Lamentablemente, la ocupación ilegal en la comunidad autónoma catalana sigue acaparando titulares e imágenes en numerosos medios de comunicación. Durante la última semana, hemos visto imágenes de vecinos concentrados, protestando por la presencia de ocupantes en viviendas de barrios de Altafulla (Tarragona), Cubelles (Barcelona), e incluso en el distrito del Poble Sec, en la Ciudad Condal. Según datos del Ministerio de Interior, Cataluña encabeza el ranking de comunidades autónomas donde se contabilizan más ocupaciones: 600 mensuales, 20 diarias, durante los primeros seis meses del año. De hecho, cerca de la mitad de las viviendas ocupadas a lo largo del primer semestre en todo el país, (48,5%), se contabilizaron en Cataluña.
Sin embargo, este no es un fenómeno reciente. La evolución al alza de viviendas ocupadas en la comunidad autónoma catalana tiene lugar desde hace cuatro años. Durante el promedio 2016-2018, se pasó de 4.119 a 5.116 inmuebles ocupados (19,48% más); y del 2018 al 2019, se pasó de 5.116 a 6.668 (23,27% más). “Este fenómeno se ha disparado durante el confinamiento porque muchas personas han empezado a ocupar, ilegalmente, viviendas y segundas residencias vacías. Además, determinados órganos municipales han propiciado unos marcos regulatorios que han dado lugar a que se ocupen estas viviendas”, explica Rosa M. Peris, responsable del Servicio Jurídico de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
La irrupción de auténticas mafias
En un vídeo de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Rosa M. Peris reconoce que no todas las situaciones de ocupación son de personas vulnerables, desde el punto de vista económico. «El perfil de la persona que ocupa de manera ilegal ha ido evolucionando. En un principio, era gente que no podía llegar a finales de mes y necesitaba ocupar una vivienda. Ahora, todo esto ha quedado desvirtuado, porque lo que imperan son verdaderas mafias».
Peris añade que estos ocupantes ilegales utilizan las redes sociales para difundir incluso decálogos acerca de cómo ocupar las viviendas, cambiar una cerradura y cuánto tiempo se debe permanecer en la casa. “Además, estas mafias suelen alquilar después a terceros para que ocupen estas viviendas. Normalmente, acaban chantajeando al propietario para que, a cambio de una cantidad de dinero, procedan a desalojar estos inmuebles”.
Coste económico y personal para el propietario
En términos de tasación, una vivienda ocupada pierde valor si se la compara con otra vacía. La responsable del Servicio Jurídico de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona explica el porqué: “Los ocupas suelen pinchar los suministros de agua y luz de otras viviendas y dan problemas al resto de vecinos de la comunidad de propietarios. Cuando se trata de echar a unos ocupas, se debe hacer frente a una problemática social, pero también económica«. En este sentido, aclara que muchas veces el propietario se ve obligado a gastar un dinero para adecentar y volver a hacer habitable su casa, tras haberla recuperado. «Como colofón, si las personas que ocupan estas viviendas trafican con drogas, convirtiendo el lugar en un narcopiso, tenemos un triple problema», enfatiza.