El Govern no ha querido confirmar si, dada la situación actual, se celebrará la manifestación independentista del próximo 11 de septiembre. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, al ser preguntada por esta cuestión en RNE ha contestado que «Veremos cómo evolucionan datos de pandemia por si hay que tomar más medidas», pero ha asegurado que «en el caso de celebrarse» se hará con todas las medidas de seguridad sanitaria.
De hecho, el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ya desaconsejó abiertamente la concentración: «Desde el punto de vista sanitario, lo más razonable es no manifestarse masivamente» y añadió «No creo que la vida de Cataluña ni las reivindicaciones legítimas se vean cuestionadas o afectadas si un año no podemos hacer las protestas».
Una diada con concentraciones en varios puntos
Mientras tanto, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sigue adelante con sus planes, en una entrevista este miércoles en Rac1, la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha dado algunos detalles de cómo será este año. Según ha explicado, por una parte habrá una parte presencial con concentraciones en los edificios de las administraciones estatales por todo el territorio catalán, y una parte virtual a través de una aplicación y con carácter más solidario para distribuir fondos por la crisis económica y social del coronavirus.
También habrá un acto central en la plaza de Letamendi de Barcelona, donde se harán los parlamentos y habrá una pantalla de gran tamaño. Para mantener la distancia de seguridad entre los manifestantes, Paluzie ha asegurado que están estudiando distintas fórmulas como, por ejemplo, hacer marcas en el suelo «con tiza o alguna pintura no permanente».
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya avisó que los datos sobre la evolución de la epidemia en Cataluña eran bastante preocupantes, y que tenían tres semanas para aplanar la curva antes del regreso a las clases. Además, informó de las nuevas medidas entre las que se encontraba la prohibición de reuniones de más de 10 personas; posteriormente, desde la misma Conselleria de Presidencia, matizaban que las manifestaciones no entraban dentro de las medidas, pero pedían a la población que minimizaran la actividad social.