La madrugada del jueves al viernes entrarán en vigor, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya así lo ratifica, las nuevas restricciones impuestas por la Generalitat para frenar el aumento de contagios, así como la tasa de rebrote de COVID-19. El Govern ha dado a conocer nuevas medidas que afectan, de lleno, al sector de la hostelería y la restauración, que se vería obligado a cerrar durante 15 días. Únicamente se podría repartir comida a domicilio, aunque no todos los establecimientos cuentan con servicio de delivery. Los hoteles con restaurante solo podrán atender a los clientes ya alojados, mientras que el aforo de los espacios comunes se restringiría a la mitad.
El Departament de Salut cree que el cierre de estos locales dificultará la movilidad e impedirá la interacción social, y así se podría frenar la curva. Pero lo cierto, es que el sector ya está «muy tocado» en la comunidad autónoma y todavía no se ha recuperado de las pérdidas que experimentó durante el estado de alarma y el posterior confinamiento.
«No entendemos cómo se adoptan medidas de cierre sin presentar, al mismo tiempo, un plan de ayudas económicas acordadas con las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo en Cataluña bajo el Consejo del Trabajo Autónomo en Cataluña«
Fuentes de CTAC Autónomos y UGT Catalunya.
Pequeños empresarios y autónomos, en la cuerda floja
Tras anunciar estas medidas, patronales y sindicatos no entienden cómo se puede ordenar el cierre de un sector, sin poner un plan de ayudas económicas sobre la mesa. La improvisación del Govern perjudicaría, especialmente, a los pequeños negocios de hostelería y restauración. Más de 50.000 pequeños establecimientos, a cargo de empresarios y autónomos, tendrían serias dificultades para salir adelante, a menos que se les compense por ese parón de 15 días, en principio, según la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC) y UGT de Catalunya. «Por encima de todo está la salud de la ciudadanía, aunque se deba limitar la actividad de la hostelería al reparto de comida para llevar y vetar el uso de locales y terrazas, evitando el peor de los escenarios ante la segunda oleada. No entendemos cómo se adoptan medidas de cierre sin presentar, al mismo tiempo, un plan de ayudas económicas acordadas con las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo en Cataluña bajo el Consejo del Trabajo Autónomo en Cataluña«, han criticado.
Ese plan serviría para preservar la continuidad de los pequeños establecimientos, un colectivo que sigue atravesando momentos muy duros desde que comenzó la pandemia. «Desde CTAC-Autónomos exigimos que se pongan en marcha, de manera urgente, medidas complementarias a las que ya se han adoptado por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones«, han comentado en referencia a la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Medidas «insuficientes» hasta ahora
La prestación extraordinaria por cese de actividad ha sido diseñada como una ayuda para aquellos autónomos que deban parar su actividad de manera temporal por causas administrativas derivadas del COVID-19. Esta prestación es claramente insuficiente para los beneficiarios, ya que solo perciben el 50% de la base mínima de cotización y exoneración de la cuota correspondiente del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «Esta cuantía no cubre, ni de lejos, los alimentos que necesitan ni los gastos fijos -alquiler, suministros o impuestos municipales, entre otros- a los que deberán hacer frente 50.000 familias. Gastos que deberán abonar, aunque no ingresen ni un euro porque sus negocios habrán echado el cierre», han subrayado, aunque insisten en que se les convoque para establecer las ayudas para este colectivo en el ámbito del Consell Català del Treball Autònom, órgano de diálogo social donde se concretan y fijan este tipo de medidas.