El bochornoso espectáculo que los dos partidos mayoritarios han dado ante la renovación de los vocales del Consejo del Poder Judicial, tiene ahora un nuevo capítulo, las declaraciones del Presidente del Gobierno anunciando que iniciará los trámites para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Una reforma que permita la elección de los vocales sin necesidad de los votos del Partido Popular, o sea, sin necesidad de consenso. El presidente nos lo vende como la única forma de desbloquear los nombramientos, pero la triste realidad es que es la única forma de extender su influencia en el órgano de gobierno de los jueces, ahora en manos del sector conservador. Es la vuelta al turnismo, es la vuelta al «ahora me toca a mí», como ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.
Los lectores deben saber que todo arranca de una laguna de la Constitución, al no determinar el modo de elección de todos los miembros del Consejo. El artículo 122 establece que el Consejo se compone de 20 vocales, doce de ellos elegidos de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos. Cuando se redactó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial -en 1980– todos interpretaron que los vocales de procedencia judicial debían ser elegidos por los jueces y magistrados en activo y no por las cámaras. Era la forma más democrática y que dotaba de una importante independencia al Consejo, éste era el espíritu de la Constitución, y así se plasmó en la primera Ley Orgánica de 1980.
«Todos interpretaron que los vocales de procedencia judicial debían ser elegidos por los jueces y magistrados en activo y no por las cámaras.»
Pero ello duró poco, la voluntad de controlar el Poder Judicial por el gobierno del Partido Socialista de aquel entonces hizo que, en 1985, se aprobara una nueva Ley Orgánica en la que la totalidad de los vocales eran elegidos por el Senado y el Congreso; y aquí empezó la politización del órgano de gobierno de los jueces que sigue hasta nuestros días. Posteriormente, y a pesar de que en todas las elecciones el Partido Popular ha llevado en su programa la despolitización de la elección de los vocales del Consejo, solo en la segunda legislatura del Presidente Aznar, y después del Pacto de Estado para la Justicia suscrito por PP y PSOE, se modificó la forma de elección de los vocales, manteniendo la elección por las cámaras pero introduciendo una especie de ternas propuesta por las asociaciones judiciales y jueces no adscritos. En definitiva, esta reforma junto con la posterior del Ministro Gallardón, considerada esta última como la peor de todas, lo único que han conseguido es consolidar el turnismo en el Gobierno de los jueces, quien consigue la mayoría parlamentaria quiere también gobernar el Consejo, perpetuando así el control de los dos partidos mayoritarios.
El fracaso de la renovación de los vocales en 2018, y del que provienen los problemas actuales, como consecuencia de la filtración del pacto entre PP y PSOE para que el magistrado Marchena fuera el presidente del Consejo, puso de manifiesto la participación de casi todos los partidos en el cambalache de distribución de vocales, incluso Unidas Podemos quiso su cuota de poder en el Consejo, solo Ciudadanos renunció a proponer ningún vocal a pesar de sus 57 diputados en aquel momento, que le daban una importante cuota, exigiendo que los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos por los propios jueces. Verdaderamente el espectáculo fue bochornoso, lo que llevó a Manuel Marchena a renunciar manifestando que «Jamás he concebido la función de juez como instrumento al servicio de una u otra opción política».
«El presidente Sánchez pretende, según parece, modificar la Ley Orgánica para que en la elección de los 12 vocales judiciales no sea necesario el voto de los 3/5 da las cámaras»
Y ahora el presidente Sánchez pretende, según parece, modificar la Ley Orgánica para que en la elección de los 12 vocales judiciales no sea necesario el voto de los 3/5 da las cámaras, lo cual supondría uno de los mayores atentados a la democracia y a la independencia del órgano de gobierno de los jueces desde la aprobación de la Constitución. Con esa reforma se eliminaría la necesidad de cierto consenso en la elección, que si bien se basaba en cuotas al menos permitía cierta pluralidad; ahora con la reforma que parece querer emprender el Presidente sería un Consejo compuesto por solo los suyos puesto que no haría falta el voto de la oposición.
Hay otra solución, volver al espíritu de la Constitución y para ello deben ser los propios jueces quienes elijan a sus vocales. Así se obtendría el apoyo de Ciudadanos que, como hemos dicho, se niega a participar en la elección de los vocales si no se reforma la LOPJ en este sentido. Además, el Partido Popular se vería obligado ya que, a pesar de no haberlo hecho cuando gobernó, siempre llevó en su programa electoral la elección de los vocales judiciales solo por los jueces, por lo que no podría negarse a la reforma ni a consensuar los vocales que corresponden a las cámaras. Y de paso, pero no de menor importancia, cumpliría el mandato que desde hace varios años exige el Consejo de Europa a España en los informes del grupo GRECO, mejoraríamos nuestra democracia y la independencia de la Justicia. Lo malo es que no veo al actual presidente del gobierno y a sus socios con voluntad de sacar sus manos de la justicia, sino más bien de defender con uñas y dientes la cuota de poder que por turno creen que les toca.
