El pensador malagueño Manuel Toscano (1963) alterna su labor como profesor de filosofía moral en la Universidad de Málaga con su tarea como articulista en el diario Vozpópuli, donde examina con una desusada meticulosidad el cada vez más convulso escenario político español. En Elliberal.cat hemos charlado con él sobre la polémica en torno a ley Celaá, los pactos con Bildu, la derrota de Trump o la cultura de la cancelación.
La enmienda de PSOE, Unidas Podemos y ERC que ha borrado la referencia al castellano como lengua vehicular en la ley Celaá ha levantado una amplia polémica. ¿Con motivo?
Lo hay, por mucho que los portavoces gubernamentales repitan que no cambia nada. Lo malo justamente es que deja las cosas como están. Lo que vemos en los centros educativos de Cataluña es un régimen monolingüe en catalán donde el español es tratado como una lengua extranjera, que sólo se utiliza dos o tres horas a la semana. Que suceda en una sociedad con dos lenguas oficiales, y que la lengua excluida sea además la lengua mayoritaria de la población, eso no se ve en ninguna parte. Ahí sí que tenemos una anomalía democrática, pues se están conculcando los derechos lingüísticos que asisten a los ciudadanos catalanes. Alguna vez se lo he explicado a algún colega extranjero y no se lo podía creer.
«La expresión ‘lengua propia’ es indisociable de la concepción nacionalista de la lengua, que contempla ésta como seña de identidad de un pueblo distinto. Por eso corrompe la política lingüística, pues convierte a la lengua en palanca al servicio de la construcción nacional»
Manuel Toscano
Por lo demás, el debate sobre la enmienda ha estado lleno de falsedades. Casi agradece uno la franqueza con que los independentistas la celebran como un triunfo. Se dice que la referencia al castellano como lengua vehicular era un invento del PP, cuando es el Tribunal Constitucional quien sostiene que tal reconocimiento se deriva de la cooficialidad de ambas lenguas. Es más, expresamente establece que los poderes públicos competentes en materia de enseñanza están constitucionalmente obligados a reconocer que el español ha de ser lengua vehicular y medio de comunicación en el sistema educativo, sin que quepa relegarlo a mero objeto de enseñanza. Pues bien, con la ley Celaá el legislador rechaza dar cumplimiento a esa obligación y con ello a proteger los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes en Cataluña. De ahí, claro, los subterfugios.
Por otra parte, la asignatura de Lengua Cooficial pasará a llamarse en la nueva ley Lengua Propia, un concepto con el que usted se ha mostrado crítico. ¿Por qué?
Es un cambio de denominación significativo, propuesto por el PNV por más detalle. Al fin y al cabo, la expresión lengua cooficial recuerda que hay otra que es también oficial. En cambio, con la noción de lengua propia se marca sibilinamente otro contraste, no ya entre lo particular y lo común, sino entre lo que es propio y lo que es ajeno, lo que es de aquí y lo que viene de fuera. Se sugiere así que el euskera es la lengua propia de los vascos, aunque una gran mayoría de ellos tenga el español como lengua materna y de uso habitual. Si el sintagma lengua propia no hace referencia al uso social de la lengua, como sucede, no tiene otro sentido que el de marcador identitario: «es la lengua de tu comunidad, luego es tu lengua, aunque no la hables». Ahí está la semilla de una identidad obligatoria.
«El separatismo necesita presentar la democracia constitucional española como un régimen autoritario que reprime las libertades de los catalanes. Sin eso, se le cae el relato y la justificación de la secesión»
Manuel Toscano
La expresión es indisociable, por tanto, de la concepción nacionalista de la lengua, que contempla ésta como seña de identidad de un pueblo distinto, con independencia de cual sea la lengua real que usan los ciudadanos. Por eso corrompe inexorablemente la política lingüística, pues convierte a la lengua en palanca al servicio de la construcción nacional. Lo que importa entonces no es gestionar de la manera más justa y eficiente los derechos lingüísticos de los ciudadanos en una sociedad plurilingüe, sino de ahormar una sociedad plural en el molde del pueblo homogéneo que imaginan los nacionalistas. Quien se opone a la ingeniera social nacionalista debe empezar por rechazar sus términos.
Los medios nacionalistas suelen referirse a La operación Voloh —que investiga el entramado financiero del procés y la corrupción vinculada al mismo— como a un acto de «represión» del Estado contra el separatismo. ¿Puede entenderse así?
Lo sorprendente sería que dijeran otra cosa. Para los independentistas catalanes cualquier investigación judicial que les afecte es persecución política. Lo vimos cuando el juicio en el Supremo a los líderes de la intentona secesionista: que fueran condenados por un tribunal independiente, tras un juicio celebrado con todas las garantías exigibles en un Estado de derecho, no fue impedimento para que siguieran presentando a los encausados como mártires de la libertad. Forma parte del agitprop independentista. Necesitan presentar la democracia constitucional española como un régimen autoritario que reprime las libertades de los catalanes. Sin eso, se les cae el relato y la justificación de la secesión.
Para ello necesitan deslegitimar la justicia. No es casualidad que sus iras se concentren en dos instituciones, la monarquía y el poder judicial, que desempeñaron un papel importante a la hora de detener la aventura secesionista. Lo preocupante es que otros fuera de Cataluña les sigan el juego.
Según el ministro Ábalos, «Bildu ha tenido más responsabilidad que el PP con los presupuestos». ¿Es una comparación razonable?
