Dentro y fuera de Cataluña todo el mundo da ya por hecho que Quim Torra pasa sus últimos días al frente de la Generalitat. Más allá de los gestos, habitualmente histriónicos, del presidente, se encuentran las cúpulas de JxCat, su partido, y ERC, sus socios de gobierno hasta el pasado mes de enero. La irrupción del COVID-19 obligó a unos y a otros a mantener unido lo que el Tribunal Supremo rompió a principios de año tras decidir inhabilitar al todavía presidente como diputado. Y es la misma pandemia la que ahora sirve a JxCat, con su líder a la cabeza, Carles Puigdemont, a justificar que no se convoquen los comicios que ERC le exige.
A pesar de que unos y otros mantienen encuentros para intentar fijar una estrategia común de cara a la inhabilitación definitiva del presidente, lo cierto es que desde ERC tienen claro desde hace tiempo que esta situación solo podrá solventarse a través de las urnas. Así lo exigió el líder republicano, Oriol Junqueras, el pasado mes de mayo, cuando calificó de «irresponsabilidad» permitir que sea el Supremo el que, vía inhabilitación, fuerce la convocatoria electoral. Sin embargo, Torra y Puigdemont ignoraron la exigencia de Junqueras. Como ahora parecen ignorar también la formulada este lunes por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en el mismo sentido. Los republicanos, como la CUP, consideran que no debe ser el Supremo el que marque el calendario electoral y que es preferible que Torra convoque ya las elecciones, sin esperar la sentencia.
Puigdemont necesita tiempo
Al otro lado de la mesa y con Puigdemont al mando, la posconvergencia prefiere que sea el Estado el que obligue al Parlament a llamar a los catalanes a las urnas. Sería el escenario ideal para el JxCat articulado por el ex presidente y ahora eurodiputado, además de máximo líder del Consell per la República. Por un lado, si es el Parlament el que convoca, el plazo para celebrar las elecciones sería de cuatro meses. Un tiempo precioso para un Puigdemont que ha hecho saltar por los aires la derecha y el centro-derecha separatistas en su afán de aglutinar a este segmento del independentismo a sus órdenes.
Por otro lado, si Torra no convoca las elecciones, tendrá que hacerlo el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Algo que muchos tienen claro que JxCat utilizaría para arremeter contra ERC en cuanto se diera a conocer la fecha electoral. Arremetida que iría directamente contra el candidato republicano y ahora vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, al que este lunes desde JxCat ya han advertido de que no ejercerá de presidente aunque así lo prevea la ley. Los medios más cercanos a Puigdemont han llamado a la advertencia «marcar territorio«.
Y a todo esto se suma la posibilidad de identificar la sentencia del Supremo con «un nuevo 155«, como ya ha hecho el líder de JxCat, en contraposición con lo que, en su opinión, sería la defensa del Parlament, si este se opusiera a acatar la inhabilitación. Y es que Puigdemont es partidario de mantener el Govern sin presidente porque, ha asegurado, «podrá seguir trabajando» aunque no aprobar unos presupuestos.
La sentencia, una «cuestión de ideología»
Sea como sea, la realidad es que, desde el pasado mes de abril, Torra ha esgrimido el argumento de la pandemia para no convocar los comicios, a pesar de que en enero había anunciado que daría a conocer la fecha de estos en cuanto se aprobaran los Presupuestos de la Generalitat. El Pleno de la aprobación tuvo lugar el 24 de abril y, desde entonces, el aún presidente se ha escudado en los estragos del COVID-19 para no llamar a los catalanes a las urnas. Lo mismo ha hecho este lunes Puigdemont, exigiendo, además, al Estado que «no intente debilitar por cuestiones de ideología» a un Govern que, ha añadido, necesita en estos momentos «todos los recursos movilizados al 100%».
Lo cierto es que lo que suceda a partir de la inhabilitación definitiva de Torra es un misterio. Nada se sabe sobre las intenciones del presidente cuando se conozca la sentencia firme del Supremo. No obstante, parece estar claro que el separatismo intenta estos días orquestar lo que llama una «respuesta de país«. Respuesta en la que no son descartables algaradas similares a las que sucedieron a la sentencia del procés en octubre del año pasado. Organizaciones radicales como los CDR ya han anunciado que se movilizarán si Torra es inhabilitado y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) intenta organizar una «cumbre independentista» en la que se acuerde una estrategia común, tanto en la respuesta a la sentencia como de cara a las elecciones.
Para Puigdemont, finalmente, es necesario que el separatismo responda unido a lo que considera un «ataque a los derechos fundamentales«. De ahí que promueva una «respuesta coral» a la que, incluso, ha invitado a participar a las formaciones de la oposición. «La reacción no puede ser solo de una persona o de un partido», ha dicho este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio, «Torra representa a todos y ha de ser una respuesta de país. Si a José Montilla (PSC) le pasara lo mismo por una pancarta, yo estaría a su lado».
