Las medidas restrictivas adoptadas por la Generalitat de Cataluña para combatir la pandemia que no cesa han generado inmediatamente una diversidad de comentarios.
El editorial del Punt-Avui —Més esforç i més sacrificis— se muestra comprensivo:
«Todos los indicadores, incluida la evolución en Europa, llevan a la misma conclusión: la segunda ola amenaza ser tanto o más dura que la primera y hay que volver a medidas más drásticas de reducción del contacto social para evitar males mayores, como un nuevo desbordamiento del sistema sanitario u otro confinamiento total.»
Pero no puede evitar el reconocimiento de que algo se ha hecho mal en los últimos meses:
«Todo indica que el gobierno aceleró la desescalada más de lo aconsejable, pero es un hecho que un sector importante de la ciudadanía ha perdido rápidamente la conciencia sobre la magnitud y gravedad de una epidemia que, como estamos viendo, ha mantenido intacta su capacidad de hacer daño.»
Un pueblo cautivo
Salvador Sostres, en Abc, añade las últimas medidas a la secuencia de despropósitos que caracteriza el período histórico que estamos viviendo y concluye que en Cataluña queremos morir de miseria:
«Lo hemos hecho prohibiendo la creación de nuevos hoteles en Barcelona, favoreciendo a los manteros; saltándonos la Ley, quemando containers y ahuyentando de todas las maneras imaginables las inversiones nacionales y extranjeras con toda clase de ataques a la convivencia y a la estabilidad.»
Opina Sostres que «estamos condenando a dos generaciones a la miseria» y que «cerrar bares y restaurantes es un ataque a la economía y a la libertad mucho más letal que cualquier pandemia».
Incluso invoca la segunda guerra mundial para convencer a los catalanes: «Cualquier forma de confinamiento es una forma de apaciguamiento, y la única solución fue Churchill y la única solución fueron los Estados Unidos. No podemos comportarnos como un pueblo cautivo y luego exigirle las vacunas gratis al país y al presidente que tanto hemos insultado.»
Una crisis terrible
Empar Moliner, en el Ara, hace una lista de los oficios vinculados a la hostelería para mostrar a cuánta gente afecta el cierre de bares y restaurantes:
«Si ellos son pobres, no gastarán en teatro, en libros, en música, en ropa para el hogar, en lotería, en muebles. Y entonces el gobierno no ingresará y no podrá pagar debidamente las cosas gratuitas como la sanidad, la radio y la tele, la escuela. Entiendo que el gobierno hace bien, entiendo que las ayudas son finitas. Pero pienso también que la crisis que nos llegará será terrible.»
Promesas incumplidas
En Nació Digital, Joan Serra Carné —Sacrificis i oblits—, recuerda las promesas incumplidas por el gobierno de la Generalitat:
«No hay novedades aún para atender a los padres con hijos en cuarentena que han dado negativo en el test de coronavirus, ayudas que el presidente Torra dijo que asumiría Cataluña si la Moncloa se ponía de perfil, como así ha sido (…) Torra se había negado a suscribir los acuerdos de una conferencia de presidentes porque el Estado no había hecho los deberes. La Generalitat también los tiene pendientes. Y ya estamos en octubre (…) El goteo de aulas confinadas no ha cesado —más bien al contrario— y hace días que los padres afectados hacen malabares para atender a todas las obligaciones.»
Y concluye con una seria advertencia, más seria si se tiene en cuenta que aparece en un medio para nada hostil a los gobernantes actuales:
«El Gobierno puede transmitir valentía política y pedir complicidad a los ciudadanos (…) Pero no puede esconder en el cajón lo prometido antes de la segunda ola. Porque, de lo contrario, se podría llegar a la conclusión de que no se calibran los anuncios o se hacen promesas imposibles de cumplir.»
Las promesas imposibles de cumplir son el pan de cada día en la política catalana desde hace años, pero son más dolorosas cuando afectan a la gestión sanitaria y económica.
