El próximo 15 de septiembre es la fecha escogida por el Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona para activar las sanciones en las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). A pesar de la petición de moratoria hasta inicios de 2021 por la situación de crisis provocada por el coronavirus, la alcaldesa Ada Colau no otorgará más demoras.
El Ayuntamiento deberá coordinar con el área Metropolitana de Barcelona y los otros municipios que integran la ZBE (L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besós), para iniciar los trámites administrativos de entrada en vigor del régimen sancionador de la ZBE. Estarán exentos de las prohibiciones los barrios de Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes, la Zona Franca industrial.
Las ZBE de Barcelona dejarán fuera de la ciudad a 50.000 vehículos, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento. Los vehículos más contaminantes que circulen por esta zona restringida pueden ser sancionados con multas de entre 100 y 1.800 euros.
Vigilancia con cámaras
El sistema de vigilancia se establece con cámaras que velarán por el cumplimiento de la norma que se aplica desde el 2 de enero y que pasan a ser sancionadoras el próximo 15 de septiembre, coincidiendo casi con el inicio de curso escolar. Con esta medida, las administraciones implicadas esperan reducir en un 15% los niveles de contaminación.
Desde esta semana el Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han iniciado junto a la Generalitat de Catalunya una campaña publicitaria exterior en marquesinas y transporte público, así como en medios digitales para alertar sobre la puesta en marcha de las sanciones en las ZBE.
Los carteles advierten “15 de septiembre, comienzan las sanciones” y aseguran que “llega el momento de la movilidad sin humos”, detallando la página web de las ZBE Barcelona.
La realidad es que muchos ciudadanos todavía no son conscientes de la puesta en marcha de esta medida que generará una nueva polémica cuando las sanciones empiecen a llegar a los domicilios.
La guerra al coche de la alcaldesa
Ante la llamada “guerra al coche” que inició el Ayuntamiento de Barcelona desde principios de mandato, Colau ya advirtió en enero, “es un proceso irreversible que no tendrá marcha atrás porque está en juego nuestra salud”.
Y remarcó, “debemos sacar los vehículos más contaminantes sí o sí”. Asegurando que ahora hay menos vehículos en circulación: 7.000 ciudadanos han entregado sus viejos automóviles para ser desballestados a cambio de la tarjeta verde (enero 2020), con la que podrán circular gratuitamente durante tres años por la red de metro y bus.
A todas estas medidas se unen los cortes de calles en vías principales como Aragón, Via Laietana, Gran de Gràcia o los laterales de la Diagonal, que han recibido las críticas de oposición y comerciantes. Además de eliminación de carriles para dar más espacio a peatones en calles como Consell de Cent, Rocafort o Girona, con los polémicos bancos de hormigón armado en plena calzada y las calles pintadas de colores. También seguirá la expansión de las llamadas superilles o supermanzanas, tras las del Poblenou y Sant Antoni, en todos los distritos de la ciudad.
Colapso del transporte público
Ada Colau se ha marcado como objetivo, de su particular guerra al coche, eliminar el 35% del parque móvil para conseguir reducir la contaminación. A pesar de la situación de crisis económica por el COVID-19 y ante las arriesgadas consecuencias que pueden comportar las sanciones por circular con su viejo coche, el esfuerzo del Gobierno municipal será notable para conseguir el objetivo.
Por su parte, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) alertó a finales de 2019, que la aplicación de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones puede acabar saturando el transporte público, especialmente los servicios de metro y Cercanías. Estudios elaborados por el propio RACC demuestran que las líneas ferroviarias que pasan por el Delta de Llobregat y el Maresme no podrán absorber la cantidad de pasajeros que optarán por esta alternativa ante la imposibilidad de entrar a Barcelona con su coche particular.
La realidad es que la contaminación es preocupante y se deben tomar medidas, pero la situación de emergencia sanitaria por coronavirus y el delicado momento económico no facilita que la gente pueda prescindir de su vehículo privado en muchos casos.
El metro, tan importante para la movilidad, sigue con las obras paralizadas en algunos tramos de la L9, los más optimistas sitúan su finalización entre 2026 -2027, casi 20 años más tarde de los previsto. El bus de alta capacidad como la D30 por la Diagonal se ha quedado en un cajón y la unión de los tranvías, también apunta que será una obra a muy largo plazo, si nada lo impide. La contaminación es un reto necesario de atajar en Barcelona, pero también lo será la movilidad, que además de sostenible, también debe ser efectiva.
