Un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat entregado al Parlament señala que el exidrector de la Oficina Antifrau (OAC) Daniel de Alfonso cobró complementos salariales de 2010 a 2016 «sin tener derecho a ellos», y que también los percibieron en ese periodo el director adjunto y los directores funcionales.
El informe, que fiscaliza el trabajo de Antifrau de 2010 a 2018, detalla que De Alfonso cobró en su salario el complemento de calidad, y explica que en 2017 y 2018 -tras su cese- ya no se incluía a los altos cargos de Antifrau en el complemento de calidad que percibe el personal del Parlament, y dejaron de percibirlo.
La Sindicatura añade que desde 2017 también «se establecieron unos criterios objetivos para cada una de las direcciones funcionales, con unos porcentajes y un modelo en que se detallaba para cada persona los objetivos que debía lograr», y critica que hasta 2016 se consideró que las condiciones de los empleados del Parlament eran directamente aplicables al personal de Antifrau, lo que el informe ve no ajustado a derecho.
Complementos de productividad
Además, subraya que los sueldos fijados en las tablas salariales de Antifrau «no se ajustan a la normativa vigente» (en referencia al análisis de las cuentas hasta 2018) y que el director y altos cargos de Antifrau recibieron de 2010 a 2018 los trienios correspondientes al personal de Antifrau fijados en los Estatutos del Parlament y que no correspondían a sus altos cargos, y que en vez de estos debieron percibir los fijados para la carrera judicial y los funcionarios de la Generalitat.
También señala que, entre 2010 y 2018, las retribuciones de Antifrau no preveían ningún complemento de productividad, como sí fijan los Estatutos del Parlament, y destaca que el director convirtió este complemento en un complemento retributivo de calidad, lo cual «no se ajusta a derecho».
El informe también revisa los gastos de personal, los contratos menores de 2018 y evalúa la situación, a fecha de 31 de diciembre de 2018, de las observaciones y recomendaciones del anterior informe de la Sindicatura, y la Sindicatura recuerda que Antifrau se creó en 2008 «con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destinación ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular del personal al servicio del sector público».
Medidas de contención
Las conclusiones del informe recogen que, de 2012 a 2016, no hay constancia de que la entidad aplicara medidas de contención del gasto conforme la normativa vigente en el momento, lo que la Sindicatura señala que «condiciona el ajuste a derecho de ciertos gastos en materia de personal como la paga extraordinaria, el complemento de calidad y los tiquets restaurante», y añade que de 2017 a 2018 sí se aplicaron medidas de contención del gasto, de acuerdo con los Presupuestos de la Generalitat de 2017, prorrogados para el año siguiente.
Por todo, la Sindicatura recomienda a Antifrau fijar una estructura retributiva acorde con los Estatutos del Parlament, considera que «debería concretar y regular en su normativa la figura del alto cargo», y ve necesario que la entidad formalice un contracto de subarriendo con la Generalitat por el edificio donde tiene la sede.