Si hasta hace escasos días Cataluña miraba a Madrid por encima del hombro por las cifras del COVID-19, ahora es esta comunidad la que intenta afrontar como sea la ya oficial segunda ola de la pandemia. El responsable de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ya señaló el domingo que a lo largo de la semana se darían a conocer medidas más restrictivas de las que ya están en vigor para que entraran en funcionamiento el viernes. Avanzó Argimon que, entre otras, se enviaría a los universitarios a casa y se pediría un incremento del teletrabajo. Pero nada se sabía de la disposición seguramente más controvertida. El Govern, con su nuevo presidente a la cabeza, el republicano Pere Aragonés, baraja ordenar el cierre total de bares y restaurantes durante los próximos 15 días.
La noticia la ha dado a conocer El Periódico citando fuentes del Ejecutivo autonómico. Pocos minutos más tarde, otros medios matizaban lo publicado asegurando que la decisión aún no está tomada y que será este miércoles cuando Aragonés, junto con otros integrantes del Govern como Alba Vergés (ERC), dé a conocer la disposición definitiva.
Lo cierto es que algo debían temer al respecto los profesionales del sector. Así, el Gremi de Restauració de Barcelona, por ejemplo, ya había dado a conocer en su cuenta de Twitter su postura por si, finalmente, se acuerda este cierre forzoso. Desde el Gremi se ha recordado que, en los últimos tres meses, este sector ha sido objeto de diferentes restricciones con la excusa de intentar atajar los contagios de COVID-19 minimizando los contactos sociales. Sin embargo, la cifra «no ha hecho más que subir«. «Hay que cambiar de estrategia», han exigido, «y buscar transmisión en otros espacios de sociabilidad que escapan a la supervisión administrativa«.
El Gremi de Restauració, además, ha denunciado que lleva el mismo tiempo esperando medidas de apoyo por parte del Govern. Medidas que, sin embargo, no se han tomado. De ahí que ahora exijan al Govern que «no deje pasar ni un día más sin que la Generalitat afronte el problema del alquiler». «Existen mecanismos legales para corregir esta injusticia», han añadido.
