Los recientes datos sobre ocupaciones ilegales ofrecidos por el Ministerio del Interior, mediante el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), hicieron saltar todas las alarmas. Las estadísticas confirmaban, que Cataluña se ha convertido en la autonomía con un índice de ocupaciones ilegales más alto de toda España, especialmente en la provincia de Barcelona, que es la que concentra el mayor número de casos. Durante los seis primeros meses de este año, el número de ocupaciones denunciadas fue de 2.644.
A estos datos, también se suman los ofrecidos, la semana pasada, por el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle, que reveló en rueda de prensa, que la Guardia Urbana había recibido 356 denuncias por ocupaciones ilegales en Barcelona ciudad, durante los meses de julio y agosto. Un hecho que supone una media de seis denuncias diarias y una subida del 41% en un año, las denuncias fueron 211 en 2019.
Ante las escandalosas cifras oficiales sobre la ocupación ilegal en Barcelona, sorprende la reacción de la regidora de vivienda, Lucía Martín. Durante una propuesta presentada por el Partido Popular para reclamar la creación de ‘Oficinas AntiOkupa’ en la Comisión de Derechos sociales, cultura y deportes celebrada ayer en el Ayuntamiento de Barcelona, señaló que las noticias sobre el aumento de las ocupaciones ilegales en la ciudad vienen alimentadas principalmente por las ‘fake news’ de los partidos de derechas.
Martín pidió rigor con las informaciones y señaló como origen del problema de las ocupaciones una obviedad, “la carestía del precio de los pisos en Cataluña” y alertaba que muchas familias vulnerables se encuentran en la necesidad de ocupar. “La mayoría de los casos son ocupaciones en pisos de grandes tenedores, este tipo de ocupaciones se debe tratar diferente. Los pequeños propietarios solo suponen un 10% y tienen en las oficinas de vivienda programas para prevenir y buscar ayuda”.
La concejal de vivienda explicaba que el Ayuntamiento pone muchos recursos para actuar en caso de ocupaciones delincuenciales. “Durante este año, los servicios municipales de las oficinas de vivienda han tramitado 222 expedientes de mediación”.
Oficina municipal antiokupa
La Comisión de Derechos sociales rechazó con 28 votos (BComú, PSC, ERC) y 13 a favor (PP, Cs, JuntxCat, BCNCanvi), la petición del Partido Popular para crear estas ‘Oficinas municipales Antiokupas’ que ofrezcan asesoramiento a vecinos que sufren las consecuencias de una ocupación ilegal.
Óscar Ramírez, portavoz del Grupo del Partido Popular considera que el “amiguismo” de la alcaldesa Ada Colau con el colectivo okupa, supone enviar un mensaje de “efecto llamada”, sin precedentes en Barcelona.
“El gobierno municipal debería ser más serio y aclararse, no puede ser que Albert Batllé como responsable de seguridad diga que en los dos últimos meses se han producido 356 denuncias por ocupaciones ilegales, pero en cambio, hoy en comisión la responsable de vivienda diga que las informaciones que ofrece el Partido Popular se basan en fake news. Para Ramírez, “el gobierno de Colau padece falta de comunicación o miente compulsivamente”.
La regidora de ERC, Eva Baró expresó el voto en contra y propició el rechazo definitivo a la propuesta del PP. “Es una campaña que se hace desde la derecha que quiere estigmatizar la ocupación”. La concejal republicana, no ve necesaria la creación de una oficina antiokupa, “las familias vulnerables son atendidas es las oficinas de vivienda del Ayuntamiento, un modelo más cercano y efectivo”.
Como contrapartida Baró solicitó para las oficinas de vivienda la presencia de más juristas que ofrezcan más cobertura de atención en barrios especialmente delicados como la zona del Raval y Besós.
Por su parte, la concejal de JuntsxCat Neus Munté expresó su voto a favor a la propuesta, “los barceloneses afectados por una ocupación ilegal no pueden quedarse sin atención especial para luchar contra las mafias. Hace años que apostamos por promover medidas para ayudar a los pequeños propietarios, el problema es que las oficinas de vivienda no son conocidas por la mayoría de la gente”.
Munté apuesta que la nueva regulación de precios de alquiler suponga una ayuda para resolver muchos casos de familias vulnerables.
Marilén Barceló concejal de Cs remarcó que se deben separar dos tipos de ocupaciones ilegales, familias sin recursos que no reciben respuestas suficientes de los servicios sociales y las promovidas por mafias, delincuentes y antisistema que provocan problemas.
“Barcelona es el paraíso de los okupas”, recordando que Colau pagó en 2017 las obras de la ocupación de Nil i Fabra y además financia cursos para que los jóvenes aprendan a ser okupas.
Eva Parera portavoz de BCN Canvi, en su intervención destacó que el gobierno de Colau es permisivo con los okupas, “el derecho de la propiedad privada se debería proteger más por parte del Ayuntamiento, pero el gobierno municipal incentiva las ocupaciones ilegales, lo que supone estar siempre en una delgada línea roja”.
