No parece que las mujeres sean precisamente respetadas en la CUP, el partido más radicalmente feminista del arco parlamentario catalán y, probablemente, del Congreso. Si en su día una de sus líderes, Mireia Boya, abandonó la formación por el presunto acoso psicológico constante de uno de sus compañeros, este domingo se ha sabido que una de las caras más conocidas de la CUP, Quim Arrufat, se fue en 2019 tras ser acusado en dos ocasiones de sendas agresiones sexuales a mujeres cupaires.
Según ha desvelado el digital ARA, Arrufat fue acusado por una agresión sexual dentro del partido sucedida en 2014 y volvió a ser denunciado cinco años más tarde, poco antes de salir de la CUP. Una salida que, según ARA, se produjo para evitar que fuera el partido el que lo expulsase, pues así lo prevé el reglamento de la formación. Y es la existencia de este reglamento o protocolo lo que más llama la atención de este escabroso caso.
La CUP, en un comunicado, ha insistido en su posición feminista y contra el patriarcado pero, en la misma nota, también ha admitido que «se dan casos» de agresiones machistas a mujeres «dentro de la organización». Algo que, en su día, llevó a los cupaires a fijar su propio protocolo de actuación con sanciones incluidas pero que, al parecer, no contempla en ningún caso el animar a las víctimas a recurrir a la Justicia. Un protocolo que, además, sorprende porque llega a calificar cuatro niveles de gravedad de este tipo de agresiones.
Cuatro niveles de agresión sexual
De este modo, el menos grave o nivel 1, serían los comentarios lascivos. El nivel 2 son los casos exhibicionismo o tocamientos no deseados. En el nivel 3 se encuentran los casos de «violación o forzar a prácticas sexuales no deseadas«, mientras que en el nivel 4, el más grave, se encuadran las violaciones con fuerza. En el caso de Arrufat, y siempre según lo publicado por ARA y no desmentido por la CUP, las dos agresiones estarían en el nivel 3 y tendrían como penalización la renuncia del entonces diputado a la visibilidad pública y no poder concurrir a unas elecciones bajo las siglas de la formación. Penalización que, en el caso de la Justicia ordinaria y con el Código Penal en la mano, podría ser de entre 6 y 12 años de prisión.
Cuando se produjo la primera denuncia dentro del partido, la CUP no contaba con un protocolo de actuación al respecto. Sin embargo, una comisión «informal» decidió sancionar al entonces diputado Arrufat por los hechos: no podría coincidir con su víctima en ningún acto; tendría que «realizar un proceso de revisión con un trabajo personal para asumir lo que había hecho» y debería perder presencia mediática.
Es entre 2018 y 2019 cuando la CUP decide formalizar un protocolo propio de actuación al margen de la Justicia. No se puede obviar que las agresiones sexuales no son delitos perseguibles de oficio y que ha de ser la propia víctima la que las denuncie. Algo que, en el caso de las agredidas por Arrufat, no sucedió. Con este nuevo protocolo, se obligó al líder cupaire a retomar «el trabajo terapéutico» y no se volvió a hablar del tema hasta que llegó la segunda denuncia. Ahora la CUP, una vez conocido públicamente el pasado como presunto agresor sexual de Arrufat, se ha limitado a descargar en sus víctimas la responsabilidad de la denuncia ante los tribunales y a presumir de tener sus propias normas al margen de la Justicia y regidas «por un pacto estricto de confidencialidad«. Nada que ver con lo que exige la CUP en otros casos o con la dureza exhibida por el mismo Arrufat, el defensor de las mujeres kurdas, en escándalos sexuales como el de La Manada.
