Es sabido que la ocupación ilegal de viviendas, y más en época vacacional, es una preocupación creciente entre los españoles. Hasta tal punto es así, que un estudio reciente elaborado por IO Investigación revela que 9 de cada 10 se muestra a favor de que se endurezcan las penas contras los okupas, así como de que se apruebe una ley que garantice la desocupación inmediata de las viviendas ocupadas. Estas inquietudes no sustentan en simples temores, sino que viene avaladas por la realidad de los datos.
Y es que, según informa el Ministerio del Interior, la apropiación ilegal de viviendas se ha disparado en los últimos años, creciendo casi un 50% desde 2016. Así, si en 2013 la policía dio cuenta de 7.739 casos, estos aumentaron en 2018 hasta los 12.214, lo que da lugar a una media diaria de 41 denuncias.
600 ocupaciones al mes
Las cifras también revelan que, si bien este fenómeno ha crecido notablemente en toda España, la comunidad más afectada por las ocupaciones es Cataluña, donde se producen 600 al mes —20 al día desde enero a junio—. Tanto es así, que el primer semestre del año se registraron en la comunidad catalana 3.611 denuncias, casi medio millar más que el año anterior y una cifra muy superior con respecto a Andalucia (1.183 denuncias) o la Comunidad de Madrid (657).
Y bien, ¿cómo se explica que en Cataluña se haya disparado de tal manera las tan temidas ocupaciones? Pues, tal y como explica a El Liberal el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, por la confluencia de diversos factores. En primer lugar, «por la falta de políticas públicas efectivas de vivienda y, por tanto, el incremento de una necesidad insatisfecha en esta materia». No en vano, recuerda Sanz, en 2007 se aprobó la Ley del Derecho a la Vivienda que ponía como objetivo que para 2027 se tuviera un 15% de vivienda destinado a la función social. «Han pasado 13 años y el parque público de vivienda no llega a ser ni del 2%», apostilla.
Falta de inversión en vivienda
Y es que, según el diputado, la falta de políticas efectivas en materia de vivienda tiene mucho que ver con las prioridades de la Generalitat, que «invierte en políticas de vivienda la mitad de lo que invierten con relación a su presupuesto el resto de las comunidades autónomas, una cantidad que está muy por debajo de las necesidades presupuestarias estimadas por cualquier experto al que le preguntemos». En este sentido, destaca que la Generalitat destina a vivienda un 0,6 % de su presupuesto a políticas de vivienda mientras que la Comunidad de Madrid destina un 1,5% de su presupuesto. «Pero eso sí, TV3 cuesta cuatro veces más que Telemadrid», puntualiza.
Por otra parte, en lugar de invertir recursos necesarios a crear vivienda pública, en los últimos años el «gobierno nacional-populista de la Generalitat ha preferido trasladar la responsabilidad sobre la función social de la vivienda al sector privado». Así las cosas, en determinados casos, el propietario debe ofrecer durante varios años un alquiler social —que puede establecerse en menos de 60 € al mes— a las personas que le han ocupado ilegalmente la vivienda. «Convendría no descartar que este tipo de legislación haya incentivado aún más esas ocupaciones», apunta Sanz.
Un Govern «abonado al ‘procés’»
«El problema», concluye el diputado de la formación naranja, «es que el Gobierno de la Generalitat sigue abonado al procés, que no sólo consume toda su energía política, sino que lo ha instalado en el discurso de la simplificación maniquea, la legislación populista y la desidia en la gestión diaria de las necesidades sociales».
