En el Proyecto de Presupuestos del 2021 el Gobierno ha incluido un incremento del 0,9% para las retribuciones de los empleados públicos y para las pensiones. En el actual escenario, una decisión como esa merece una reflexión.
¿Cuántos empleados hay en las administraciones publicas?
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas hay 2.598.000 personas al servicio de dichas Administraciones. El 58% en Comunidades Autónomas, el 22% en Ayuntamientos y Diputaciones y sólo el 20% en la Administración Central.
Sin embargo, según la Encuesta de Población Activa, el número de asalariados de las Administraciones Públicas asciende a 3.064.000. No se incluyen aquí los trabajadores de las empresas públicas, que son 160.000.
¿Cuánto cuestan estos empleados públicos?
Está más claro el coste total que estos empleados suponen para las Administraciones Públicas. En 2019 dicho coste ascendió a 134.000 millones de euros (367 millones de euros diarios).
¿Cuánto nos gastamos en pensiones?
En España se pagan 9,8 millones de pensiones. Entre ellas hay, en números redondos, 6,1 millones de pensiones de jubilación, 2,3 millones de viudedad y 1 millón de incapacidad. Además, hay que computar los funcionarios jubilados que cobran sus derechos pasivos fuera de la Seguridad Social.
Lo que también está claro es la cifra del gasto total por pensiones de ambos colectivos: 160.000 millones de euros (438 millones de euros diarios).
En total: 294.000 millones de euros anuales
Así pues, en conjunto estamos hablando de un gasto de 294.000 millones de euros anuales (805 millones de euros diarios). Una subida del 0,9% implica 2.646 millones de euros de mayor coste para 2021.
En que contexto se aprueba este incremento
Este incremento del gasto público en retribuciones y pensiones se produce en un contexto de catástrofe total de las cuentas públicas. Sólo un dato: para poder hacer frente a todos los gastos extraordinarios derivados de la pandemia (ERTEs, sanidad, desempleo…) el Estado ha tenido que pedir dinero prestado en cantidades astronómicas. A 31 de diciembre de 2019 la deuda pública era 1,19 billones de euros. Nueve meses después, a 30 de septiembre de este año era 1,29 billones (27.400 euros per capita).
De este modo, el endeudamiento neto adicional del Estado se ha visto incrementado, entre 1 de enero y 30 de septiembre, en 100.000 millones de euros o, para verlo mejor, en 370 millones de euros diarios.
Todo lo que se les aumenta a funcionarios y pensionistas sale de aumentar más la deuda pública.
La economía se ha desplomado
Estamos viviendo una recesión sin precedentes en el tejido productivo. A finales de octubre hay registrados 3,8 millones de parados. Además, hay 600.000 trabajadores que siguen en los ERTEs. Y hay varios cientos de miles de autónomos que han tirado la toalla, de demandantes del Ingreso Mínimo Vital y de parados a los que se les ha terminado la prestación. Y siguen produciéndose expedientes de regulación de empleodesoladores. Obviamente, con unas cuentas de resultados penosas, pocos trabajadores que tienen la suerte de tener un trabajo verán incrementadas sus retribuciones para el año 2021. Bastante tienen con mantener el empleo.
En estas condiciones llama poderosamente la atención la subida retributiva de empleados públicos y pensionistas. ¿Vive el Estado a espaldas de la economía? ¿Puede el Estado permitirse lo que casi ninguna empresa está en condiciones de hacer? ¿Es defendible que el Estado haya optado por esa subida a cambio de reducir la oferta de empleo público en un 37%? Recordemos que todo esto se paga pidiendo prestado. Los propios Sindicatos de funcionarios deberían ser los primeros críticos con la subida.
Es necesario reconocer que hoy en día, con la que está cayendo, tener un trabajo es una suerte. Y tener un contrato indefinido mucho más. Y tenerlo de por vida, como pasa con los empleados públicos, es una suerte mayúscula. Lo mismo cabe decir de muchas pensiones.
Los sueldos públicos llevan 3 años por encima del IPC
Los empleados públicos han recibido notables incrementos de sus retribuciones en los tres últimos años, a raíz del muy generoso Acuerdo propiciado por el PP en marzo de 2018. En 2018, 2019 y 2020 la subida ha sido entre un 2 y un 3%, lo que ha supuesto un mayor gasto entre 3.000 y 4.000 millones en cada uno de esos 3 años. Y todo esto, cuando el IPC de 2018 fue de un 1,20%, el de 2019 un 0,80% y el previsto para el 2020 es de un -0,3%. Esto es ganar poder adquisitivo.
Cuanto será el IPC de 2021
El Gobierno prevé que el IPC para el 2021 será el 0,9%. Pero es probable que esté por debajo de esa cifra. Con esta incertidumbre, ¿tiene sentido aplicar ya, desde enero de 2021, un subida del 0,9% a retribuciones y pensiones? Incluso asumiendo la generosidad gubernamental, ¿no hubiera sido más sensato no subir nada ahora y regularizar en enero de 2021 a la vista del IPC del 2021?
Parece que al Gobierno no le preocupa el déficit. Prefiere quedar bien con la gente. Y no decirles la verdad. Pero, si no cambian de chip, nos costará más caro.
El personal sanitario
Lo que hubiera tenido todo el sentido del mundo habría sido contemplar especialmente la situación del personal sanitario aplicándoles un incremento retributivo sustancioso. Y, por favor, que se ponga fin a la penosa precariedad laboral de tantos sanitarios. Todos conocemos casos de enfermeros que encadenan más de cien contratos de trabajo al año. ¿Tan difícil es acabar con esto?
Un detalle para terminar
La subida retributiva del 0,9% se aplicará también a los altos cargos políticos. Sabíamos que no iban a tener ningún detalle. Pero nos dicen que en varias Comunidades Autónomas no se aplicará dicha subida a los altos cargos. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria y Madrid. Muy divergentes políticamente. Quizá convergentes en algo de sentido común.
