Debate entre constitucionalistas catalanes: indulto sí, indulto no.

El anuncio que el gobierno inicia los trámites de la petición de indulto a los políticos presos ha abierto un debate entre los catalanes no independentistas sobre la conveniencia o no de su concesión.

Para enmarcar el debate adecuadamente debemos tener en cuenta que vivimos una coyuntura política especialmente compleja. La lucha por el poder es feroz. A pesar de que la pandemia debería favorecer los consensos, asistimos a una radicalización política sin precedentes. El control de los esperados 140.000 millones de la UE ha despertado la avidez de la clase política. Iglesias ha desvelado su voluntad de «crear» una nueva clase empresarial adicta. Si a ello unimos su ofensiva antimonárquica, que encubre su voluntad de controlar el ejercito, y su ataque a la independencia del Poder Judicial, uno de los tres poderes cuya independencia define a una sociedad democrática, tenemos todos los ingredientes de su “revolución bolivariana”. Aunque sus fines últimos son diferentes, si tuvieran todo el poder no permitirían veleidades secesionistas, los podemitas tienen a los independentistas como aliados en el acoso al «Régimen del 78».

Frente a estas estrategias bien definidas, el socialismo democrático parece limitarse  a una táctica política orientada a mantenerse en el poder. La aprobación de los presupuestos, una vez descargada la responsabilidad de la pandemia a las autonomías, sería su única preocupación. A este convulso trasfondo hay que unir la inminencia de las elecciones catalanas y el menosprecio oficial del independentismo hacía el indulto, en privado ha habido gestiones pidiendo la salida de los presos por la vía que fuera, por ser una medida que no anula el delito si no la pena. Para el independentismo lo único válido es la amnistía que legitimaría de raíz sus actos al eliminar su componente delictiva.

El objetivo declarado de los solicitantes es superar una etapa, buscar la reconciliación y certificar el fin del procés

Como se desprende de la bien fundamentada petición de indulto de la Lliga Democrática, el indulto es una medida plenamente constitucional que, en sí misma, no implica ni cuestionar el Poder Judicial ni debilitar la democracia española. El objetivo declarado de los solicitantes es superar una etapa, buscar la reconciliación y certificar el fin del procés, al menos como se ha entendido hasta ahora.  Para los peticionarios el indulto tiene sin duda un objetivo político: atraer a los equidistantes y a los desencantados del independentismo, lo que no debe verse como un interés espurio, al contrario, muy conveniente para evitar el crecimiento del independentismo. No olvidemos que ampliar su base es un objetivo explícito del secesionismo, al menos de ERC. Acabar con los gobiernos independentistas debe ser el objetivo de todos los no independentistas y para ello no es suficiente mantenerse atrincherado, es imprescindible ganar terreno y el indulto puede servir a este propósito.

Vemos por tanto que las razones de defender el indulto no son para nada despreciables ni merecen que sus promotores sean calificados como compañeros de viaje del independentismo.

Sin embargo, la oposición al indulto también tiene unos argumentos a tener muy en cuenta.  El principal es que la concesión del indulto, presumiblemente con alguno de los informes preceptivos, que no vinculantes, en contra, puede instrumentalizarse como una forma de desacreditar al Poder Judicial y, en última instancia, a la democracia española. El razonamiento es simple, se da el indulto no para iniciar una nueva etapa, no como una muestra de fortaleza, si no porqué la condena es injusta y los golpistas actuaron correctamente. Sería una muestra de debilidad y mala conciencia. Si este fuera el resultado no se conseguirían los objetivos buscados con el indulto, al contrario, se reforzaría el independentismo que aún sin la amnistía habría conseguido su objetivo deslegitimador del estado.

Desgraciadamente los precedentes y el ambiente político actual no son fuentes de optimismo

¿Cuál es mi opinión? Personalmente soy partidario, como ya he escrito en otras ocasiones del indulto de las penas de cárcel para desactivar el victimismo y recuperar la iniciativa política. Pero no de las de inhabilitación. El independentismo no sólo intentó un golpe de estado si no que pretendía instaurar un régimen dictatorial como demuestran las denominadas “leyes de desconexión” aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017. Permitir que los cabecillas sigan en política me parece un error. Además, sería conveniente, para crear confianza entre los catalanes no independentistas, que el socialismo reafirmara inequívocamente su compromiso con la Constitución y el estado de derecho. Dicho de otro modo, se desmarcará fehacientemente de podemitas e independentistas. Al final lo determinante en política es dar la batalla de las ideas y para ello hacen falta convicción y los medios necesarios para convencer a la población. En Cataluña es imprescindible combatir la agitación y propaganda permanente del secesionismo y sólo el gobierno español tiene la potencia de fuego suficiente para igualar las fuerzas.

Desgraciadamente los precedentes y el ambiente político actual no son fuentes de optimismo. Mientras el independentismo, incluido el Govern, sigue con su ataque contra España utilizando todos los medios a su alcance, incluida la pandemia, el Gobierno español calla y parece querer complacerle vetando al Rey. Por ejemplo, no es de recibo que quede sin respuesta contundente por parte de Sánchez la petición de Torra de que el Rey y el propio presidente español pidan perdón por el fusilamiento de Companys y el exilio y muerte de miles de catalanes, que no es más que un peldaño en su afán de tergiversar la historia convirtiendo la Guerra Civil en una guerra de España contra Cataluña, como ya hicieron con la Guerra de Sucesión reconvertida en guerra de secesión. Como si no hubiera muchos catalanes en el bando de Franco, muchos de ellos ascendientes de los propios independentistas.

En definitiva, de acuerdo con el indulto parcial si sirve para recuperar la iniciativa política y plantar cara sin complejos al independentismo desde la fortaleza de una democracia plena. De lo contrario sería no sólo una medida inútil si no contraproducente.