaba el asesinato del adversario, pero conceptualmente la falla mayor es que esta gente no ha renunciado a sus objetivos de destrucción del sistema democrático que disfrutamos, cosa que sí hizo incluso el franquismo ideológico digerido por las opciones conservadoras o democristianas del momento.
Según el diputado de Vox al Congreso, Javier Ortega Smith, los ataques a su sede en Gerona o al domicilio de su presidenta en Tarragona indican que su formación está en el camino «correcto». ¿Tiene razón?
Sinceramente, no sigo mucho las declaraciones en caliente de los dirigentes políticos en general, ni las de este en particular. A mí lo que más me ha llamado hasta ahora la atención de Ortega Smith es que en sus intervenciones en el juicio del Tribunal Supremo pronunciaba «moszos» refiriéndose a los Mossos d’Esquadra, lo cual revela, virtuosismo fonético al margen, un respetuoso e innecesario esfuerzo de adaptación al catalán, cuyo uso no es obligado en dicha sede, lo cual es enternecedor.
«La falla mayor de pactar con Bildu es que esta gente no ha renunciado a sus objetivos de destrucción del sistema democrático que disfrutamos, cosa que sí hizo incluso el franquismo ideológico digerido en opciones conservadoras»
Alejandro Molina
Libros como Pandemia de errores, de Francisco Merino, o Manual de incompetencia, de Iñaki Ellakuría y Pablo Planas, realizan una crítica contundente de la gestión del Gobierno de la pandemia. ¿Tan mal lo ha hecho Sánchez?
No he tenido oportunidad de leer aún los ensayos que cita, pero que creo que hasta que no pasen unos años ninguna gestión sanitaria se podrá evaluar con elementos de juicio suficientes. Lo que sí es criticable es la opacidad, cuando no mendacidad informativa al respecto de la gestión, el disfrazar de decisiones científicas sus puras decisiones políticas y el ocultamiento irregular de decisiones de contratación millonaria de suministros para afrontar el problema.
La diputada del PSOE por León, Andrea Fernández, ha denunciado la prostitución sosteniendo que «uno de cada tres españoles paga por violar a una mujer». ¿Puede entenderse así?
Qué barbaridad. No sé yo ni quién es esa diputada, y no voy a contribuir a sacarla de su merecido anonimato.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que los escraches que miembros de su partido practicaron en el pasado eran legítimos porque duraban poco, mientras que los que sufren ella y su marido son «acoso» porque duran meses. ¿Hay escraches buenos y escraches malos?
Yo tengo escrito y publicado que cualquier cambio de régimen al margen de la ley requiere la construcción propagandística de una legitimidad paralela a la de la legalidad en vigor, que se calificaría de «democrática», la de «la gente», frente a la cual se contrapondría la legitimidad del orden constitucional, que resulta ilegítimo y antidemocrático por razones generacionales, «no lo ha votado la gente», se impuso coactivamente, es herencia de la dictadura, esas cosas.
«A mí, que con casi un 9% de población que se declara musulmana en Francia, Macron quiera que los líderes musulmanes acepten una «carta de valores republicanos» por encima de cualquier credo identitario me parece envidiable»
Alejandro Molina
Esta segunda vía se complementa y acompaña siempre de una violencia de intensidad variable en la calle y en los foros de opinión. Se trata de ejercer una constante presión y coacción dialéctica, un impedimento de la expresión y presencia del discrepante en el espacio público. Eso son los escraches, y los trajo esta gente.
Tras la decapitación en Francia del profesor Paty, Macron está librando una batalla contra el islamismo radical que incluye la prohibición de los certificados de virginidad o el control sobre los lugares de culto no regulados. ¿Está cayendo el presidente francés en la islamofobia, tal y como denuncian Turquía y Paquistán?
A mí, que con casi un 9% de población que se declara musulmana en Francia, Macron quiera que los líderes musulmanes acepten una «carta de valores republicanos», de libertad, igualdad y fraternidad, por encima por tanto de cualquier credo identitario, que debe quedar relegado a la privacidad, me parece envidiable. La opinión de Pakistán o Turquía me parece desdeñable. Francia es un pilar de la civilización occidental. Las teocracias o países confesionales no pueden condicionar nuestra civilización.
