Una de las medidas más notorias ante los rebrotes por la COVID-19 está siendo el cierre de las discotecas y locales de ocio nocturno. Así pues, resulta coherente que la medida también incluyera tarde o temprano a los clubs de alterne, especialmente ante la dificultad para controlar los contagios y rastrear los contactos de las trabajadoras sexuales y los clientes. La alarma saltaba hace unas semanas en el club ‘Pipo’s’, un local de alterne del municipio de Cox (Alicante) y más recientemente en ‘Las Palmeras’, un prostíbulo de Alcázar de San Juan (Castilla La Mancha). Si bien en Cox los clientes habían accedido a hacerse la PCR, aquellos que habían regentado ‘Las Palmeras’ están, hasta el momento, desaparecidos en combate.
Más allá de la anécdota y atendiendo a los datos epidemiológicos, el tema es serio. En ese sentido, se entiende que el cierre de estos locales es una medida de carácter sanitario y al igual que ocurre con el resto de establecimientos de ocio nocturno, reviste de un carácter temporal. Sin embargo, pese a tratarse de un tema de salud pública, llama la atención cómo a finales de la semana pasada, era la Ministra de Igualdad, Irene Montero, quien dirigía una carta a las comunidades autónomas pidiendo el cierre de los prostíbulos y los locales de alterne. Atendiendo al contexto, ¿acaso no sería esto una competencia del Ministerio de Sanidad o, en su defecto, del Ministerio de Trabajo?
Tras conocerse la misiva, Montero escribía en su perfil de Twitter: «Celebramos que Catalunya y Castilla la Mancha se sumen al cierre de prostíbulos, un primer paso imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista. Animamos a otras comunidades a dar este paso.» Ciertamente, una no puede dejar de leer el tuit y pensar que la pandemia parece haberla dejado bastante desubicada.
Es sabido que el enfoque abolicionista de la prostitución se impone con bastante frecuencia en los partidos de izquierda tradicional
Es sabido que el enfoque abolicionista de la prostitución se impone con bastante frecuencia en los partidos de izquierda tradicional, muy influenciados por las corrientes radical y cultural del feminismo. Aunque en sus orígenes el abolicionismo de la prostitución se perfiló como un movimiento humanitario, muy ligado a la abolición de la esclavitud; con el paso del tiempo fue tornándose más puritano y conservador.
En la actualidad, el abolicionismo ya no lucha contra los abusos que sufren las prostitutas sino que ha quedado relegado a una misión meramente ideológica. A grandes rasgos, se puede resumir en lo siguiente: el sexo es malo, sucio y denigrante cuando se hace por dinero y, por ende, la prostitución es una forma de explotación y violencia contra las mujeres. Fruto de esa perversa lógica, señalan que el 90% o el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución son obligadas, pese a que el dato no sea cierto y sean incapaces de localizar la fuente.
Las proclamas abolicionistas también marcan las políticas de los partidos de derecha. No obstante, admiten algunos matices. Por ejemplo, la derecha ha identificado tradicionalmente la prostitución como una amenaza para ‘la moral y las buenas costumbres’. Así pues, aunque unos y otros defiendan la abolición de la prostitución, el retrato que hacen de la prostituta es bastante diferente. Mientras que para los primeros la puta es solo una víctima más del patriarcado, para los segundos la puta es una víctima que amenaza el statu quo. Sea como sea, lo primordial es salvarlas y reconducirlas por el buen camino, por la senda donde el sexo es sagrado y nunca un trabajo.
Obviamente, muchos de estos aspectos quedan reflejados en las declaraciones que Montero viene haciendo sobre la prostitución. Al margen de que ella pueda tener una opinión, resulta verdaderamente indecente que en un contexto de emergencia social, deje a las trabajadoras sexuales sin opciones y pretenda aun marcarse un tanto como ‘salvador de todas las mujeres’. Me explico.
Resulta todo un desafío adivinar cuando se pone el disfraz de ministra y cuando el de activista feminista, cuando actúa como miembro del Gobierno o como militante de Unidas Podemos
En primer lugar, en referencia a su tuit, la pregunta es inminente, ¿quiénes se congratulan de esa decisión? ¿El Gobierno? ¿Unidas Podemos? ¿Las feministas? Es difícil resolver el misterio ante la continua confusión de roles de la que viene haciendo gala. Resulta todo un desafío adivinar cuando se pone el disfraz de ministra y cuando el de activista feminista, cuando actúa como miembro del Gobierno o como militante de Unidas Podemos. Así que, aunque no sabemos en condición de qué celebra, sí conocemos que abiertamente lo hace.
A propósito de su verborrea y sus políticas cortoplacistas, quienes no están para festejos son las propias trabajadoras sexuales. La consecuencia inmediata de cerrar los prostíbulos es que miles de mujeres, muchas de ellas madres, no disponen de una alternativa ni ocupacional ni habitacional. ¿Cómo puede una representante pública celebrar la precariedad y exclusión de estas mujeres? ¿De verdad cree que por el hecho de que se cierren temporalmente los locales de alterne va a desaparecer la demanda? ¿Cómo piensa que van a sobrevivir estas mujeres ahora?
