A pesar de los intentos de JxCat y Carles Puigdemont de alargar la legislatura al máximo tras la inhabilitación de Quim Torra, lo cierto es que el sentido común y las leyes impiden que una comunidad autónoma permanezca en esa situación de bloqueo institucional durante mucho tiempo. Así, al menos, se desprende del informe que los letrados del Parlament Xavier Muro y Joan Ridao han firmado este lunes con motivo de la incapacitación del aún presidente por parte del Tribunal Supremo. Una inhabilitación que será ejecutada en cuanto Torra reciba la notificación y contra la que no cabe ningún tipo de apelación al tratarse de una sentencia firme y haberse desestimado el recurso de casación interpuesto contra la misma.
Sin embargo, según el mismo informe y dada la composición del Parlament y la mala relación entre los actuales socios en el Govern, JxCat y ERC, lo cierto es que los catalanes deberán esperar cerca de dos meses para saber si la Generalitat tendrá un nuevo presidente o presidenta o si, por el contrario, deberán acudir a las urnas. Todo indica que la segunda opción es la más probable por lo que, en plena crisis del COVID-19, aún deberán esperar a la disolución de la Cámara autonómica y a la convocatoria de elecciones, que se celebrarían entre 40 y 60 días después.
Aragonés asumirá la Presidencia por ley
Según el informe de Muro y Ridao, al que ha tenido acceso elliberal.cat, una vez se produzca el cese definitivo de Torra, será el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (ERC), el que asuma las riendas de la Generalitat. Así lo «determina la ley«, aunque esta sustitución deberá ser apoyada «mediante un decreto» que puede firmar el mismo Aragonés o el Govern. A juicio de los letrados, esta última opción sería la menos controvertida.
El siguiente paso a dar, una vez que se publique el cese de Torra en el DOCG y en el BOE, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), se reúna con los representantes de todos los partidos de la Cámara. Si tras estas consultas, Torrent «constata que hay un diputado que puede ser candidato, porque tiene posibilidades reales de ser investido, ha de hacer la propuesta correspondiente y convocar la sesión de investidura».
Dos meses de «incertidumbre y bloqueo institucional»
Dado que JxCat ha exigido a sus diputados y a ERC no presentar ningún candidato, no es de prever que Torrent encuentre algún diputado dispuesto a asumir la Presidencia de la Generalitat. El presidente del Parlament tendrá entonces que «materializar sin demora un acto equivalente a la investidura fallida para evitar entrar en un periodo de incertidumbre y bloqueo institucional, incongruente con el sistema parlamentario de gobierno y con el parlamentarismo racionalizado». Y es que el objetivo es impedir «la permanencia de un Govern limitado en sus funciones y del Parlament en su capacidad de control», así como evitar que se vea afectado el «derecho de participación» de los diputados y de los ciudadanos.
Mientras todo esto sucede, el Govern, con Aragonés al frente, permanecerá en funciones, pues todos los consellers serán cesados en el mismo momento en el que se ejecute la sentencia de inhabilitación de Torra. En este periodo, el Ejecutivo autonómico sí podrá ser sometido a control por parte de la Cámara. Aragonés será «presidente encargado» o «provisional» y, aunque la ley no prevé nada al respecto, el informe deja en manos de la Mesa del Parlament la posibilidad de que los grupos puedan dirigirle preguntas en la Cámara como fórmula de control.
Si en esos dos meses, ningún partido logra un candidato con posibilidad de obtener el respaldo mayoritario de la Cámara, Torrent tendrá que disolver el Parlament y convocar elecciones. Los catalanes irían, finalmente, a las urnas entre enero y febrero.
