Este martes salía a la luz pública que el Servicio Estatal Público de Ocupación (SEPE) no ha pagado al 85% de los desempleados desde el pasado 12 de agosto en la provincia de Barcelona. Este retraso de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de ocupación se debería a un aumento del volumen de trabajo “sin precedentes” de los ERTE de la primera y segunda ola, junto al flujo de nuevos parados que ha provocado la crisis del COVID-19 y al recorte de plantilla cronificado durante años. Tal y como ha informado El Periódico, más de 100.000 nuevos trabajadores han resultado afectados por un nuevo expediente de suspensión, de manera que su prestación de desempleo no se reconocería ni abonaría hasta el próximo 10 de diciembre, como muy pronto.
«Desidia en la dotación de personal desde el Gobierno central»
“Denunciamos la situación de colapso que soportan las oficinas del SEPE y que han derivado en retrasos de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de ocupación en las oficinas del servicio estatal de ocupación de la demarcación de Barcelona. Todo esto es consecuencia de años de desidia por parte de la Administración General del Estado en la dotación de personal”, ha explicado Silvia Faja, secretaria Administración General del Estado-FeSP-UGT de Catalunya.
Desde hace 10 años, la plantilla del SEPE en Cataluña se ha visto reducida un 35%, a lo que cabe añadir una carga de trabajo multiplicada un 600% debido a la pandemia
Desde hace 10 años, la plantilla del SEPE en Cataluña se ha visto reducida un 35%, a lo que cabe añadir una carga de trabajo multiplicada un 600% debido a la pandemia, según el sindicato. “Las nuevas contrataciones efectuadas no consiguen paliar el déficit existente. Algo similar pasa con las oficinas del INSS, que han perdido un 20% del personal desde el año 2010, y que acusan ahora el incremento de carga de las tramitaciones del ingreso mínimo vital (IMV) y la gestión de clases pasivas con muchos menos efectivos”, ha añadido.
Faja también ha comentado que la Administración implanta nuevos programas informáticos para agilizar los trámites, pero que existe un elevado porcentaje de la población que desconoce su funcionamiento, cosa que provoca muchos retrasos. Este uso de los nuevos programas informáticos también requiere de una especialización por parte de los trabajadores públicos. “Ahora nos encontramos con que ‘llueve sobre mojado’: el personal ya sobrepasado por la situación sufre la protesta legítima de una población que precisa más servicios y atención que nunca”.