La exclusión, la discriminación y la desprotección de las trabajadoras sexuales ya fueron objeto de preocupación durante el confinamiento. Entonces la atención recayó tanto en su vulnerabilidad ante el contagio como en su situación social y económica. Mientras los empresarios de la llamada ‘industria del sexo’ podían tener derecho a un ERTE, ellas corrían el riesgo de quedarse en la calle o acumular deuda si el club les permitía el hospedaje. Por su parte, las que ejercen en la calle, no tenían mejor suerte. Como cualquier otro trabajador, pero con la diferencia de que carecen de un paraguas legal, seguían haciendo frente a sus gastos de vivienda, alimentación, etc.
Ciertamente, resultó tranquilizador que Igualdad anunciara que las mujeres en ‘contextos de prostitución’ podrían ser beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV). Sin embargo, una vez puesto en marcha el IMV, basta con echar un vistazo al Real Decreto Ley 20/2020 para comprobar que la palabra ‘prostitución’ no se menciona ni una sola vez. Por lo que se refiere a las condiciones para solicitar la ayuda, estas no reconocen las diferentes realidades de las trabajadoras sexuales. Como vienen denunciando varias entidades de apoyo a las personas que ejercen la prostitución, el trámite se convierte en toda una odisea cuando la gran parte de ellas carecen de permiso de residencia, no están empadronadas o no han cotizado en los últimos meses.
Para empezar, no hay un consenso a nivel internacional sobre lo que se considera o no ‘explotación sexual’
Con respecto al IMV, tampoco Igualdad hizo alusión a aquellos hombres que ejercen el trabajo sexual. ¿Será que ellos no se encuentran en situación de vulnerabilidad pese a estar en un ‘contexto de prostitución’? ¿La prostitución es acaso para Montero una actividad que no es ‘violencia machista’ cuando quien cambia sexo por dinero son hombres?
Otra de las cuestiones que más llama la atención del mensaje de la ministra es que crea que la ‘explotación sexual’ desaparece cerrando puntualmente los prostíbulos. El cierre, como ya expuse anteriormente, se prioriza para frenar la pandemia y no para acabar con la prostitución. La perspectiva que maneja Montero no se basa en la ingenuidad sino en el más absoluto de los cinismos. Analicemos esto a continuación.
Para empezar, no hay un consenso a nivel internacional sobre lo que se considera o no ‘explotación sexual’. Bajo dicha expresión, cada país define realidades muy distintas e incluso contrapuestas al criterio de otros países. Esta indefinición ha llevado a que, por ejemplo, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la elaboración del Protocolo de Palermo, manifestaran su rechazo al término. Como se puede observar, la expresión ‘explotación sexual’ posee mucha carga emotiva, pero es sumamente ambigua. Se basa en la idea de que en todo intercambio de sexo por dinero los hombres compran a las mujeres y ellas resultan sexualmente explotadas. En dicho razonamiento, no importa la voluntariedad, el consentimiento y la capacidad de agencia de las mujeres que ejercen la prostitución.
Es obvio que la apuesta de Montero por esta terminología no es casual. Hablar de ‘explotación sexual’ evita que se distinga entre dos realidades muy distintas: el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución como actividad laboral. Y sí, aunque ella prefiera no verlo, existen datos muy distintos sobre ambas situaciones. Baste recordar que según un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) en 2010, solo una de cada 7 mujeres que se dedicaban a la prostitución era víctima de trata.
Por mucho que Montero apueste por la victimización constante de quienes ejercen la prostitución para hacer política, los hechos hablan por sí mismos
Volviendo a sus declaraciones, por mucho que Montero apueste por la victimización constante de quienes ejercen la prostitución para hacer política, los hechos hablan por sí mismos. En primer lugar, la prostitución no va a desaparecer si los clubs cierran. Se abrirán pisos privados para su ejercicio y se volverá más clandestina. ¿A quién favorece esto? Por supuesto: a mafias y a proxenetas.
En segundo lugar, ninguna de las mujeres que ha visto cómo cerraba el local en el que ejercía la prostitución por los rebrotes ha pasado a ser considerada como ‘víctima de trata’. De modo que, además de ser señaladas como el nuevo chivo expiatorio del COVID-19, vuelven a quedar, una vez más, en un limbo. Asimismo, los empresarios de los locales ni han sido multados ni puestos a disposición de un juez. Hay una gran diferencia entre ser dueño de un club (algo que puede ser inmoral, pero que es legal en España) y ser un tratante (delito) o un proxeneta (delito).
No tengo ninguna duda sobre la importancia de garantizar los derechos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como de otros tipos de trata. Pero, asimismo, esta tarea no puede suponer que desde el gobierno, en plena emergencia social, se abandonen a quienes ejercen libremente la prostitución. Y, lo que es peor, que se haga falseando la realidad, imponiendo una visión ideológica (y poco exhaustiva) del fenómeno y evitando reunirse con los colectivos de trabajadoras sexuales. Por desgracia, el mensaje que manda Montero es claro y agotador: todo por ellas, pero sin ellas.
