La violencia desatada en las calles de algunas ciudades de España en las últimas noches ha pillado por sorpresa tanto a la izquierda como a la derecha. Unos y otros se acusan mutuamente de estar detrás de unas manifestaciones que, aparentemente, han surgido en las redes sociales y que se están caracterizando por la agresividad de sus participantes. Cataluña no iba a ser menos en esta situación y, como era de esperar, el separatismo no ha dudado en culpar a la derecha y a la extrema derecha de ostentar la autoría de las protestas. Unas protestas que el pasado viernes se saldaron con una veintena de detenidos en Barcelona y numerosos destrozos en el mobiliario urbano, incluyendo los cristales de la planta baja del Ayuntamiento de la capital catalana y el saqueo de un establecimiento de Decathlon.
A la culpabilización de la derecha ha contribuido un tuit del diputado de Vox por Barcelona y número 1 de la candidatura de esta formación al Parlament, Ignacio Garriga, quien se refirió a los manifestantes como «trabajadores en el paro, padres sin nómina para alimentar a sus hijos, autónomos que no tienen trabajo y que hoy [por el viernes] han visto su cuota aumentada». «Españoles corrientes de Barcelona», añadió, «hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria». Posteriormente ha dicho que en ningún caso ampara la violencia.
El presidente interino de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, por su parte, utilizó también Twitter este fin de semana para «rechazar toda expresión violenta y de odio«, a pesar de que admitió que su obligación es «escuchar y dar respuesta a las dificultades y malestares, también los que se expresan en las calles».
Resulta siempre llamativo cómo las manifestaciones violentas son aceptadas o rechazadas en función de quienes las promueven. Pero, en el caso de Cataluña, lo es aún más cuando se tiene en cuenta que la misma Generalitat ha apoyado en otras épocas movilizaciones igual de agresivas y con peores consecuencias. Así sucedió en 2019, con motivo de la publicación de la sentencia contra el referéndum ilegal del 1-O, que condenó a prisión a buena parte de los líderes del separatismo.
Torra y su famoso «apreteu»
Con el entonces presidente Quim Torra al frente, la institución dio alas a miles de separatistas dirigidos por la entonces anónima organización Tsunami Democràtic. Solo un año antes, el mismo Torra había animado a los Comités en Defensa de la República (CDR) a intensificar sus protestas, con aquella famosa frase de «apreteu i feu bé en apretar» (apretad y hacéis bien en apretar). Torra tardó más de una semana en condenar a los violentos y lo hizo en una entrevista con la CNN y tras numerosas presiones del Gobierno central. «A mí no me representa la violencia, en absoluto», dijo, «y la condeno».
Poco hizo también la Generalitat contra otras acciones violentas protagonizadas por los separatistas como las algaradas en los alrededores del Camp Nou en diciembre, mientras se jugaba el Clásico y Tsunami Democràtic protagonizaba la performance del Spain, sit and talk desde las gradas del estadio. Lo mismo sucedió cuando los CDR decidieron cortar el tráfico en importantes puntos de la red viaria catalana aquellas semanas sin que la institución interviniera para evitarlo.
Los manifestantes ahora piden libertad y protestan contra las medidas adoptadas por la Generalitat en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Restricciones que están poniendo en juego la economía cuando, por ejemplo, se ordena el cierre de bares y restaurantes durante dos semanas a pesar de que se trata de establecimientos en los que no está tan claro que se produzcan los contagios. Restricciones que, sin embargo, no afectan a la hora de ejecutar desahucios de familias con menores. Y fueron precisamente estas dos protestas, las de los arruinados por la crisis y las de los desahuciados, las que coincidieron el viernes en Sant Jaume y de las que surgieron los grupos violentos que protagonizaron la noche, junto al avispado Hussein que intentó vender en Wallapop la bicicleta que había robado en Decathlon tras reventar la puerta del establecimiento junto a otros jóvenes.
Todos ellos han sido calificados por buena parte del separatismo como «extrema derecha» o «neonazis». Así lo han hecho, por ejemplo, la ex cupaire Mireia Boya o el fotógrafo separatista Jordi Borràs. Dos personas estrechamente vinculadas al independentismo más radical y que, en otras ocasiones, han mostrado comprensión, cuando no directamente apoyado, a acciones de los extremistas separatistas contra, por ejemplo, las sedes de Ciudadanos.
Colau, a favor de los desahuciados
Llamativo es, por otro lado, el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El Consistorio aprobó en 2017 una moción de rechazo a la ocupación de Palestina por parte de Israel. Una moción que, además, promovía la ruptura de relaciones económicas con el país judío mediante la incorporación de cláusulas en contratos con la Administración que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. La propuesta contó con el apoyo de los comunes, ERC, PSC y la CUP. En la noche del viernes se hicieron un par de pintadas contra los judíos que fueron condenadas rápidamente por la alcaldesa, adjudicándolas a «fascistas» y anunciando que el Consistorio denunciaría los hechos ante la Fiscalía como delitos de odio.
Sin embargo, y sorprendentemente, Colau se mostró comprensiva con quienes habían reventado las cristaleras del Consistorio, vinculando a los autores con los manifestantes contra los desahucios. «Seguiremos rechazando toda forma de violencia», tuiteó la alcaldesa, «trabajando para parar todos los desahucios de familias vulnerables y haciendo parques para niños. Frente a la crisis, más que nunca, defenderemos una Barcelona de cuidados«.
