El presidente Torra colgó una pancarta, innecesariamente, en su balcón oficial en plena campaña electoral, y desobedeció, innecesariamente, la orden de descolgarla. A partir de aquí, el martirologio.
El problema lo tienen ellos, dice el director del Punt-Avui, Xevi Xirgu: «No es normal que un tribunal tenga en sus manos tomar una decisión tan desproporcionada como la caída de un gobierno por colgar una maldita pancarta; un hecho que, como mucho, debería ser una falta administrativa.»
Habría que puntualizar que no es la pancarta en sí lo que se penaliza sino la desobediencia a la orden de retirarla, pero éste es un distingo que no va a ser tenido en cuenta por el público independentista. Lo importante es poner en grandes titulares la idea que se han vuelto a cargar al número uno.
Así lo presenta Xirgu: Estamos ante «el tercer intento (o el cuarto o el quinto, si tenemos en cuenta los intentos fracasados de investir a [Jordi] Sánchez y a [Jordi] Turull) de destituir por la vía judicial a un presidente de la Generalitat».
Es importante no pasar por alto que estos dos intentos de investidura, a principios de 2018, tenían escaso recorrido dado que estaban uno en la cárcel y el otro a punto de entrar.
Todo el mundo conoce las limitaciones que el reglamento electoral impone a la propaganda política en los centros oficiales. Es como si Torra hubiera estado pensando a ver qué puedo hacer para que me empapelen por algo, y hubiera encontrado el procedimiento más sencillo y barato para poder lamentarse de que le persiguen.
Bien lo retrató Salvador Sostres, en Abc, en noviembre pasado —Por un lugar o por el otro—, cuando hubo el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: Torra «jugó deliberadamente a las pancartas de quita y pon (…) para hacerse el desobediente y buscarse un enfrentamiento de baja intensidad con el Estado que le dé la épica pero a bajo precio personal». El precio no es excesivo: «La inhabilitación no lleva a la fuga ni a la cárcel. Los 30.000 euros alguien va a pagárselos.»
Desobediencia calculada
Xavier Bosch, en el Ara —Avui, Torra—, sitúa la cuestión en el terreno intangible de la dignidad, que es donde quieren situarla el presidente y sus partidarios: «Hoy me da igual si Quim Torra es el presidente de la Generalitat que nos merecemos. Hoy me importa un bledo si es un señor impetuoso que excita a los CDR o si alguien cree que es un muñeco al que dictan los pasos desde Waterloo…»
No le importa nada de lo que haya hecho, haga o pretenda hacer, «hoy sólo me preocupa y me disgusta que se pueda apartar del cargo a un presidente porque desobedeció a la Junta Electoral Central y no retiró una pancarta que, aún hoy, no he entendido a quién ofendía». Que un cargo político pueda decidir por su cuenta, según su gusto y su interés, qué leyes acata y qué leyes incumple nos lleva a un tipo de sociedad que no puede llamarse Estado de derecho.
Es improbable que Xavier Bosch no perciba la diferencia, pero no le importa otra cosa que proclamar: «Hoy Quim Torra es el presidente de la Generalitat y la dignidad del cargo marcará nuestro futuro.» ¿Dónde para la dignidad de un cargo que necesita una pancarta para repetir lo mismo que dice cada vez que le ponen un micro delante? ¿Dónde para la dignidad de un político que busca premeditadamente su inhabilitación?
Insostenible victimismo
Después de asistir a la vista en el Supremo, Quim Torra ha dado un discurso en la sede de la Generalitat en Madrid en el que ha podido referirse cómodamente a «un criminal franquista como Martín Villa» y a las «relaciones del imán de Ripoll con los servicios de espionaje del Estado», como ejemplos entre muchos otros de la maldad del sistema que le persigue, y ha alcanzado las más altas cotas de victimismo al unir su causa a la lucha contra la pandemia: «No seré yo quien en este momento tan crítico del país lo lleve a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana.»
¿Han sido irresponsables las elecciones en Galicia y País Vasco? ¿Han agravado la situación sanitaria? Incluso Tian Riba, en el Nacional —Victimismo—, ha percibido la obscenidad del argumento:
«Que diga que no convoca elecciones, como él —y nadie más— se comprometió, para no paralizar la administración catalana, no es verdad. Primero, porque la administración no se paraliza. Segundo, porque, si se refiere al Govern, que es a quien se debería referir, sería mejor convocar elecciones. Porque si él convoca elecciones, en dos meses hay gobierno. Si no convoca elecciones, habrá gobierno en funciones el doble de tiempo. Y, tercero, porque es cierto que un gobierno en funciones tiene la acción política limitada, pero no para luchar contra la pandemia. La ley ya prevé que se puedan adoptar medidas por razones de urgencia.»
