La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis brutal del sistema que se está cebando con las clases desfavorecidas pero también con la ya mermada clase media, muy afectada por el crack inmobiliario de 2007. En una situación como esta y en un país como España los ciudadanos esperaban que el sistema público pudiera ofrecer una respuesta a la altura. Sin embargo, no ha sido así. El colapso sanitario se ha trasladado a todos los servicios públicos pero también a otros privados como los financieros. Y, así, cualquier trámite ante la administración o ante algunos bancos se ha convertido en casi una misión imposible.
El certificado digital que se implantó hace algunos años con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración, además de imposible de gestionar entre las muchas personas sin conocimientos digitales, se ha mostrado como algo inservible en estos momentos. Valga como ejemplo lo sucedido con las peticiones del controvertido Ingreso Mínimo Vital. Quienes las realizan a través de internet con este certificado no pueden conocer el estado de las mismas, mientras que las personas que lo han hecho sin esta firma digital, obtienen la información que precisan al momento con las claves que les proporciona el sistema cuando registran la petición.
No es la única anomalía que está dificultando la vida de millones de españoles en estos meses. El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) es uno de los servicios más criticados desde hace meses por quienes se ven obligados a recurrir a sus trabajadores. Buena parte de ellos sigue ejerciendo desde casa y lograr una cita para tramitar cuestiones tan importantes como una prestación por desempleo o poder conocer el estado del pago de una nómina en ERTE es, cuando menos, desesperante.
Más embargos ejecutados que nunca
Los errores de Hacienda o de la Seguridad Social siempre son molestos. Buscarles una solución no es precisamente sencillo. A quien esto escribe le han embargado cerca de 700 euros por, supuestamente, no pagar dos mensualidades del régimen de autónomos. En la cuenta había dinero más que suficiente tanto un mes como el otro para abonar los cargos. Sin embargo, la Seguridad Social no los pasó. Lograr contactar con alguien para saber qué ha sucedido y recuperar el dinero ha sido misión imposible durante más de un mes. Este martes, por fin, un funcionario ha dado señales de vida y ha sido para decir que el error será del banco o de la gestoría. El mismo funcionario ha explicado que la pandemia no ha supuesto en ningún caso un freno en los embargos. Todo lo contrario: «Estamos ejecutando más embargos que nunca«.
Pasar por el desagradable trance de tener que presentar una denuncia por robo ante los Mossos se ha convertido también en otra trampa. Con esperas de entre cuatro y cinco horas en comisarías como la de Badalona, buscar la ayuda de la autoridad se convierte en algo que va más allá de lo pesado. Los agentes te atienden en la recepción, recogen la información como buenamente pueden y, al cabo de un par de horas, regresan con la denuncia que, como era de esperar, suele contener más de un fallo. Si tienen suerte, podrán esperar en el interior de la recepción. Si no, tendrán que hacerlo fuera, a pesar del viento, la lluvia, el frío o el calor. «Espere fuera, por favor, que esto está muy cargado», solicita un mosso en una recepción vacía, detrás de una mampara y protegido por una mascarilla.
Sin citas para la Seguridad Social
Algunos grandes bancos, finalmente, están también recortando los servicios que contratan los clientes. Numerosas oficinas han sido cerradas permanentemente. Llamar al teléfono de atención al cliente sirve de poco si el usuario necesita conocer con qué sucursal trabaja ahora. Solicitar una cita previa a través de internet para poder solventar cualquier cuestión en estos casos se antoja imposible pues no se ofrece información sobre las oficinas en las que están ahora las cuentas que pertenecían a las sucursales cerradas.
Una experiencia denunciada hoy mismo por un gestor. Presentar un escrito de revisión de un alta de la Mutua, con tres copias ante el INSS, se vuelve misión casi imposible incluso para un experto. No hay registros presenciales. En otras administraciones, al menos, el se hace de esta forma. Pero hoy ni siquiera daban citas previas ni en Barcelona, ni en Tarragona, ni en Girona. No es , ni mucho menos, un caso aislado. El problema ya es crónico desde el inicio de la pandemia. Sólo en alguna localidad de Lleida como Tremp era posible solicitarla. Al final, la única solución es el correo administrativo certificado, sin poder obtener el ejemplar sellado para la empresa y el trabajador. Todo hay que decirlo, las oficinas de Correos si están a pleno rendimiento. Debe ser que el COVID -19 es alérgico a los sellos o que hay una cuenta de resultados que justificar.
Así las cosas, a la crisis sanitaria, económica y social se une otra mucho más profunda que permite comprobar que ese sistema en el que tanto confiaban los españoles tiene las costuras a punto de reventar. La maquinaria recaudadora no para y, sin embargo, son miles los ciudadanos que aún no han cobrado las nóminas del ERTE o que no han podido acceder a las prestaciones por desempleo o ayudas. La Administración funciona a duras penas a todos los niveles y quienes precisan de sus servicios o no pueden acceder o, para hacerlo, deben perder días y días en conseguirlo. «Esto ya no es una cosa de la pandemia«, cuenta el funcionario de la Seguridad Social antes citado, «esto es algo que no tiene nada que ver. Se han empeñado en aprovechar el momento para digitalizarlo todo y no funciona nada».
