Vienen días en que tendremos que debatir sobre lo que Francesc-Marc Álvaro, en La Vanguardia del martes 22 llamaba el verdadero ‘reset’, es decir la puesta en libertad de los políticos encarcelados por el proceso que culminó en la declaración de independencia de octubre de 2017.
Entiende Álvaro que «no se puede gobernar (seriamente) España con una herida abierta —omnipresente— sobre la mitad de Catalunya» y que «la puesta en libertad de Junqueras, Forcadell, [Jordi] Sànchez y el resto cambiaría el clima político de manera sustancial, y ayudaría a asentar el discurso del independentismo posibilista».
Hay tres vías para conseguir la excarcelación: la amnistía, el indulto y la reforma del código. La amnistía, que es lo que exigen los independentistas, al menos en público, es inconcebible en las actuales circunstancias. Haría falta un cambio de régimen, y aún así exigiría a los que se beneficiasen de ella el compromiso, al menos tácito, de no reincidir.
Una organización creada ad hoc, Amnistia i Llibertat, ha empezado este mes a recoger firmas para, dicen, «promover el fin de la causa general contra el independentismo que se está desarrollando mediante la actuación concertada de los diferentes poderes del Estado».
Informa el Punt-Avui el viernes 25 sobre esto que llama maratón de firmas y pone en boca de un portavoz de la organización estas consideraciones: «“El indulto se aplica individualmente a personas ya condenadas, mientras que la amnistía que planteamos es muy amplia, va desde el 9-N [de 2014] hasta causas que hoy están saliendo, y se puede acoger cualquiera” (…) La entidad no cree que el indulto sea un término “excluyente” de la amnistía, y por lo tanto no se opone a él, pero rechaza que sea la solución al conflicto. “No lo defendemos porque te perdonan la pena pero el delito se queda igual, y no podemos estar de acuerdo (…) Defendemos que a los presos se les ha condenado injustamente, y si pides el indulto no tiene sentido la queja”.»
El objetivo que se plantea es impulsar una Proposición de Ley Orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español cuyo primer artículo establece: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, cualesquiera que sean su denominación y contenido.»
Es legítimo preguntarse si, con esta iniciativa, realmente aspiran a la solución del conflicto o a su continuación por otros medios.
El reconocimiento del ilícito
El mismo día 25, un artículo de Ástrid Barrio en el Periódico, ¿Por qué el indulto?, resume así las alternativas existentes:
«La amnistía, la opción deseada por el independentismo, supondría eliminar el ilícito y hacer ver que no ha pasado nada o que lo que ha pasado no es delito. La Constitución prohíbe los indultos generales pero la posibilidad queda abierta para casos de excepción. La reforma de los delitos de sedición y rebelión propuesta por el Gobierno de España podría comportar la salida de prisión de los condenados si las penas se redujeran. Pero esta vía, como la anterior, es susceptible de ser recurrida al Tribunal Constitucional y deja al margen las condenas por malversación. Y en último término está el indulto, una medida de gracia constitucionalmente reconocida que permitiría al Gobierno extinguir la responsabilidad criminal de los condenados y perdonarles las penas o reducirlas.»
Barrio se manifiesta partidaria del indulto, que, «a diferencia de la amnistía reconocería el ilícito, es decir, que algo pasó (…) y permitiría evitar la prisión pero no la inhabilitación, evitando la sensación de impunidad». Por supuesto, «se aplicaría a las personas que han sido juzgadas y no a los huidos que todavía tienen que rendir cuentas con la justicia».
Y uno puede preguntarse hasta qué punto los exiliados verían con buenos ojos la salida de los presos.
La reforma del Código
La reforma del Código Penal presenta el problema de que se perciba como fruto coyuntural de una negociación política y como un traje a medida para sacarse de encima el problema de tener a unos políticos encarcelados.
Según Francesc-Marc Álvaro, en el artículo antes citado, «en la Moncloa (…) han comprobado que los mimbres de la estabilidad —más allá de las oscilaciones inciertas de Cs— dependen de los mismos que hicieron posible la moción de censura contra Rajoy». Y eso incluye a las dos formaciones independentistas.
Emiliano García-Page (PSOE), en declaraciones a Europa Press, ha dejado claro que el resultado de la reforma ha de ser «pactado entre las grandes formaciones políticas» y «para mucho tiempo».
Asimismo, y sobre todo, «tiene que ser una clarísima advertencia de que lo que pasó en Cataluña fue grave, un delito grave contra el orden constitucional (…) tiene que tener repercusión de cárcel (…) y a esos acontecimientos, si se vuelven a repetir, les va a acompañar una pena muy clara y muy rotunda».
