Migraciones, pobreza y prioridades de la UE

En mi artículo ‘Desbarajuste estadístico y respuesta de la UE al Covid-19’, publicado el 31 de octubre en este diario, examiné la falta de estadísticas fiables «cojas y bizcas», (las llamé) en varios de los principales países de la UE, analicé la respuesta una vez más tardía y desenfocada del Consejo, el Parlamento y la Comisión a la emergencia sanitaria y recesión económicas ocasionadas por el Covid-19, y finalicé planteando varias preguntas a nuestros gobernantes para darles la oportunidad de explicarnos por qué la UE, a diferencia de China, no ha logrado controlar la epidemia, y por qué la economía europea sigue obsesionada en «impulsar políticas verdes de carácter regional» en lugar de impulsar políticas medioambientales, comerciales y cambiarias que posibiliten a las empresas localizadas en la UE competir con las empresas chinas en pie de igualdad.

Había incluido también una sexta pregunta que, por temática no tan marcadamente económica y por razones de espacio, preferí dejar fuera del artículo y que podría formularse así: ¿no va siendo hora de que la UE establezca una política de inmigración coherente y precisa y ponga sobre la mesa los recursos económicos necesarios para implementarla tanto dentro de las fronteras de la UE como en los países emisores? Pese a ser una de las cuestiones más importantes por sus implicaciones económicas y sociales, la inmigración es un asunto sin glamur e incómodo, objeto únicamente de atención en las cumbres europeas sólo cuando el volcán entra en erupción y se produce una crisis aguda, como la vivida en 2015.

Comenzaré por aclarar, aunque sea bastante obvio salvo para algunas ONGs especializadas en recoger migrantes en el Mediterráneo, que migrar no es un derecho universal de las personas sino un asunto que deber estar, como todos los ‘derechos’ regulado y sobre el que, por sus implicaciones económicas y sociales, los países receptores tienen mucho que decir. A continuación, me referiré a la situación de pobreza en el mundo y a las implicaciones que se derivan sobre los flujos migratorios hacia la UE en el próximo decenio, especialmente a los originados por la pobreza en el continente africano. Finalmente, examinaré las prioridades de las instituciones de la UE para la próxima década para concluir que nadie parece ser consciente de la enorme amenaza que suponen las pulsiones migratorias que van a afectar con gran intensidad a las economías y sociedades europeas en la próxima década.

Migrar no es un derecho universal

En 2015-16, los conflictos bélicos en Oriente Medio produjeron el éxodo masivo de cientos de miles de personas hacia la UE creando una situación insoportable en las fronteras de algunos países. Las cuotas acordadas para repartirse los migrantes entre los países de la UE quedaron en papel mojado y los acuerdos alcanzados con el poco fiable gobierno de Erdogán para contener la avalancha fueron una cataplasma bastante cara que no ha resuelto el problema de fondo. Existe, además, otra pulsión migratoria de carácter crónico y cuantitativamente mucho más importante, procedente de los países en el Norte de África y en la África Subsahariana.

«¿No va siendo hora de que la UE establezca una política de inmigración coherente y precisa y ponga sobre la mesa los recursos económicos necesarios para implementarla tanto dentro de las fronteras de la UE como en los países emisores?»

Hace unos días, escuché a un trabajador de una ONG manifestar ante las cámaras de televisión en la cubierta de un barco frente a las costas de Libia que «todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor». De hecho, la posición de la organización con sede en Badalona propietaria del buque desde el que hizo las declaraciones es incluso más radical que la de su empleada: «migrar es un derecho universal», afirma en su página de internet. La afirmación se da por evidente pese a que la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien establece en el artículo 13.1 el «derecho a circular libremente… en el territorio de un Estado», se sobreentiende que en el de cada uno, y en el artículo 13.2 el «derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país», sólo reconoce en el artículo 14.1 que «en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo».