No sé si todas las comparaciones son odiosas, pero algunas retratan a quien las hace. Asisto perplejo al intento de la coalición gubernamental por presentar a la formación abertzale como un socio parlamentario perfectamente respetable. No es sólo que no condene el terrorismo y organice homenajes a etarras, es que su objetivo declarado es «tumbar el régimen». Comprendo que sea un socio preferente para Unidas Podemos, que comparte desafección por el régimen del 78, pero no puedo entender al partido socialista. O si lo entiendo es peor.
«Asisto perplejo al intento de la coalición gubernamental por presentar a la formación ‘abertzale’ como un socio parlamentario perfectamente respetable. No es sólo que no condene el terrorismo y organice homenajes a etarras, es que su objetivo declarado es «tumbar el régimen»».
Manuel Toscano
Llaman la atención argumentos como «es un partido legal» o «ya no matan». Espero que no acabe por ser un mérito que renuncies a eliminar al adversario político. Me pregunto si de fondo no estará la idea de que todos los fines son legítimos en política y que sólo son rechazables los medios violentos. Es una idea tan tonta como pensar que todas las opiniones son igualmente aceptables.
Por su parte, Inés Arrimadas ha tendido la mano hasta el final a Pedro Sánchez para que éste no pactase los presupuestos con Bildu y Esquerra. ¿Ha hecho bien la líder de Cs?
A Pedro Sánchez le gusta presentar las cosas como si no tuviera alternativa, atribuyendo la responsabilidad de lo que hace a los demás. Ante la negativa de la derecha a pactar, no le quedaría otra que buscar los votos de Bildu y ERC. El gesto de Arrimadas me parece inteligente para demostrar que sí tiene elección, que en el centro cuenta con un interlocutor fiable dispuesto a llegar a pactos, a pesar de lo cual prefiere gobernar con el apoyo de fuerzas que quieren destruir el actual régimen constitucional. ¿Hará mella en el electorado socialista y atraerá votantes socialistas desengañados hacia Ciudadanos? Lo dudo.
Según una encuesta reciente, mientras la mitad de los votantes de izquierdas califican de buena o muy buena la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria, la mayoría de los votantes de centro o derecha la valoran muy negativamente. ¿Cómo se explican visiones tan antagónicas?
Es la manifestación visible de cómo funciona la polarización política: cuando la distribución de opiniones se configura en torno a dos bloques antagónicos crece el sentimiento de rechazo hacia el adversario y cada bloque tiende a alejarse del otro. Una vez puesta en marcha, es difícil sustraerse a esa dinámica, que reduce los matices en el interior de cada bloque o succiona las posiciones intermedias. Peor aún, la política se vuelve una cuestión de identidad, de pertenecer al club moralmente correcto; o sea, a los míos.
«Estoy en contra de la cultura de la cancelación, como cualquiera que valore la importancia de la libre discusión y entienda que la libertad de expresión ampara a quien dice cosas que consideramos detestables. Mal vamos si, en lugar de refutar al adversario, nos dedicamos a silenciarlo»
Manuel Toscano
La causa de todo esto probablemente hay que buscarla en la irrupción de los nuevos partidos a partir de 2014, pues trasladó la competición del centro hacia derecha e izquierda. Añádanse al viejo sectarismo las redes sociales, verdaderas máquinas de polarización y exhibicionismo moral. No es un fenómeno exclusivamente nuestro, basta ver las opiniones discordantes de republicanos y demócratas hacia la Covid-19, pero es preocupante que una revista médica como The Lancet nos señalé como una sociedad cuyo alto grado de polarización dificulta la gestión de la pandemia.
Pablo Iglesias promovió en Bolivia un manifiesto en contra del «golpismo de ultraderecha». Pero, ¿no debería el vicepresidente condenar también el golpismo de izquierda?
Recordemos que lo hizo en un viaje oficial al que, según sus palabras, lo acompañaba el Rey. Es también un problema de formas, que son importantes cuando uno es vicepresidente del Gobierno. Por lo demás, poco sorprende el manifiesto en un leninista confeso que nunca ha ocultado sus simpatías por dictaduras y movimientos populistas abiertamente iliberales. De fondo, está su creencia en la hiperlegitimidad moral de la izquierda, que casa mal con el pluralismo consustancial a la democracia liberal.
Pese a haber perdido las elecciones, 70 millones de estadounidenses votaron a Donald Trump, un candidato, en palabras de Siri Hustvedt, «fanfarrón, mezquino, descaradamente racista y misógino». ¿Cuál es la explicación?
No conozco lo suficiente la sociedad estadounidense como para hacer un diagnóstico. Prueba de ello es que nunca creí que Trump pudiera ganar las primarias del partido republicano ni que fuera a ganar después las presidenciales. Confieso mi perplejidad por que un personaje así haya ocupado la más alta magistratura de la democracia americana. Es un síntoma de la ‘berlusconización’ de la política actual, pero también una prueba de que lo que importa es la fortaleza de las instituciones.
El actor Johnny Depp ha sido despedido de la saga Animales Fantásticos tras perder el juicio con The Sun por llamarle maltratador. ¿Qué opinión le merece la denominada cultura de la cancelación?
Intentos de censurar siempre han existido, aquí lo interesante es ver el modo en que opera, con llamadas al boicot y linchamientos mediáticos, y las razones con las que se justifica, en nombre de los oprimidos y de la justicia social. Naturalmente estoy en contra, como cualquiera que valore la importancia de la libre discusión y entienda que la libertad de expresión ampara a quien dice cosas que consideramos detestables. Mal vamos si, en lugar de refutar al adversario, nos dedicamos a silenciarlo.
