La controversia en torno a la exclusión del castellano en la nueva ley de educación traspasa fronteras. El diario argentino Clarín se hecho eco de esta polémica en un artículo publicado ayer que, bajo el título ¿España abandona el español?, repasa las críticas que ha cosechado la denominada ley Celaá.
Para contextualizar la reforma emprendida por el Gobierno de Sánchez, el artículo, firmado por la periodista Marina Artursa, recuerda que la «enmienda a la ley de Educación surge en un momento bisagra en la política española: con pulso de neurocirujano, el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos articula gestos amigables hacia partidos políticos con representación parlamentaria necesarios —como el independentista y voraz defensor del catalán Esquerra Republicana de Cataluña— para contar con apoyos suficientes en la vidriosa tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la llave de la gobernabilidad en España».
Vargas Llosa: «Es un disparate»
A continuación, el texto reproduce las críticas que vertió el escritor Mario Vargas Llosa sobre la ley Celaá durante la presentación de su último libro, Sobras completas: «El gobierno quiere que le aprueben sus presupuestos. Para eso necesita los votos de Esquerra, la izquierda catalana. Y Esquerra, que quiere acabar con España, se limita a pedir que le suprima el español como la lengua de España». «De todo esto, resulta que España es un país que no tiene un idioma oficial», añade Vargas Llosa. Por otra parte, el escritor también hace hincapié en la dimensión internacional del castellano: «Bueno, ¿y qué pasa con los quinientos millones de gente que en el mundo habla español gracias a España? ¿Cómo vamos a explicarles a los mexicanos que España ya no tiene una lengua propia porque se ha abolido? Es un disparate que no tiene cabeza, que no tiene ningún sentido».
El artículo también consulta a la Real Academia Española sobre la cuestión, que responde con un comunicado en el que aspira a que los legisladores no dejen de proporcionar «la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar».
Rechazo de la oposición
Por último, el rotativo recaba también la posición del Partido Popular sobre la reforma. «Recurriremos al Tribunal Constitucional la ley Celaá si el gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada (subvencionada). (El presidente Pedro) Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos», asevera el líder del PP, Pablo Casado.