Buscar asilo cuando se sufre persecución nada tiene que ver con lanzarse en una patera al mar con la esperanza de ser recogido con los brazos abiertos en el barco de una ONG que pone inmediatamente rumbo a algún puerto de la UE para forzar a las autoridades portuarias a que le permita desembarcar a los migrantes a bordo. A partir del momento en que éstos pisan tierra, la ONG se lava las manos y pone de nuevo rumbo al mar para continuar su labor, traspasando a las autoridades del país receptor la responsabilidad de alojar a los recién llegados y atender todas sus necesidades médicas, alimentarias, etc. Al finalizar el difícil período de interinidad en los centros o campamentos de acogida, la mayoría de ellos -sólo un porcentaje ínfimo son retornados- se enfrentan a la dura realidad de buscarse la vida y muchos de ellos se ven abocados a aceptar trabajos precarios en la economía sumergida o incluso a realizar actividades ilegales.

Pobreza y flujos migratorios

Las odiseas vividas por tantos migrantes y la lamentable situación de algunos de ellos cuando desembarcan resultan conmovedoras, pero esta circunstancia no debería ser óbice para que las instituciones de la UE aborden el espinoso asunto de la inmigración con realismo, porque precisamente es la ausencia de una política bien definida e implementada con rigor causa principal de los flujos migratorios que están en la raíz tanto de los dramas padecidos por los propios migrantes desde que abandonan sus países de origen hasta su llegada a la UE como de las difíciles condiciones en que sobreviven en los países receptores.

Aunque las posiciones simplistas, como las abanderadas por Trump, con su famoso muro, y algunas formaciones políticas todavía minoritarias en la UE, tienen escaso recorrido más allá de ser un atractivo reclamo para sus votantes, resulta igualmente equivocado esconder la cabeza bajo el ala y soslayar el coste económico y las tensiones sociales ocasionadas por la inmigración en los países receptores. La inmigración es ya un grave problema en la UE y todo apunta a que lo será incluso más en los próximos años. Según el último informe sobre la pobreza del Banco Mundial, publicado en 2020, el número de personas bajo el umbral de la pobreza extrema (renta diaria inferior a 1,90 US$) se cifraba en 689 millones en 2017, 432 millones de ellos viviendo en países del África Subsahariana que, como el Gráfico 1 muestra, es la única región del mundo donde se ha registrado un aumento importante de la pobreza desde 2015.

«La inmigración es ya un grave problema en la UE y todo apunta a que lo será incluso más en los próximos años«

El cambio climático y los conflictos bélicos son dos factores que explican por qué la reducción de la pobreza registró una desaceleración a nivel global en el período 2012-2017, impulsada al alza por el notable aumento del número de pobres en los países del África Subsahariana y los desplazados por la guerra la guerra en Siria. La irrupción del virus Covid-19 en 2020 es una nueva variable que el Banco Mundial estima puede aumentar la pobreza extrema en cerca de 90 millones de personas en los próximos años y da ya por sentado que la situación empeorará en los próximos años y considera inalcanzable el objetivo de reducir la pobreza extrema por debajo del 3% de la población en 2030.

La frontera sur de la UE es África y resulta, ante esta perspectiva, casi una perogrullada decir que la UE no podrá absorber la avalancha de decenas de millones de migrantes africanos en la próxima década sin comprometer aún más los niveles de vida de sus ciudadanos y poner en riesgo la estabilidad social. En un contexto de bajo crecimiento crónico y elevadas tasas de paro en muchos países europeos desde hace décadas, con las economías ahora golpeadas por la Recesión Epidémica y tensionadas por el fuerte crecimiento de la deuda pública, resultará de todo punto imposible incorporar a millones de inmigrantes no cualificados al mercado laboral y seguir engrosando la factura del estado de bienestar con cargo a deuda.

Las prioridades de la UE en la próxima década

El Cuadro 1 presenta las prioridades presupuestarias de la UE tal y como aparecen reflejadas en el acuerdo final alcanzado por las instituciones europeas el pasado 10 de noviembre que refuerza el alcanzado en la reunión del Consejo celebrada el 21 de julio. En la segunda columna figuran las partidas incluidas en el presupuesto plurianual de la Union (Multiannual Financial Fund, MFF) para el período 2021-2027, por una cuantía total de 1.074.300 millones de euros; en la tercera columna, figuran las cuantías procedentes del fondo específico NuevaGeneraciónEU creado en respuesta al Covid-19 (Next Generation EU, NGEU), por un total de 750.000 millones de euros.

