Tras la polémica surgida en torno a la exclusión del castellano como lengua vehicular en la ley Celaá, esta lengua vuelve a situarse en el ojo del huracán. ERC, Bildu, PNV, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG han registrado conjuntamente una proposición no de ley (PNL) que insta a poner fin al «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal» y que se permita el uso de las diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación. Entre ellas, citan las Cortes Generales —Congreso y Senado—, así como en el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española.
La iniciativa parlamentaria para su debate en el Pleno del Congreso también exige que se garantice el deber de conocer la lengua propia de los funcionarios que presten servicio en dichos territorios. Además, estas formaciones reclaman que se apoyen las reformas estatutarias para que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país que aún no han obtenido esa condición, como es el caso de Asturias. Los diez grupos firmantes de la iniciativa explican en su PNL que España debe cumplir con los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.
Garantizar la «diversidad lingüística y el pluralismo»
En esta línea, instan al Congreso para que se garantice la diversidad lingüística y el pluralismo, dado que el Estado «debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística». «Este Estado, que parte de una tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos», relatan en su petición.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha subrayado que esta PNL busca «a defensa de los derechos de los hablantes, de las distintas lenguas del Estado», pues son derechos fundamentales. «Eso nunca es merma para los derechos de otros. Reconocer, dignificar nuestra diversidad lingüística nos hace un país mejor, nos describe de un modo más cierto y es de una riqueza cultural innegable», ha insistido.