Es una decisión política
José Antich, en El Nacional —París y el toque de queda—, cita un mensaje que le hizo llegar «un restaurador, inequívocamente independentista»:
«Lo que nos harán es una decisión política. Nos arruinarán, pero es una decisión política. Como tal, tendrá el 14 de febrero una respuesta política»
Antich compara la situación de Barcelona con la de París, que «está mucho mejor y aplica medidas mucho más drásticas», y con la de Madrid, que, «con unos datos mucho más preocupantes, se opone al estado de alarma que decretó el Gobierno».
Y lanza la siguiente advertencia: «En esta batalla entre los dos modelos, la línea más dura gana en la opinión publicada mientras Ayuso [presidenta de la Comunidad de Madrid] parece que está arrasando en la opinión pública.»
Su conclusión no es nada tranquilizadora para el gobierno catalán:
«El Govern quiere salvar a toda costa la campaña de Navidad y cree que es ahora el momento de tomar medidas que son más impopulares de lo que pueda parecer a la vista de la reacción este miércoles de tantos y tantos sectores afectados. Y eso que la justicia aún no se ha pronunciado y no hay que descartar que eche atrás las medidas que el Ejecutivo catalán quiere implementar. Entonces sí que el desgaste habrá sido muy alto a cambio de un resultado muy pequeño.»
Medidas discutibles
Jordi Juan, director de La Vanguardia —Medidas discutibles—, cree que «es normal que nos preguntemos si era necesario llegar al extremo de cerrar bares y restaurantes, cuando hay otras zonas que están en peor situación y no han tomado esta decisión, o en su defecto otros países han preferido hacer un toque de queda nocturno y dejar que los restauradores no bajen las persianas al mediodía.»
Se muestra comprensivo con las medidas tomadas, pero no pasa por alto hasta qué punto este gobierno se muestra errático en su toma de decisiones:
«Lo que sí nos resulta inexplicable es que el mismo Govern se plantease hace una semana la reapertura de discotecas y salas de baile, cuando las cifras empezaban a empeorar. Menos mal que se rectificó a tiempo.»
Comprensible indignación
El editorial de El Periódico —Sacrificios para detener el virus— nada y guarda la ropa:
«La necesidad de reducir al máximo la movilidad y la actividad social es perentoria: el incremento de contagios es elevadísimo. Pero es comprensible que los damnificados muestren su indignación ante unas medidas que hubieran podido ser menos lesivas si se hubiera actuado a tiempo en otros ámbitos que quizá hayan sido mucho más responsables de la transmisión y con otros medios menos traumáticos.»
También reconoce que, en la situación a que se ha llegado, la administración no está exenta de culpa:
«Los fallos en la gestión de la desescalada y en la detección y el rastreo de casos han dificultado el control de la pandemia.»
La sociedad colgada en el vacío
Vicent Partal, en Vilaweb —El rescat social de la pandèmia: un debat incomprensiblement oblidat—, constata que «los gobiernos continúan aprobando medidas restrictivas y con un fuerte impacto económico (…) pero en todas partes las medidas compensatorias o brillan por su ausencia o son tan vagas e inconcretas que causan decepción».
Aunque los remedios que tiene en mente son más que discutibles —«renta mínima asegurada para toda la población (…) suspender totalmente el cobro de impuestos»—, esta reflexión es fácil de compartir:
«Es evidente que la vida y la salud tienen que pasar por delante de la economía, si es que la disyuntiva se presenta en estos términos. Pero no se puede dejar la sociedad colgada en el vacío, estupefacta ante la situación actual. Y en medio de una sacudida constante. Ahora cierra tu negocio, ahora lo puedes volver a abrir. Ahora gestiona un ERTE. Ahora te complicamos las gestiones. Ahora no sabes si cobrarás. Ahora haz esto. Ahora haz aquello. Y ahora te volvemos a cerrar. O te reducimos el negocio. O…»