Además de los recursos tradicionales que nutren el presupuesto de la Unión, IVA e impuestos sobre las importaciones, la Unión prevé contar con un recurso nuevo basado en el Sistema de permisos de emisiones (Emissions Trading System) a proponer antes de junio de 2021, dos nuevos impuestos (Carbon border adjustmen mechanism and Digital levy) a proponer antes de junio 2021 e introducirse antes del 1 de enero de 2023, y otro impuesto sobre transacciones financieras (Financial Transaction Tax) a proponer antes de junio de 2024. El nuevo fondo, NGEU, se financiará íntegramente emitiendo deuda, y se empleará para financiarlos planes remitidos por los Estados miembros a la Comisión, 52 vía transferencias y 48% en préstamos a amortizar antes de 2057.

El 30% del gasto total de ambos fondos, en torno a 547.300 millones, se destinará a financiar programas «para combatir el cambio climático» y como puede apreciarse en el Cuadro 1 tan sólo 22.700 millones de 1.824.300 millones, esto es 1,24%, del total, irán a financiar actuaciones en el área de Migraciones y control de fronteras (Migration and border management) que son junto con los magros fondos destinados a Seguridad y Defensa, 13.200 millones, las cenicientas de las instituciones europeas. Incluso aceptando que una parte del fondo de 98.400 millones, destinado a financiar políticas para promover la prosperidad dentro de la UE y en el resto del mundo (Neighborhood and the World), se dedique a financiar programas de cooperación en el Norte de África y en los países del África Subsahariana, resulta difícil escapar a la conclusión de que ésta no es una de las prioridades de las instituciones europeas para la próxima década.

«Tan sólo 22.700 millones de 1.824.300 millones, esto es 1,24%, del total, irán a financiar actuaciones en el área de Migraciones y control de fronteras»

Frustración y descontento

El éxito del Trumpismo en Estados Unidos y de los partidarios del Brexit en el Reino Unido se explican en buena parte por la reacción de una parte de la sociedad contra de la llegada de inmigrantes, y algo parecido podría decirse del crecimiento de algunos partidos políticos en Alemania y Francia, en Italia y España, en Austria y Grecia, etc., que han convertido en bandera su oposición a las actuales políticas de la UE en materia de inmigración, aunque tal vez sería más adecuado describir la situación actual como la ausencia de una política coordinada y rigurosa para hacer frente a un fenómeno que, junto con los magros resultados económicos, está produciendo frustración en las cada vez más adelgazadas clases medias en muchos países europeos.

Los acomodados ciudadanos de la UE no paramos de sufrir un revolcón tras otro en este turbulento y para nosotros nada benévolo inicio de siglo XXI. Sufrimos, a finales de la primera década, la peor crisis económica y financiera (2008-2013) desde la Gran Depresión (1929-1937) y cuando volvíamos a mirar al futuro con renovada confianza a finales de 2019, nos ha golpeado la peor crisis sanitaria padecida en muchas décadas y la recesión económica más profunda desde hace un siglo. Quizá por ello a quienes seguimos todavía en la brecha se nos ha quedado cara de bobo al contemplar los destrozos producidos en el patio de casa por el virus Covid-19, y la incapacidad manifiesta de la clase política en su conjunto y las actuales instituciones de gobernanza de la UE para afrontar con prontitud y eficacia retos de tanta envergadura.

Aunque las dos últimas crisis han hecho aflorar debilidades escondidas bajo las alfombras, lo cierto es que casi todos los países que protagonizaron ‘milagros económicos’ en Europa tras el final de la segunda Guerra Mundial, España entre ellos, arrastraban bastantes problemas desde al menos 1974-75, con sus economías lastradas por bajas tasas de crecimiento económico y creación de empleo, elevadas tasas de paro y niveles de deuda muy elevados. No obstante, la mayoría de los ciudadanos en la UE vivían confiados en mantener sus estilos de vida y niveles de bienestar, ajenos a las consecuencias de la erosión creciente de las clases medias ocasionada por el fulgurante despegue de algunas economías emergentes con bajos salarios, principalmente China, y a la llegada en gran número de emigrantes con una culturas y actitudes muy distintas a las de sus ciudadanos. No está siendo así y el empobrecimiento de las clases medias es un hecho constatado en varios países que la crisis del Covid-19 y la severa recesión económica en que se han adentrado la mayoría de las economías en la UE agravará.

