La ANC lanza una campaña para pagar los impuestos a Catalunya y no al Estado, titula el Periódico. Muchos otros medios dicen lo mismo. En realidad, no se trata de dejar de pagar al Estado sino de ingresar la cantidad a pagar en la Agència Tributària de Catalunya para que ésta a su vez la abone a la hacienda española.
La ATC sirve para recaudar los impuestos propios de la Generalitat —es decir: sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales, sobre el juego, etc— pero también puede actuar como gestor en la recaudación de otros impuestos que se pagan directamente la Agencia Tributaria español, como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades.
¿Alguien va a obtener algún beneficio con esto? No. El contribuyente (o su gestoría) no se va a ahorrar trabajo; al contrario, va a tener que hacer una gestión más. Y los funcionarios de la ATC van a tener que hacer más trámites; si la campaña tuviera éxito, tal vez habría que convocar oposiciones.
Pero la iniciativa de la ANC, Jo pago a Catalunya, sin duda con el beneplácito del gobierno de la Generalitat, o viceversa, tiene un objetivo intangible: dar vueltas a la idea de la soberanía fiscal.
«¿Qué es la soberanía fiscal?
»Es una acción de apoderamiento ciudadano que consiste en pagar nuestros impuestos, habitualmente recaudados por la hacienda española, a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).»
No se entiende qué significa apoderamiento en este contexto. Los impuestos son los mismos, y ni siquiera hay manera de conseguir una rebaja o una moratoria. Al contrario, «te recomendamos realizar el ingreso a más tardar 10 días antes de la finalización del plazo de su presentación».
No hay ningún problema legal para el contribuyente, dice explícitamente la ANC, «porque pagando los impuestos a la ATC ya estás cumpliendo con tu obligación tributaria. Es ésta, como intermediaria, quien debería transferir los impuestos a España.»
¿Cuál es pues el objetivo real de la campaña? «Situar al Gobierno [catalán] en una posición de fuerza de cara a la ruptura con España. La parte de la recaudación que controle Cataluña ya no la controlará España.»
La idea sería pues, en un momento dado, no transferir los impuestos de los ciudadanos catalanes a la hacienda española como argumento de presión. Es decir, lo que el diccionario define como desfalco: «Tomar para sí un caudal que se tenía bajo obligación de custodia.»
Es fácil imaginar que si ese supuesto se produce el gobierno español aplicaría el 155 o lo que hiciera falta, con más celeridad incluso que ante una declaración de independencia.
