Al independentismo no le gustan las reglas cuando considera que le perjudican. En esta línea la eurodiputada de ERC Diana Riba y el eurodiputado de JxCat, Toni Comín, han tachado de «censura» la retirada del anexo de un informe por la comisión de Libertades Civiles sobre Derechos Fundamentales en Unión Europa en el que se mencionaba el ‘procés’ independentista en Cataluña. El anexo, firmado por la izquierdista irlandesa Clare Daly, ha sido retirado a petición del PP, PSOE y liberales al entender que no ha respetado los procedimientos parlamentarios y ha confeccionado un informe ideológico.
Riba ha defendido el texto asegurando que pone de manifiesto que los derechos fundamentales no se pueden garantizar en Europa y ha denunciado que se haya censurado a la ponente por su mención sobre la situación de los líderes catalanes.
«Lamentamos que precisamente en un informe que habla sobre derechos fundamentales tengamos que condenar un acto de censura y un ejercicio de cinismo político como este dentro del Parlamento Europeo», ha asegurado la eurodiputada. Y ha aprovechado el debate para pedir al presidente del Parlamento, David Sassoli, que se incluya en dicho informe «una enmienda que reconozca el derecho a la autodeterminación como un derecho universal».
«Dar carta blanca» a España
Por su parte, Comín ha criticado duramente que se haya suprimido la parte que apuntaba a la realidad en Cataluña, asegurando que Europa quiere pedir cuentas a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria pero «da carta blanca» a España.
«Sí, hoy en España se vulneran gravemente algunos de los derechos de los cuales se habla en este informe. ¿Y qué hacen algunos en este Parlamento ante esta cuestión? Censurar» ha afirmado Comín en su intervención.
Por parte del PP europeo, el croata Karlo Ressler, ha insistido que la protección de los derechos fundamentales no debe convertirse en «un campo de batalla» y ha recalcado que «las convicciones personales no pueden evitar una evaluación objetiva«, mientras que la socialista sueca Evin Incir ha criticado que en estos informes hay que «sopesar cada palabra y verificar los hechos» y «no verter opiniones en función de intereses políticos».