Pero lo que está en juego no son meramente cuestiones de carácter estrictamente económico sino también la pervivencia de valores como la libertad de expresión, la separación de Estado e Iglesia, la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia entendida como respeto al otro, etc., conquistados con gran esfuerzo después de siglos de oscurantismo, intolerancia, violencia y guerras. Por ello, resulta crucial asegurar que los inmigrantes aceptan esos valores mínimos que conforman la cultura europea. Y ningún ciudadano europeo debería sentirse coartado a la hora de expresar sus opiniones en un ensayo, una novela, una revista satírica o en las aulas, mucho menos temer por su vida al hacerlo. Resulta un tanto cómico que se reivindique, por ejemplo, la igualdad de género desde la presidencia de Comisión Europea, pero se guarde un ominoso silencio sobre la sumisión a que están sometidas la mujeres a los varones en las culturas de algunos inmigrantes.

«Ningún ciudadano europeo debería sentirse coartado a la hora de expresar sus opiniones en un ensayo, una novela, una revista satírica o en las aulas, mucho menos temer por su vida al hacerlo.»

Reordenar prioridades y diseñar nuevas políticas en la UE

A los problemas que venían arrastrando casi todas economías europeas desde 1975, acentuados por la deslocalización de la producción hacia economías con salarios bajos a partir de los años 90, se han sumado ya en el siglo XXI los efectos desastrosos de la Gran Recesión (2008-2013) y ahora de la Recesión Epidémica. En este contexto de bajo crecimiento crónico, altas tasas de paro y elevado endeudamiento de los Estados, las clases medias han ido perdiendo peso y el descontento social ganando terreno. A pesar de todo, la UE continúa siendo un paraíso en el imaginario de muchos migrantes africanos dispuestos a realizar enormes sacrificios, incluso a dejarse la vida por el camino, para llegar hasta aquí con la esperanza de salir de la pobreza.

Terminaba mi artículo de hace dos semanas advirtiendo que «las tecnologías limpias y la digitalización sin más no van a resolver los tremendos retos a los que se enfrentan las acomodadas y envejecidas sociedades europeas, amenazadas no tanto por la globalización como por la falta de determinación de sus gobernantes para abordar los desajustes y problemas que ésta ha creado». A la deseabilidad de reordenar las prioridades económicas para no lastrar la competitividad de las empresas localizadas dentro de las fronteras de la Unión, y de mejorar la gobernanza para que las autoridades europeas puedan negociar de tú a tú con Estados Unidos y China, añadiría hoy la urgencia de incluir entre las prioridades de la UE la lucha contra la pobreza en África y el control de los flujos migratorios en las fronteras de la Unión.

El previsible aumento de la pobreza en África en la próxima década y el consiguiente aumento de los flujos migratorios que ocasionará, merecen mucha más atención y recursos de los que reciben por parte de las instituciones de la UE Es preciso poner en marcha ambiciosos proyectos de inversión y cooperación en aquellos países donde se originan los flujos migratorios para retener allí a la población, informar con realismo y transparencia de los riesgos del viaje y cuál será su situación al llegar al destino, colaborar con las autoridades locales para combatir las mafias que controlan el tráfico de personas, y restringir la entrada en la Unión sólo a quienes tengan permiso de trabajo para facilitar su integración en el país receptor. En otro caso, nos veremos abocados a lidiar con continuas avalanchas de inmigrantes que encontrarán difícil acomodo en economías no demasiado boyantes, con unos Estados ya muy endeudados, y unas sociedades frustradas y descontentas, pasto propicio para la xenofobia y los movimientos populistas.