El nuevo JxCat, liderado por Carles Puigdemont, ha aprobado este domingo su ponencia política en la que, entre otras cuestiones, se compromete a poner en marcha un «fondo de protección para los defensores de la república«. El objetivo es ayudar a que los radicales que hagan acciones por la independencia y puedan ver afectado su patrimonio reciban respaldo institucional. Según el documento, «los ciudadanos y los trabajadores públicos han de ser (hemos de ser) conscientes de que la confrontación, como aquella estrategia política que nos ha de llevar a la libertad de Cataluña, supone sacrificios personales y patrimoniales«. Por ello, este fondo de protección debe servir para «proteger a aquellos que se han puesto al frente» del proceso separatista, implicándose «personalmente en la desbocada represión del Estado español».
En la actualidad, el independentismo sufraga los gastos de buena parte de los procesados por algaradas y acciones vinculadas al procés a través de la llamada Caixa de Solidaritat. Una entidad presidida por Núria de Gispert (Convergència) y Ernest Benach (ERC) y que cuenta con un fondo abultado de dinero procedente de donaciones con el que ha hecho frente a fianzas como la de 4,1 millones reclamada por el Tribunal de Cuentas a una treintena de cargos del Govern de Puigdemont por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Ahora el nuevo líder de JxCat se compromete a crear un nuevo fondo de ayuda para los procesados aunque sin aclarar de dónde procederá el dinero. Considerando la cercanía de las elecciones y que la ponencia política debería ser la base del programa electoral de JxCat, no sería extraño que la propuesta pasara por lograr que sean todos los catalanes los que corran con este gasto.
La ponencia política de JxCat, por otro lado, deja claro que el partido tiene como finalidad mantener vivo el procés. La novedad es que se compromete abiertamente a poner al servicio del mismo a todas las instituciones que dependan de la Generalitat, incluyendo a los Mossos, un cuerpo policial que, hasta ahora, ha logrado esquivar los intentos de los separatistas de convertirlo en una suerte de ejército al servicio de la independencia.
Boicot de obligado cumplimiento
Desde el nuevo JxCat, además, se instará a todos los cargos públicos municipales y provinciales a boicotear lo español en sus ámbitos de competencia. Boicot que, según la ponencia, debe centrarse en las entidades financieras y las empresas energéticas. De este modo, «cada grupo de JxCat en el territorio y las instituciones» tendrá que «plantear acciones concretas» cuya prioridad sea «reducir la dependencia de los oligopolios financieros o energéticos dependientes de Madrid». Algo que será de obligado cumplimiento para «cada cargo electo o de libre designación». El boicot es definido en el documento como «palanca económica» y se considera «fundamental para que la confrontación pacífica con el Estado español sea realmente exitosa».
La formación insiste en su ponencia en la necesidad de convertir el Consell per la República, que preside Puigdemont y que a día de hoy solo ha logrado 91.463 socios (esperaban cerca de dos millones en el momento de su creación), en el órgano que dirija la acción del separatismo a partir de las próximas elecciones. Esta entidad debe servir para controlar la «unidad de estrategia y de acción» del independentismo. Aunque otra posible lectura es que el Consell per la República sea la única manera que tendrá Puigdemont de gobernar, en caso de que gane las elecciones. No se puede obviar que es un fugado de la Justicia y que, aunque pueda concurrir a los comicios liderando la lista de JxCat, no podrá ocupar su escaño en el Parlament dado que, en caso de entrar en España, sería automáticamente detenido.
JxCat, finalmente, renuncia a la celebración de un nuevo referéndum sobre la independencia de Cataluña, salvo que pudiera alcanzar un acuerdo con el Estado. Acuerdo que, en las actuales circunstancias, el partido de Puigdemont no ve posible: «Un nuevo referéndum solo podría tener algún sentido si fuera acordado con el Estado y hubiera las garantías de que este respetará el resultado, cosa que en el actual estado parece imposible». Promete, eso sí, diálogo con el Estado pero presentando como alternativa «asumir la independencia al margen de toda negociación«.
